“El dinero donde mejor está es en el bolsillo de la ciudadanía”. Este ha sido el mantra público del Partido Popular allá donde gobierna y, en especial, en el Ayuntamiento de Madrid. Es la excusa que han encontrado para seguir bajando impuestos, especialmente a los suyos. No hay año que Almeida no haya presumido de los millones de euros que madrileños y madrileñas se “ahorran” con sus bajadas en el IBI. Eso sí, no dice que para la inmensa mayoría ese ahorro es de apenas unas decenas de euros, mientras que, para la minoría propietaria de grandes pisos y mansiones, esas bajadas son de varios miles de euros.
Hace unos años, el Tribunal Supremo obligó a modificar la normativa del impuesto de la Plusvalía, y con esa modificación la recaudación de los municipios se redujo de forma notable. Curiosamente, la posición del alcalde ha sido otra muy distinta a la habitual: aquí no cree que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de la ciudadanía y por eso ha decidido reclamar al Gobierno de la Nación una compensación por esa pérdida de ingresos.
Eso nos lleva a una interesante contradicción en la política fiscal de la derecha, ya que parece tener una doble vara de medir cuando se trata de la reducción de impuestos. Por un lado, cuando son ellos quienes promueven estas medidas, las presentan como estupendas y necesarias para el bienestar de ciudadanas y ciudadanos. Sin embargo, cuando lo es por una decisión judicial, como es este caso, la responsabilidad la trasladan al Estado, con el fin de buscar una compensación por esa merma económica.
El mismo dinero, la misma ciudadanía, los mismos bolsillos, pero aquí el mantra se les cae. Puro populismo fiscal. En el fondo, son conscientes de que esos ingresos son imprescindibles para financiar los servicios públicos madrileños, pero aspiran a que la factura la paguen otros mientras ellos venden a bombo y platillos sus rebajas regresivas.
Y aquí llega el segundo quid de la cuestión, el que lo paguen otros. La actitud del Ayuntamiento de reclamar al Estado una compensación por la pérdida de ingresos plantea cuestiones sobre la responsabilidad fiscal, la autonomía local y la lealtad institucional: se está pidiendo que sean los españoles y españolas, vivan donde vivan, quienes asuman ese gasto.
Claro que es comprensible que un ayuntamiento busque una compensación ante la merma de recaudación, pero dónde queda la lealtad institucional si con una mano rebajan los impuestos en los que tienen competencia y con la otra aspiran a que se lo compensen.
En realidad, para Almeida y los “liberales de pacotilla” la cuestión no es esa, porque su objetivo es gobernar para los más pudientes y, si viene al caso, encontrar una causa más con la que confrontar con el Gobierno de la Nación.
A este alcalde nunca le hemos visto pedir nada a la Comunidad de Madrid. Su complacencia le impide pedirle a Ayuso que le compense esta menor recaudación, tampoco que financie el gasto de las competencias autonómicas que gestiona el Ayuntamiento (unos 800 millones de euros anuales), ni siquiera que construya en la capital los centros de salud a los que se comprometió o dote de suficiente personal sanitario a los ya existentes.
Bastaría con que el señor Almeida le exigiera a la señora Ayuso los 314 millones de euros que el gobierno autonómico decidió gastarse en intereses al ir por libre y no acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica del Gobierno central.
Nada de eso hacen. Son liberales “bienqueda” con los suyos, mientras pretenden que la factura la paguemos los de siempre. Y eso, cuando no defraudan a la Hacienda Pública.
---
Enma López es portavoz adjunta del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Madrid y responsable del área de Economía, Innovación y Hacienda