La revuelta contra la compra de tablets en colegios concertados de Madrid acaba con una rectificación y una denuncia

Resultados desiguales ante la movilización de familias durante este curso por la imposición de la adquisición de tablets y ordenadores en las aulas madrileñas. En uno de los centros donde saltó el conflicto, el Colegio Sagrada Familia Corazonistas (distrito de Salamanca), ha habido entendimiento y se ha paralizado el proyecto de digitalización en uno de los cursos, que iba a hacer obligatorio a sus alumnos la compra de estos dispositivos para poder seguir las clases con normalidad.

Fuentes de la dirección del colegio contactadas por Somos Madrid informan de la decisión de no obligar a la compra de las tablets, que se aplicará el curso que viene en los alumnos de 5º de Primaria. El centro “ha reconsiderado la situación y ha decidido renunciar a dicho proyecto”, debido a las quejas de “un grupo de familias que se han manifestado en contra de esta línea de trabajo, y que han encontrado el apoyo de la Inspección Educativa”, añaden. El proyecto se mantiene, no obstante, para los cursos de alumnos más mayores, en los que lleva en marcha desde hace tres años.

Desde Corazonistas confían en que la decisión “sea acertada”, aunque también confiesan tener “serias dudas de que privar al alumnado de la formación con medios electrónicos” pueda suponer “un lastre en su educación”.

En noviembre de 2023, un grupo de 140 madres y padres de este colegio concertado se rebeló contra la política que venían aplicando desde la pandemia para el uso intensivo de las tabletas digitales, en sustitución de los libros de texto. Fue a través de una carta en la que pedían abandonar estos aparatos como principal herramienta de trabajo de los alumnos desde los diez años, quienes tenían que adquirir los aparatos el curso que viene. Meses después, contactadas por este periódico, las familias que se opusieron a la compra de los dispositivos electrónicos han declinado comentar la decisión del centro escolar que atiende a sus demandas.

Hasta ahora, el colegio concertado se había amparado en el artículo 111 bis de la Lomloe, por el que se establece que “los equipos directos de los centros promoverán el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el aula”. Sin embargo, este mismo artículo indica que el acceso a los dispositivos debe ser igualitario y garantía del derecho a la educación de todos los niños y niñas.

El proyecto One to One lleva tres años en marcha en el colegio, por lo que actualmente alumnos desde 5º de Primaria hasta 3º de ESO utilizan tablets a diario en las aulas y así se mantendrá de cara al próximo curso. Esta situación puede abrir un nuevo debate en el colegio, ya que varias familias no están de acuerdo con la idea de continuar usando las tablets en el aula, pues consideran que tienen el mismo derecho a no aportar estos dispositivos al centro que aquellos que todavía no lo han hecho.

El pasado mes de marzo, la Consejería de Educación se posicionó en este conflicto presente en varios centros concertados de la región, tachando de “completamente inaceptable” esta práctica. Su secretario general de Infraestructuras y Servicios explicó en una comisión de la Asamblea de Madrid que se ejercerían todas las acciones necesarias contra unas actuaciones “que no tienen cabida en una educación sostenida con fondos públicos”.

Ahora, a pocos días de acabar el curso, la Comunidad de Madrid explica a este periódico que actualmente “se está garantizando, por un lado, que el acceso a la enseñanza básica obligatoria se lleve a cabo en condiciones de igualdad y gratuidad para todos los alumnos, y, por otra parte, el respeto al proyecto educativo aprobado por el centro”.

Los otros casos: denuncias y quejas que no prosperan

El de Corazonistas de Jorge Juan es un ejemplo de que esta revuelta escolar puede servir de modelo a otros centros que no han corrido la misma suerte. Es el caso de las familias del Padre Claret, que ante la inacción de la Inspección Educativa decidieron elevar el asunto al Defensor del Pueblo hace unos días.

Según recogía la Cadena Ser, las madres y padres del colegio concertado Padre Claret, del distrito de Chamartín, han presentado una queja ante este órgano estatal porque el centro les impone la compra de unas tablets que cuestan 882 euros. Son alrededor de 200 familias afectadas por este plan digital, que se quiere implantar en 5º y 6º de Primaria y 3º de la ESO.

