El Tribunal de Cuentas ha revocado la sentencia contra la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y contra a otros siete altos cargos de su Gobierno. El tribunal les condenó a pagar 25,7 millones de euros por vender 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone a un precio por debajo de mercado, pero ahora la Sala de Enjuiciamiento ha revocado ese fallo por dos votos a uno.
En una resolución de este mismo miércoles, a la que ha tenido acceso Europa Press, la sección de Enjuiciamiento del órgano fiscalizador rechaza el recurso de apelación interpuesto por la empresa municipal (que se mostraba disconforme con el precio máximo de la venta de los inmuebles y el criterio utilizado para determinar el daño al patrimonio público) y estima las alegaciones presentadas por todos los concejales que estaban condenados, a lo que se adhirió el Ministerio Fiscal.
El Tribunal de Cuentas considera que la enajenación se realizó mediante concurso público y que no se puede imputar “negligencia grave” a los apelantes al constar en la venta que se aprobó un plan de viabilidad financiera, sin que fuera “impugnada en ningún modo”. Alude también a la existencia de informes, el más relevante el de Intervención Municipal aunque también otros de instancias no municipales, que “no cuestionaron la operación inmobiliaria ni dictaminaron en su contra”.
Los dos votos a favor de revocar la sentencia los ha emitido dos consejeros propuestos por el PP: la exministra del Gobierno de Aznar Margarita Mariscal de Gante y José Manuel Suárez Robledano. El voto en contra ha sido de Felipe García, consejero propuesto por el PSOE, que mantiene que la operación de venta fue “lesiva” para el patrimonio municipal y que no cumplió los principios de “publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad” en el procedimiento .
La sentencia que emitió el Tribunal de Cuentas el pasado mes de diciembre concluye que el núcleo duro del Gobierno de Botella, ocho de sus miembros empezando por la alcaldesa, “incurrieron en una negligencia grave” porque “no impidieron el perjuicio en el patrimonio público” a la hora de vender 5.315 inmuebles de titularidad municipal (entre ellos 18 bloques completos de pisos protegidos) al citado fondo de inversión por 128,5 millones, cuando según los cálculos del Tribunal de Cuentas el Ejecutivo de Botella podría haber ingresado más de 151 millones.
El Ayuntamiento de Madrid, cuando estaba al frente Manuela Carmena, demandó a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a parte del Ejecutivo de Botella por lo que consideraba una sospechosa operación de venta de viviendas públicas. La operación había suscitado críticas muy duras por los inquilinos que se quejaban de los cambios de condiciones cuando pasaron a depender del fondo de inversión.
La sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas el pasado 27 de diciembre no solo determina que el precio al que se vendieron los pisos “dio lugar a un menoscabo injustificado en el patrimonio público”, también retrata una sucesión de chapuzas e ilegalidades que rebosan el expediente.
Según la argumentación del tribunal, es indefendible que el Ayuntamiento de Madrid no intentase sacar el máximo precio posible de la venta de esos bloques de edificios, no abriese un procedimiento con publicidad que fomentase las ofertas y no realizase una tasación fiable de los bloques de pisos que pretendía vender. El procedimiento de venta para sacar al mercado 1.800 viviendas duró 14 días. La sentencia deja claro que no es tiempo suficiente para preparar una operación de esas características y deja pistas evidentes de que determinados aspirantes, incluido el fondo que se quedó con esos lotes, jugaron con ventaja.
El Ayuntamiento de Madrid no recurrirá la sentencia
La portavoz del Gobierno municipal en el Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha valorado este miércoles que la sentencia “deja claro que existió un concurso público” y ha reprochado a la izquierda poner en duda a los tribunales.
“No hemos tenido demasiado tiempo para estudiar esa sentencia; sí parece que deja claro que existió un concurso público, con una serie de informes , entre ellos el de la intervención, que avalaba ese proceso como hemos defendido desde el PP. En todo caso como portavoz del Gobierno, acatar, respetar la sentencia, y aceptaremos las conclusiones que ya se han dado”, ha expresado ante los medios de comunicación desde el hall de Cibeles.
“No vamos a entrar en eso, acatamos y respetamos la sentencia. Somos firmes defensores de la justicia, y acatamos cuando nos gustan y cuando no. Es mal camino poner en duda a los tribunales y el de cuentas”, ha lanzado.