Sira hace todos los días el mismo recorrido de casi una hora entre ir y volver. En pleno estado de alarma, sale a la calle para ir a buscar el menú con el que debe alimentar a sus hijos desde hace casi 50 días. La suya es una de las familias que entran en el sistema de la Comunidad de Madrid para garantizar el servicio de comedor tras el cierre de los centros escolares y que ha basado en rescindir los contratos y firmar un acuerdo con Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes. Hoy ha tocado pizza de jamón, ensalada y Coca-Cola. “Es incomprensible que estén alimentando así a nuestros hijos”, dice Sira. Sus palabras son respaldadas por varios nutricionistas, que ponen el foco en los riesgos de consumir este tipo de comida de manera sostenida.
La polémica estalló cuando el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunció la medida: los menores de familias que tienen un precio reducido en los comedores por ser beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción (RMI) pasarían a cubrir la comida principal del día a base de cadenas de comida rápida. Pero este miércoles ha repuntado tras las quejas de la oposición y las palabras de la presidenta defendiendo los menús: “Juraría que a la mayoría le encantan” y darle una pizza a un niño “no creo que sea un problema”, aseguró.
Desde el 17 de marzo, estas familias, las más vulnerables de la región, acuden de lunes a viernes en la franja horaria de 12.00 a 15.00 al local que les corresponda. Dan el DNI y el nombre de su hijo o hija y recogen los productos. En el caso de Telepizza son pizzas, hamburguesas, ensaladas o bolitas de pollo rebozadas. Rodilla ofrece sandwiches, bocadillos, ensaladas y piezas de fruta. Está pensado para 11.500 menores, pero, según datos de la CAM, la media de menús diaria es de 4.000 entre Telepizza y Rodilla y 650 de Viena Capellanes, que da cobertura a zonas en las que no hay locales de estas empresas.
Tras la polémica generada por las palabras de Ayuso, este jueves la Comunidad de Madrid ha planteado que la Escuela de Hostelería elabore menús para 1.000 familias vulnerables. Sin embargo, el ejecutivo regional va a mantener los menús de Telepizza y Rodilla.
A Sira, que cobra 510 euros de RMI con los que cría a sus tres hijos de 15, siete y dos años, no le queda más remedio que acudir todos los días. Vive en San Fermín, en el distrito de Usera, y al principio iba a un Telepizza que le quedaba más cerca de casa, pero cerró. Ahora tarda casi una hora en ir y volver. “Es todo grasa y mis hijos están engordando”, lamenta. Al mismo tiempo, intenta “hacer malabares” para cocinar carne, pescado, legumbres y verdura la mayor parte de los días.
Su caso es paradigmático porque este tipo de familias, muchas monoparentales, apenas se pueden permitir proteínas ni llenar sus carros de la compra con todo lo necesario para una dieta saludable. En estos casos, el comedor escolar es la forma de cubrir todos los nutrientes. “Muchas veces la única comida completa y equilibrada”, explica Sira, que por eso lamenta que la solución de la Comunidad de Madrid tras su cierre “sea algo tan poco saludable”. “Me siento atacada con las palabras de Ayuso porque si pudiera darles una alimentación 100% equilibrada lo haría, pero hay que pagar el alquiler y las facturas”, cuenta.
“Se está menoscabando la salud de los niños y niñas más necesitados. Es una vergüenza”. Así de contundente se muestra Aurora Serrano, una mujer que ayuda a una de las familias que reciben el menú de Telepizza en el barrio madrileño de Villaverde. Se trata de un hombre y su hijo, que perciben unos 430 euros de Renta Mínima de Inserción (RMI). Antes de la crisis del coronavirus él se dedicaba “a buscarse la vida como chatarrero”, pero “ahora están pasando hambre”. “Le daba yo a sus señorías esto todos los días para comer”, se muestra indignada la mujer, que ayuda con las tareas escolares al menor y con la compra de alimentos para el hogar.
El riesgo para la salud
Las opiniones de Sira y Aurora no son aisladas y varios nutricionistas coinciden en que la alternativa ideada por el Gobierno de la comunidad no es adecuada para el bienestar de la población infantil. Ya alertaron sobre ello varios expertos en un informe en el que se ha basado la Federación Regional de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Francisco Giner de los Ríos para llevar el caso al Defensor del Pueblo e interponer una demanda administrativa. “Es una patada y una puñalada a la salud pública”, resume el nutricionista y dietista Julio Basulto. El experto lamenta que se haya optado por “menús malsanos y desequilibrados” precisamente para los niños más vulnerables, “que son aquellos que más riesgo tienen problemas de salud en el futuro” por las dificultades para mantener dietas completas de manera constante.
