La irrupción de la Policía Municipal en una clase de zumba celebrada el pasado martes en el Parque Tierno Galván de Madrid dejó una imagen sorprendente. Para muchas personas, inexplicable. Lo que podría haberse quedado en una estampa dantesca se reveló como una situación continuada en el tiempo, con varias intervenciones a las sesiones de este grupo de baile en los últimos meses, según detallaron a este medio una alumna y un monitor.
Los afectados no querían cargar todas las culpas en el cuerpo local, ya que entienden que acuden después de que alguien les contacte con una queja sobre su actividad. Pero la falta de explicaciones concretas por parte de los agentes, que no han tramitado ninguna denuncia o expediente de sanción al respecto como reconocen fuentes del propio Ayuntamiento liderado por José Luis Martínez-Almeida, acrecenta la incertidumbre del grupo. Una inquietud que trasciende este caso concreto, a tenor de otros sucesos que han tenido lugar en la capital durante los últimos meses.
Es lo que han vivido, por ejemplo, en la Asamblea Popular de Carabanchel, asociación dedicada al fomento de la participación vecinal. Jorge, uno de sus miembros, relata a Somos Madrid hasta tres injerencias policiales a su juicio “injustificables” acaecidas en lo que va de año. La última de ellas tuvo lugar el 9 de julio, cuando organizaron una charla sobre cambio climático en el parque de la plaza de Oporto de Carabanchel a la que acudieron unas 30 personas.
“La Policía Nacional pasó varias veces alrededor y no sucedió nada. Poco después llegó la Municipal, varios agentes se bajaron de sus vehículos y nos dijeron que la concentración se tenía que acabar. Se amparaban en que si éramos más de 20 personas, deberíamos haber solicitado un permiso. Les respondí que eso es completamente falso y que nos ampara el artículo 21 de la Constitución”, cuenta Jorge. Este apartado de la Carta Magna reconoce lo siguiente: “El derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”.
Jorge entiende que la actividad no era ni siquiera una manifestación, y desde luego no había motivo alguno para pensar en posibles amenazas al orden público. “Pero a los policías les daba igual lo que les decíamos, nos contestaron muy mal, decían que la ley son ellos y hasta se metieron con la ropa que llevábamos. Finalmente, asustaron mucho la gente y decidimos disolver el encuentro”, explica con pesar. Para más inri el acto se celebró, o se trató de celebrar, frente al escenario y el mural conmemorativos del movimiento vecinal, la participación ciudadana y el 15M.
Con el paso de las semanas la preocupación continúa en la Asamblea, que no ha vuelto a celebrar ningún acto desde entonces. “¿Si nos juntamos 20 personas a hablar vamos a tener a la Policía Municipal amenazándonos con detenciones y multas?”, se pregunta Jorge. Este vecino cree que “hay miedo y eso es lo que se busca: que antes de juntarnos, aunque sea sencillamente para hablar, nos lo pensemos dos veces”. En su opinión, las autoridades persiguen que “los espacios públicos se destinen a las terrazas sin que las vecinas y vecinos podamos hacer vida normal en nuestros barrios”, de forma que “las calles se vacíen de tejido social”. Una postura que, dice, “va contra nuestra libertad”.
La indignación de Jorge no nace únicamente de este hecho. Ya en marzo, agentes municipales interpusieron dos multas a integrantes de la Asamblea por repartir pasquines llamando a acudir a la manifestación en defensa de la Sanidad Pública. Finalmente, dado que la ordenanza de publicidad exterior de la ciudad no prohíbe tal cosa, el propio consistorio se vio obligado a reconocer que los policías “se extralimitaron”, calificó las sanciones de “erróneas” y las acabó archivando.
Incidentes con la policía durante la consulta por la Sanidad Pública
Solo un mes más tarde, volvieron a sufrir un problema similar en la consulta ciudadana sobre el estado del sistema sanitario madrileño. La agrupación solicitó por escrito los permisos oportunos para la colocación de las mesas y las urnas a la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel, pero no recibieron contestación.
En la gran mayoría de ellas todo discurrió con normalidad. Pero el primer día de la acción, Jorge (que coordinaba el buen funcionamiento de las mesas y contaba con copias del escrito presentado a la Junta del Distrito en caso de que les requiriesen una autorización) recibió la llamada de “una señora mayor muy nerviosa”. La mujer le expuso que agentes municipales “les amenazaron con que iban a ser sancionadas o incluso detenidas si no levantaban la mesa y recogían todo”. Jorge le respondió que mantuviese la calma, ya que los efectivos policiales “no pueden actuar así cuando se ha efectuado una solicitud en el tiempo y la forma pertinentes”.
La Policía Municipal se trasladó entonces a la mesa en la que se encontraba Jorge, que procedió a mostrarles la documentación oportuna. No obstante, los agentes insistieron bajo pretextos como “la obstrucción a la circulación”. Un argumento que, según Jorge, choca con la proliferación de terrazas en las aceras y el espacio público en general: “Parece que molesta más en una mesa de cámping en una plaza peatonal enorme”. Pese a que acudieron más agentes municipales requeridos por los primeros en intervenir, mantuvieron la votación. No en vano esto ocurrió un lunes y la votación se alargó hasta el domingo, sin más incidentes el resto de la semana. Jorge, sin embargo, fue multado. Una de estas sanciones es además por desobediencia, en aplicación de la todavía vigente Ley Mordaza.
El Ayuntamiento de Madrid defiende que cuando se produce una actuación policial, más todavía si se interponen multas, hay motivaciones que lo amparan, muchas veces relacionados con la falta de permisos. En el controvertido caso zumba fuentes del área de Seguridad del Ejecutivo municipal vinculan las intervenciones a la música de las clases, ante la cual “se les puede pedir que limiten el sonido”, o al requerimiento de “licencias del distrito para desarrollar las sesiones en la vía pública si se trata de una actividad económica”. Pero algunas personas empiezan a trasladar la sensación de que, en ciertos contextos, su libertad se resquebraja en la ciudad que más bandera hace de ese concepto.