Madrid Central es mucho más que un “área de prioridad residencial” del centro de la capital: es uno de los motivos por los que España se libró de sanciones comunitarias por la mala calidad del aire. Pero el nuevo gobierno municipal ya ha comenzado a desmantelarlo, al anunciar una moratoria por la que suspenderá las multas por infracciones a partir del 1 de julio, lo que viene a dejar sin efecto las restricciones al tráfico privado para reducir las emisiones.
En Bruselas, el comisario de Cambio Climático y exministro del PP, Miguel Arias Cañete, ha reconocido este martes que la Comisión “analizará las políticas cuando se materialice”. “Nosotros no estudiamos ahora lo que hacen las entidades locales, sino los planes nacionales, pero si las ciudades no respetan, y la Comisión ya puso de manifiesto qué ciudades no cumplían [entre ellas, Madrid antes de poner en marcha Madrid Central], estoy seguro de que el comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, tomará las decisiones que considere”, ha dicho.
Un portavoz del Ejecutivo comunitario reconocía que España no había “informado formalmente” de la “moratoria sobre Madrid Central o ninguna medida para reemplazar la zona de bajas emisiones”. Y sentenciaba: “Seguimos vigilando de cerca la situación”.
“De momento no podemos comentar nada más hasta que recibamos la notificación oficial de lo que quieren hacer”. ¿Y qué sanciones puede afrontar España si el desmantelamiento de Madrid Central hace que se sobrepasen los límites de contaminación? “Todavía estamos lejos de ese momento, incluso si España es llevada al Tribunal de Justicia de la UE llegado el caso, sería la primera vez, sin petición de multas aún”, ha añadido el portavoz.
Bruselas quiere medidas “urgentes, creíbles y eficaces” para reducir la contaminación atmosférica en los Estados miembros. Y ha abierto procedimientos contra algunos países por no aplicarse en ello, cosa que no ha pasado con España, como recordaba en diciembre el comisario de Medio Ambiente de la UE, Karmenu Vella, por las medidas adoptadas en los últimos meses, entre ellas Madrid Central, impulsada por el Ayuntamiento de Manuela Carmena.
Vella respondía así a la carta que le remitieron en noviembre los eurodiputados de Unidos Podemos en relación con los recursos judiciales del PP. En su respuesta, daba un apoyo implícito al plan de Madrid para mejorar la calidad del aire en la capital, en cumplimiento con las directivas europeas sobre este ámbito y ante la amenaza de una sanción a España por incumplimiento.
En su carta, Vella recordaba que tras el anuncio de medidas concretas como el plan Madrid Central, la Comisión Europea “optó por no llevar a España al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), como sí hizo con otros Estados”. Vella, eso sí, aseguraba que “la Comisión continúa siguiendo de cerca la aplicación y la eficacia en los calendarios previstos del paquete de medidas”.
Presión creciente
La presión hacia el nuevo Gobierno municipal por la decisión de dejar sin efecto las multas de Madrid Central no solo proviene de Europa. El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha criticado este martes la posibilidad de que se suprima la medida. “Haríamos el ridículo, nadie en Europa lo entendería”, ha alertado en declaraciones a los medios. Navarro destacaba el “inmenso trabajo” realizado para sacar adelante esta medida y apostaba por mejorarla y no suprimirla.
Por su parte, Ecologistas en Acción, que ha estado siguiendo las mediciones de dióxido de nitrógeno desde la puesta en marcha de la medida constatando que se ha reducido la contaminación en el centro, ha advertido de que buscarán la vía de la movilización social para presionar pero también la de “la denuncia en los tribunales españoles y europeos”.
Madrid Central cumplió seis meses en mayo. En abril, las mediciones revelaron que, en el centro de la ciudad, la media mensual del tóxico dióxido de nitrógeno fue la más baja de la historia. La organización Ecologistas en Acción –que realiza un seguimiento pormenorizado de los datos de las estaciones medidoras desde hace años– ha asegurado que “no hay efecto frontera”, es decir, que no suben los niveles en los barrios colindantes con Madrid Central.
En cuanto al valor medio de la red correspondiente al mes de mayo de 2019, el registro alcanzado -22 microgramos de contaminante por metro cúbico de aire- supuso el valor mensual más reducido registrado por la red para cualquier mes desde que la red en su configuración actual comenzó a funcionar, en enero de 2010.
Los padres y madres de los colegios que se encuentran en el perímetro de Madrid Central también se están movilizando para evitar la reversión de la medida. La delegación de la FAPA Giner de los Ríos en la zona de Arganzuela-Centro ha convocado para este miércoles una concentración para reclamar que se mantenga Madrid Central y reclamar con ello “coles sin humo”.
En concreto, se invita a las familias de los estudiantes a “alzar su voz” para fomentar entornos escolares “más seguros, amables y más limpios” y les emplaza a que acudan al centro educativo Santa María (en Ribera de Curtidores con Ronda de Toledo) a las 8.30 horas para exigir la continuidad de esta medida.
Según explica en un comunicado, el área de prioridad residencial en el distrito Centro ha conseguido disminuir la contaminación, tanto en esta zona como en las área limítrofes. “Esta medida se ha demostrado eficaz en la disminución de la contaminación atmosférica, no solo en el ámbito de Madrid Central, sino en las zonas limítrofes, pese a los vaticinios de un posible efecto frontera, que ha resultado en un efecto contagio, por el que los niveles NO2 se han visto reducidos respecto al histórico de los puntos de medición de la contaminación atmosférica de la ciudad”, recoge el colectivo de padres de alumnos.
El escrito de la FAPA también apunta a que ese efecto no solo se nota en la contaminación atmosférica sino también en la acústica derivada del tráfico rodado, así como un aumento de la seguridad en los accesos a los centros educativos, que ahora son “más accesible y amable para ellos”.
A esto se suma una petición en Change.org, “por la continuidad del proyecto”. 115.268 personas han firmado la petición en la plataforma que alerta de que la reversión de la medida “tendría un impacto doble en la economía de los ciudadanos: una, por el dinero invertido para la puesta en marcha; dos, por las sanciones que podría imponernos Bruselas quienes ya abrieron un expediente sancionador a España por el incumplimiento de la ley europea”, además de hacer alusión al impacto en la salud de los ciudadanos.
En el plano nacional, la moratoria del Ayuntamiento de Madrid va en la línea contraria al proyecto de ley de cambio climático preparado por el Ministerio de Transición Ecológica dirigido por Teresa Ribera, que incluye la obligación de que las ciudades de más de 50.000 habitantes tengan zonas de bajas emisiones para 2023. Una norma que, en principio, atañe a la movilidad en Madrid.