El portavoz socialista de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid, Antonio Giraldo, ha cargado contra el coliving aprobado ayer en Junta de Gobierno mediante enajenaciones de suelo público en Carabanchel y Tetuán porque “precariza la vivienda” en plena emergencia habitacional.
“Estamos escandalizados con esta nueva enajenación de suelo municipal. En una situación de emergencia habitacional es intolerable que se venda suelo público a promotores que van a hacer negocios y encima con esta fórmula del coliving, que no es otra cosa que la precarización de la vivienda, que se va luego a alquilar o a vender a precio de mercado”, ha condenado Giraldo en un comunicado.
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, daba cuenta de la convocatoria y aprobación de los pliegos reguladores de dos concursos de enajenación de suelos municipales para construir residencias en régimen de coliving (viviendas colectivas) durante un plazo mínimo de 15 años, que atañen a tres parcelas sin uso en los distritos de Tetuán y Carabanchel.
Podrían albergar hasta un centenar de alojamientos colectivos, de entre 25 y 35 metros cuadrados, que se alquilarían a precios de mercado. Los concursos se publicarán a partir de este viernes. Es la primera vez que el Gobierno municipal lanza un concurso público de suelo de su titularidad de estas características ya que este tipo de viviendas se comenzaron a regular por primera vez con las normas urbanísticas que se aprobaron en noviembre de 2023.
Giraldo, por su parte, ha puesto el acento en que se trata de parcelas públicas. “¿Por qué no se destinan esas parcelas a que EMVS Madrid haga viviendas públicas en alquiler a precios bajos, asequibles?”, ha preguntado.
“Tenemos más de 40.000 demandantes de vivienda en Madrid y, sin embargo, estamos troceando el suelo municipal y vendiéndolo a promotores para que hagan negocio con precios abusivos en la vivienda, y además en su forma más precaria posible”, ha condenado el concejal socialista.
El PSOE “jamás” estará en ese lado porque defiende “la vivienda pública gestionada desde la empresa municipal como el derecho que es. Es intolerable que esto se siga haciendo en la ciudad de Madrid”.