Al Gobierno del Ayuntamiento de Madrid se le ha atascado su principal medida para combatir la pobreza en la capital: la tarjeta familias, una herramienta nueva para que las personas vulnerables tengan autonomía para ir a hacer la compra en lugar de recibir cestas de comida. Los primeros carnés, que homogeneizan la respuesta municipal a la crisis social en toda la ciudad, arrancan con demora y con un número de beneficiarios inferior al previsto.
Empezarán a entregarse esta misma semana, según avanzó la vicealcaldesa Begoña Villacís, con tres meses de retraso. Por el momento solo hay aceptadas 3.000 solicitudes, confirma un portavoz del área de Familias, Igualdad y Bienestar Social a elDiario.es. Esta cifra supone un 11% de las previsiones con las que contaba el departamento dirigido por Pepe Aniorte (Ciudadanos), que no aporta el número de solicitudes denegadas porque “no se registra en el sistema”.
“El grueso de las solicitudes de ayuda alimentaria se produjo en las semanas de confinamiento. Hubo una explosión y después ha ido bajando. Aunque sigue habiendo necesidad, ese es el diagnóstico que hacemos y explicaría por qué son menos de las 27.000 previstas”, explican fuentes del área social, que niegan que tenga que ver con la incompatibilidad de la tarjeta otras rentas mínimas, como el Ingreso Mínimo Vital o la Renta Mínima de Inserción autonómica. Las solicitudes pueden seguir entrando a los servicios sociales y, por tanto, los beneficiarios podrían seguir creciendo si las tramitaciones son favorables. La entrega de la primera tanda se hará efectiva esta semana aunque se desconoce a cuántas personas llegará.
La tarjeta familias fue uno de los primeros pactos cerrados en los Acuerdos de la Villa -Más Madrid la propuso, el PSOE la defendió e iba en el programa electoral de Ciudadanos- y la previsión inicial era que arrancara en junio. Pero la puesta en marcha de esta nueva herramienta, que funciona como una tarjeta de crédito con fondos municipales (entre 150 y 630 al mes, según el tamaño de la familia) para ir a hacer la compra, se anunció finalmente en los últimos días de agosto. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida; la vicealcaldesa, Begoña Villacís; y el delegado de Familias, Pepe Aniorte, se fotografiaron con las tarjetas físicas en un centro de servicios sociales de Villaverde. El 1 de septiembre se inició el plazo de solicitud cuando aún no estaba ni siquiera firmado el convenio con la entidad bancaria que proporciona las tarjetas, Caixabank. El acuerdo se rubricó el 16 de octubre, según El País.
Han pasado dos meses y medio desde aquello. Casi semana a semana el Gobierno municipal ha justificado los retrasos en el arranque, aunque siempre ha sostenido que iba registrando solicitudes poco a poco en este tiempo. En septiembre eran “cientos, dijo Aniorte. En el Pleno municipal de octubre, la cifra ascendía a 1.900. Ahora, hay concedidas formalmente unas 3.000. Este número, sin embargo, queda lejos de las 27.000 proyectadas. Una previsión que el área de Familias asegura ahora que pudo ser ”maximalista“. Con todo, el Ayuntamiento insiste en que el retraso no ha dejado desatendido a nadie porque se han continuado entregando ayudas alimentarias ordinarias por distritos.
La ordenanza que regula estas tarjetas solo permite la continuidad de la medida hasta marzo de 2021. El Ayuntamiento debe modificarla en las próximas semanas para alargarla con idea que permanezca, más allá de la crisis actual. El presupuesto de 2021 incluye 19 millones para esta medida a la que se podrían sumar financiación extra de los ahorros municipales si es necesario. En esa ordenanza también podría retirarse la incompatibilidad, como pide la oposición. El área de Aniorte lo está estudiando, aunque alega dudas legales.
La medida se pone por fin a funcionar en medio de un conflicto abierto entre el Ayuntamiento y las asociaciones vecinales que siguen proporcionando alimentos a las personas que han caído en la pobreza con la crisis del coronavirus. En las despensas solidarias, las pocas que aún sobreviven tras la caída de donaciones y voluntarios, escocieron mucho unas afirmaciones de la vicealcaldesa, Begoña Villacís, la semana pasada.
La número dos del Gobierno municipal aseguró que habían tenido “manga ancha” a la hora de conceder las ayudas alimentarias y dio a entender que “la mayoría” de familias que acudían a las colas del hambre estaban recibiendo comida por duplicado. “Nos lo refieren las trabajadoras sociales que las personas que han visto ya estaban recibiendo ayuda. En las despensas no sabemos si se les pide algún documento, no saben si son personas ya atendidas. Su método de trabajo es distinto”, justificó. Las asociaciones vecinales que están detrás de los bancos de alimentos han denunciado en las últimas semanas que la ayuda alimentaria sigue sin llegar a todas las personas que lo necesitan y que son todavía, ocho meses después del estallido de la crisis, el salvavidas de miles de familias de la capital.