Las acciones de protesta contra las primeras talas en Madrid Río por las obras de ampliación de la línea 11 de Metro se han saldado con 32 multas por valor de 601 euros cada una. En total, 19.232 euros en sanciones para el grupo de personas que se encadenó a un grupo de árboles (dos de ellas encaramadas a sus ramas) minutos antes de que fueran eliminados en unos trabajos impulsados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y autorizados por el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida.
Las notificaciones, impuestas por la Policía Nacional desplegada en la zona, empezaron a llegar a las personas afectadas “a finales de diciembre”. Así lo denuncia una ellas, Carmela, en declaraciones a Somos Madrid. Se les atribuye una falta grave por desobediencias, bajo aplicación de la conocida como Ley Mordaza. “Desde el primer momento se niega a seguir las órdenes de los actuantes, haciendo caso omiso a sus advertencias, procediendo a la comisión de una desobediencia a la autoridad”, recoge el escrito, al que ha tenido acceso este diario.
Pero los dos hombres que se subieron a un par de ejemplares, los últimos en ser desalojados por los agentes, podrían hacer frente incluso a cargos penales más allá de esta sanción. “Nosotros dos y otra persona fuimos detenidas y trasladas a los calabozos de Moratalaz”, relata a este diario Andrés, uno de los que se encaramó a estos ejemplares. “Todo este proceso de arresto solo cabe si se pone denuncia, en este caso la propia Policía Nacional, y luego un juzgado decide si ese cargo penal se aplica o el cargo se archiva”, añade. La posible denuncia penal acabaría con la vía administrativa, ya que no pueden ser juzgados dos veces por el mismo delito.
Para Andrés es inconcebible tener que soportar “el estrés de un posible cargo penal cuando fue una resistencia pacífica protegida por el derecho de reunión”. Pero más allá de su caso, critica el “alarde represivo” en una circunstancia tan excepcional como el hecho de que todas y cada una de las personas identificadas durante la acción del pasado 11 de diciembre en el Paseo de las Yeserías han sido multadas. Entre los 32 sancionados hay miembros del colectivo medioambiental Extinction Rebellion y de asociaciones vecinales del distrito de Arganzuela.
Caja de resistencia
“De momento no vamos a pagar. No estamos de acuerdo con las acusaciones que se alegan ni creemos haber hecho nada malo”, señala Carmela. “La Ley Mordaza se utiliza para dar miedo, tiene un carácter represor. Otra razón para recurrir es que estamos convencidos de toda inocencia y queremos crear jurisprudencia. Es una norma no legítima, se ve cuando llega a los tribunales europeos o de derechos humanos porque viola derechos tan básicos como los de protesta o reunión”, expone Andrés. Arremete además contra las pretensiones de la empresa promotora, que se ha personado en la acusación para reclamar una cuantía económica por un cese de actividad que “apenas duró unas horas y no tuvo ninguna consecuencia”.
Pese a este objetivo por recurrir hasta agotar todas las vías judiciales, los implicados son conscientes de que “tal y como tratan las autoridades al activismo medioambiental nada garantiza que no haya que terminar abonando las multas”, como afirma Carmela. Por ello, han abierto un crowdfunding que sirva de base para establecer una caja de resistencia. Con ella pretenden afrontar los costos procesales y las posibles sanciones en caso de que se materialicen, que serían especialmente elevados si se confirma la vía judicial para quienes fueron trasladados a los calabozos por su defensa del arbolado madrileño. A las pocas horas de haber iniciado la colecta, los colectivos han conseguido recaudar más de un millar de euros.