El centro informó de sus intenciones a principios del verano pasado y los responsables de los alumnos hicieron llegar a la dirección que no estaban de acuerdo. Sin embargo, el colegio siguió adelante y en septiembre comenzó un calvario para quienes no quisieron comprar los dispositivos. Los niños que no llevaban tablets se sentían desplazados de sus compañeros y no les proporcionaban el ISBN de los libros equivalentes a las licencias digitales, según recoge la emisora de radio en declaraciones de una madre.

Las familias del Claret también pusieron quejas ante la Consejería de Educación y han tenido reuniones sin efecto. Por esta razón, decidieron elevar el asunto al Defensor del Pueblo y buscar ayuda en otros órganos. Por ahora, la queja no ha prosperado y se encuentra en trámite, aunque es necesario puntualizar que en este colegio no se obliga a que los alumnos lleven estas tablets, ya que cuentan con la alternativa de asistir a clase de la forma tradicional. El modelo digital, no obstante, tiene una prioridad muy clara.

Otro ejemplo de la inacción por parte de la Inspección Educativa es el caso del Colegio Fundación Caldeiro, del que este periódico se hizo eco en octubre de 2023. A principios de curso, las familias de este centro fueron informadas en una reunión del nuevo modelo digital que el colegio quería implantar a partir de 5º de Primaria, que pasaba por desembolsar 1.200 euros por la compra de un ordenador portátil de gama baja, una cifra desorbitada que no todas las familias pueden permitirse.

Al plantear la posibilidad de que los niños que no podían pagar el ordenador propuesto por el centro pudieran llevar el suyo propio, la respuesta de la dirección del centro fue rotunda: “Los niños que no tienen el portátil deberán utilizar las herramientas de clase tradicionales, es decir, cuaderno y bolígrafo”. Desde ese momento se desató una batalla entre las familias y la dirección del colegio, ya que algunos padres consideraban discriminatorio obligar a la compra de estos dispositivos.

Las familias, después de exponer su descontento al centro, acudieron a la Consejería de Educación sin obtener resultados. El colegio sigue adelante con el proyecto e impondrá la compra y uso de tablets en las aulas a pesar de la negativa de los padres y de lo que recoge la ley educativa respecto a estos casos.

Aulas libres de tecnología

La imposición de tablets y ordenadores en centros educativos concertados se ha extendido como la pólvora por toda la región, e incluso, por todo el país, y ha abierto un debate que hasta hace unos meses parecía pasar desapercibido sobre el uso de dispositivos tecnológicos en el ámbito escolar. Por primera vez, muchas familias se han preguntado qué tan bueno es que sus hijos e hijas hagan uso de tablets u ordenadores en clase.

Los riesgos de la tecnología para niños pequeños pueden superar en muchos casos las ventajas que aportan, de hecho, muchos expertos no recomiendan el uso de este tipo de dispositivos para la enseñanza. Este debate ha trascendido a tal nivel, que se ha llegado a plantear la prohibición del uso de los móviles en colegios e institutos.

Un total de 30.000 familias han mostrado su preocupación por la relación de sus hijos con los móviles con acceso a internet y solo en Madrid el grupo llega a más de 3.000 personas. A esta denuncia se ha sumado la asociación Adolescencia Libre de Móviles en Madrid, que ha ampliado el debate al uso de los servicios de Google en los colegios.

Hace unos meses, la asociación lanzó un comunicado a través de Telegram en el que animaba a las familias a denuncia ante la Agencia Española de Datos el uso de las herramientas de aprendizaje y soluciones educativas de Google, que al aceptar los términos y condiciones de uso compromete la información personal de los niños.

Sin duda, aunque no todas las denuncias o quejas hayan conseguido frenar la imposición de dispositivos digitales en las aulas, el asunto ha trascendido generando un debate que va más allá de lo que está bien o lo que está mal y se centra en lo verdaderamente importante: la seguridad e integridad de los menores.