“No solo queremos que coman, sino que coman bien y tengan salud”, remata Basulto, que explica lo “perjudicial” que es mantener durante tanto tiempo este tipo de dieta: “Es una comida muy pobre en fibra dietética, es rico en sal, en azúcar y tiene una densidad nutricional baja y, por contra, una alta intensidad calórica. Todo eso junto es una bomba” que se asocia a un mayor riesgo de padecer obesidad, sobrepeso, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, colesterol... enumera el experto. Todo ello teniendo en cuenta que en este mes y medio de confinamiento los menores apenas se han movido y no han practicado ejercicio físico. “Es lo peor que podemos darles a los niños. Tiene un efecto nefasto sobre la salud y también sobre su educación nutricional”.
Coincide Eva María Navarrete Muñoz, investigadora en Epidemiología de la Nutrición: “Todo lo que hemos encontrado en los estudios previos parece muy obvio, pero no lo es cuando hay gobiernos que en épocas de sedentarismo como estamos viviendo con la COVID la solución es la distribución de comida por cadenas de comida rápida. El mensaje que estamos mandado es un poco contradictorio”, concluye.
Casi todos los productos incluidos en la dieta, de hecho, están definidos como “ocasionales” por la Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad (NAOS) lanzada por España en 2005 y consolidada en la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición. La propia Comunidad de Madrid reserva en su página web un apartado dedicado a la alimentación infantil en la que califica de “fundamental” que los menores coman de forma “saludable, equilibrada y suficiente”. Y entre las recomendaciones incluye literalmente “limitar el consumo de alimentos como bollería, refrescos, pizzas...y consumirlos ocasionalmente” y consumir alimentos ricos en fibra dos o tres veces al día, entre ellos verduras, hortalizas, legumbres o frutos secos. Precisamente los que no están presentes en las dietas ideadas con las cadenas de comida rápida.
Soluciones en otras comunidades
Los nutricionistas lamentan, además, que los menús no responden a la variedad necesaria y tampoco aportan los minerales y vitaminas indispensables. “Son comidas muy repetitivas. Una dieta equilibrada debe basarse en la variedad de grupos de alimentos y diferentes tipos de hidratos”, señala Marta Ros, licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y profesora del Master de Nutrición y Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). La experta pone el foco, además, en que la comida rápida “no sacia” y “da sensación de hambre muy rápidamente”. El sistema de la Comunidad de Madrid, concluye, “es un disparate” y el argumento de Ayuso “no es científico”: “Es como si decimos que como a mi hijo le gusta el móvil se lo voy a dejar todo el día”.
Todos coinciden en que la alternativa ideada por otras comunidades autónomas hubiera sido más óptima. Por ejemplo, el acuerdo con los supermercados de Canarias, el ingreso en cuenta de la beca de Euskadi o la tarjeta prepagada con La Caixa de Catalunya. En este sentido, Navarrete califica de “increíble” que “un gobierno autonómico fomente la comida basura en lugar de proporcionar un vale para la compra de frutas, verduras, legumbres u otros alimentos beneficiosos para la salud de todos, pero especialmente para los niños, que serán las futuras generaciones”.
Precisamente este sistema es el que están proporcionando algunas ONG como Ayuda en Acción, que ha identificado a 1.400 familias en situación de vulnerabilidad y tras un acuerdo con La Caixa les ha proporcionado tarjetas monedero para utilizar en establecimientos de alimentación. Una de estas familias es la de Fátima, que vive con sus cuatro hijos de 13, 10, siete y cinco años en el barrio madrileño de La Ventilla. Percibe la RMI, pero tras acudir un par de veces al local de Telepizza en el que le tocaba recoger los menús de sus hijos, decidió no volver más. “Era salir todos los días a la calle y no se mantenían las distancias de seguridad, los niños se quedaron con hambre y el segundo día no les gustó porque le quitaron el jamón a la pizza (soy musulmana) y la llenaron solo de tomate”, resume.
Como no era una solución eficaz para la familia ha decidido “apañarse” con los 580 euros al mes que recibe de prestación y los 150 de Ayuda en Acción. “No puedo darles todo lo que les dan en el colegio, pero es que todos los días comer pizzas y hamburguesas no es saludable, no es bueno para ellos”, remarca. Fátima lamenta que la solución al cierre de los centros educativos en Madrid sea ésta e incide en que, con el dinero que el Ejecutivo paga a Rodilla y Telepizza –5 euros por cada menú– “muchas familias podemos comprar alimentos saludables para nuestros hijos. Es incomprensible”.