En los últimos tiempos Madrid se ha consolidado, merced el acuerdo de gobierno de PP, CS y VOX, como laboratorio neoliberal de España. La competición por las rebajas fiscales emprendida por el tándem Almeida-Ayuso está provocando recortes de consecuencias catastróficas para los servicios públicos esenciales y, por ende, para toda la ciudadanía.
Los incentivos fiscales -claramente inclinados a bonificar a las rentas del capital que han convertido la ciudad de Madrid en una suerte de micro paraíso fiscal, sumado al escaso control ejercido por la administración municipal sobre las distintas actividades y sus consecuencias o perjuicios, y la instauración de mecanismos ideados para saltarse la ley- son como un imán para aquellos que vienen, sin demasiados escrúpulos, a enriquecerse con lo que nos pertenece a todas las personas que vivimos en esta ciudad.
Podemos observar ejemplos palmarios del deterioro de la convivencia y de la calidad de vida que se está produciendo sólo con asomarnos a cualquier distrito con mínimas oportunidades de rapiña, como puede ser, por poner uno, el Distrito de Tetuán, donde bajo el eufemismo de “Colaboración Público Privada” la parasitación de lo público se evidencia en cada uno de sus barrios.
Como una especie de frontera física y social, la calle de Bravo Murillo divide el distrito en dos zonas. Una -al este- donde el nivel medio de renta se sitúa por encima de la media madrileña, mientras al otro lado de la calle -al oeste-, una elevada proporción de personas inmigrantes con rentas bajas contrasta con una de las zonas más ricas de la ciudad.
En la zona oeste resulta fácil “emprender”. Cualquier persona con una idea de negocio, aunque atente gravemente contra la salud, el bienestar, la convivencia y el descanso de los vecinos y vecinas, se encuentra con poca resistencia entre una población inmigrante poco integrada, tendente a pasar desapercibida, y rentas bajas que no pueden permitirse pleitear.
Al otro lado de la calle, la carencia de cultura asociacionista y grandes niveles de población muy envejecida, con poca capacidad de movilización y poco espíritu crítico con la administración, empujan a aceptar como buena cualquier solución privada al abandono institucional del ya deteriorado espacio público.
Hay numerosos ejemplos de ambas situaciones. Uno muy claro es el proyecto de remodelación del espacio de Azca, que se va a realizar “regalando” a una empresa privada casi 60.000 metros cuadrados de suelo público durante 40 años, y además el Ayuntamiento le va a pagar para su mantenimiento casi 2 millones de euros al año. Si hacemos las cuentas, en 40 años alguien, que no será el Ayuntamiento de Madrid, se embolsará unos beneficios de más de 100 millones de Euros. ¡Más de 100 millones de beneficio a cambio de invertir 44! Un rendimiento del 250 %, que las arcas municipales dejarán de ingresar, sin contar con la revalorización de los inmuebles del entorno, de los que la misma empresa es propietaria o copropietaria. No hay negocio en el planeta que ofrezca ese margen de beneficio con ese escaso nivel de riesgo.
Por otro lado, quienes sólo pueden confiar en la protección de su administración (lado oeste), quedan totalmente desamparados cuando su Ayuntamiento permite que, con una simple declaración responsable, cualquiera pueda hacer una reforma e iniciar una actividad, incluso nociva, sin siquiera declaración de impacto ambiental y luego además hace la vista gorda en las inspecciones.
En el peor de los casos, al incumplidor le basta con cambiar la titularidad del negocio y presentar una nueva declaración responsable para continuar con la actividad. Todo son ventajas al emprendimiento.
Así se ha iniciado en las calles José Calvo, Morando o Santa Valentina entra otras -todas en el lado oeste- el drama las “cocinas fantasma”.
Cientos de personas que no pueden respirar, que no pueden abrir las ventanas de sus casas, cuya ropa huele permanentemente a aceite frito de las chimeneas que nunca callan ni dejan de vibrar. Vecinos y vecinas que tienen que vivir cada día con el riesgo de incendios y atropellos -ya se han producido varios- o enfrentamientos con quienes permanentemente circulan por calles estrechas y no aptas para ese tráfico constante de riders y proveedores.
Personas atrapadas que no pueden vender sus casas y marcharse, porque nadie quiere comprar una vivienda al lado de una cocina fantasma, pero tampoco pueden vivir en ellas.
Este y oeste tienen muchas cosas en común, y a la vez con la propia frontera, Bravo Murillo, infestada de casas de apuestas, adosados a fachada, motos, patinetes, carteles de anuncios, terrazas ilegales que invaden el pavimento podotáctil haciendo imposible a las personas con déficit visual poder pasar por ella sin peligro… Mientras, la accesibilidad sigue siendo una asignatura pendiente en la práctica totalidad de locales y espacios públicos del distrito. Nos han arrebatado la calle para pasear y hasta el aire para respirar.
También tienen en común la especulación inmobiliaria más feroz, que ve en Tetuán un Potosí entre los distritos de Madrid. Situado dentro de la M30, cercano y bien comunicado con el centro (15 minutos en la línea 1 de metro que lo atraviesa) y con 3 incipientes proyectos alrededor: Madrid Nuevo Norte, Paseo de la Dirección y la reforma del entorno del Bernabéu, cada semana se desaloja y derriba un edificio. Poco importa que sea una joya de la arquitectura neomudéjar, como los derruidos en calle Bravo Murillo o Miosotis donde una inmobiliaria levantará ahora una promoción de pisos, tampoco importa que fuera un emblemático edificio industrial al que se le podrían dar usos comunitarios como el antiguo cine. Nada importa si hay negocio y en Tetuán hay mucho negocio.
El Gobierno neoliberal de PP y CS apoyado por VOX ha emprendido una cruzada contra las personas más débiles, los vecinos y vecinas de los barrios, en favor de unos cuantos inversores que vienen a hacer su agosto con el patrimonio de la ciudad, permitiendo cocinas fantasma, casas de apuestas, terrazas ilegales y todo tipo de negocios que invaden el espacio público y que impiden a las vecinas y vecinos simplemente pasear, respirar o vivir con normalidad.
Pero no vamos a quedarnos de brazos cruzados. Nos vamos a defender, y vamos a defender la ciudad de su apropiación indebida. Nos vamos a defender de sus agresiones: en la calle, en las instituciones y en los tribunales si hace falta.