El último bastión del franquismo en un puñado de ayuntamientos madrileños
La resistencia más férrea suele alzarse a veces en las plazas más pequeñas. También sucede en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, que ha visto en el ámbito municipal el principal escollo para su aplicación. Varios episodios recientes en la Comunidad de Madrid denotan el recelo de algunos Ayuntamientos para cumplir con una parte de la legalidad española que, en lo referido a los vestigios del franquismo presentes en espacios públicos, incomoda abordar a algunos grupos políticos.
En Torrejón de Ardoz, municipio de más de 125.000 habitantes, y cuyo Gobierno municipal del Partido Popular, no inició la retirada de 99 vestigios franquistas -en su mayoría, placas- de los espacios públicos de la ciudad hasta que el Juzgado de Instrucción Nº 9 de Madrid lo conminó a elaborar un catálogo y adoptar las medidas para su retirada, en febrero de este año. La asociación memorialista Ranz Orosas, que denunció al consistorio torrejonero y a otros 37 Ayuntamientos en toda España ante la negativa a la retirada, explicó algunos de los argumentos municipales esgrimidos durante el proceso para mantenerlos: que el vítor franquista en las fachadas de viviendas protegidas levantadas por el régimen aludían al nombre masculino Víctor.
La obviedad se impuso a los argumentos municipales, declarando los símbolos franquistas como un testimonio del Franquismo. Según la sentencia, el Ayuntamiento fue condenado a pagar las costas procesales, sufragadas con el erario público.
Una resistencia similar se alzó en Coslada (85.000 habitantes), cuando el pasado 15 de junio el Pleno liderado por el PSOE aprobó la retirada del catálogo de restos franquistas, placas y nombres de calles, del espacio público. Además, se ratificó la revocación del título por el que en 1967 se había nombrado a Francisco Franco alcalde honorario del municipio. Las medidas contaron con el voto en contra de PP y Ciudadanos. Esta oposición directa en el ámbito municipal choca con la estrategia de estos dos partidos en el Congreso de los diputados donde optaron por la abstención en episodios como la exhumación de los restos del dictador, evitando así la significación tan directa y patente en el municipalismo.
A las reticencias de determinados grupos políticos contribuyen además las lagunas de la propia Ley de Memoria Histórica, que proporcionan el subterfugio necesario para aquellas corporaciones municipales que bajo gobiernos generalmente de corte conservador rechazan acometer las políticas que señala la norma. Su aplicación depende en última instancia de la aprobación en los Plenos de los ayuntamientos.
“En el ámbito municipal, al no existir en la Comunidad de Madrid una ley regional que unifique, hace que su aplicación sea dispar”, explica Javier Moreno, presidente del Foro por la Memoria Democrática, organización social que persigue la retirada de los vestigios en Madrid desde el año 2002.
“Lo que se está llevando a cabo es una catalogación de los vestigios y una valorización de los mismos, que en el caso de ser bienes que se encuentran en iglesias, como son las cruces de los caídos erigidas en multitud de pueblos, lo valoriza la propia Iglesia, y eso suma un problema añadido. Eso lo deja claro la propia Ley. Mientras el resto sea un Bien de Interés Cultural, lo tiene que valorizar la Iglesia. En el resto, una vez que la simbología se valoriza, son los Plenos Municipales los que tienen que aprobar su retirada. Pero al no haber reglamentación concreta y un valor de Ley se terminan judicializando los procesos”, señala Moreno.
“Existe un gran problema sobre cómo se gestiona la Memoria en España”, defiende quien es la cabeza visible del Foro por la Memoria Histórica. “La Ley de Memoria sí sirve para que a partir de 2007 las Comunidades Autónomas fijen una norma para su desarrollo. Las Comunidades que han querido, Madrid no se encuentra entre ellas, tienen aprobadas normas autonómicas, y las distintas leyes que conviven en el territorio nacional hacen que las situaciones sean distintas en función de la Comunidad”, explica.
La ausencia de un mismo criterio supraterritorial no es el único problema. Además, existen aspectos que exceden a las competencias municipales, como en el caso de las fosas comunes y la búsqueda de desaparecidos, en las que algunas regiones cuentan con bancos de ADN y otros no. “Estamos ante una situación sin sentido precaria y desigual. Cataluña plantea la nulidad de las condenas a los reos del franquismo, ¿y los condenados que no sean catalanes no pueden acogerse a la nulidad de los procesos? Los bancos de ADN deben ser estatales, según las recomendaciones de Naciones Unidas, ya que hubo desplazados fusilados en Madrid, y madrileños fusilados en otros territorios” razona Moreno. “El Ayuntamiento de Madrid tiene creada por ejemplo una mesa de DDHH donde se incluye la Memoria, pero no tiene sentido que por haber sido torturado o represaliado en Madrid tengas más derecho a ser reconocido que en el pueblo de al lado”.
De la misma manera hay Comunidades Autónomas, la Comunidad Valenciana y Andalucía, que tienen previsto un régimen sancionador para que aquellos Ayuntamientos y particulares que no cumplan con la Ley sean sancionados, por ejemplo dejándoles sin acceso a subvenciones públicas.
“Madrid está a la cola”
La Comunidad no sale bien parada de la comparativa con otros territorios. En ocasiones la impresión ha sido que el trabajo de Memoria tomaba la dirección opuesta a la marcada por la Ley. En 2016, el Gobierno regional encabezado por Cristina Cifuentes atendía la reclamación del alcalde de Brunete para declarar Bien de Interés Cultural la plaza Mayor del Municipio y la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. En el complejo iban incluidas placas conmemorativas de la batalla de Brunete y la “gloriosa cruzada de liberación”, colocadas en el décimo aniversario del golpe de Estado. La declaración como BIC blindó estos elementos ante cualquier posible retirada.
“Se trata de una situación puntual que del mismo modo que se declaró se puede anular”, explica Macarena Elvira, secretaria de Justicia, Función Pública y nuevos derechos del PSOE de Madrid. Admite que la redacción actual de la Ley de Memoria tiene deficiencias que dificultan su aplicación a nivel regional y municipal. “Sin embargo, el grupo socialista en el Congreso presentó en la pasada legislatura una moción para corregir esas lagunas que fue tumbada por el PP sin llegar a iniciarse los trámites”. La intención de su grupo era lograr su aplicación con la dotación de fondos públicos. Sobre la situación de la Memoria en Madrid se muestra tajante: “La Ley está para aplicarla, y Madrid es la Comunidad más retrasada en su aplicación”. Además apunta motivos más allá de las razones de partido como obstáculos de la Ley. “En los municipios se llea a un conflicto más personal, por razones de cercanía entre los vecinos. Son cuestiones que afectan a la convivencia, pero se impone la necesidad de reabrir el debate, que viene ya con 40 años de retraso”, señala Elvira.
Entre los actores cobra protagonismo la Iglesia, que alberga parte de esos símbolos en sus propiedades. “En Getafe fuimos a un Pleno municipal para retirar un símbolo del Cerro de los Ángeles donde Franco colocó una placa de exaltación franquista. Se aprobó la retirada en el Pleno, con los votos en contra de PP y Ciudadanos, con discursos muy duros en los que reclamaban que se quitara el nombre de La Pasionaria, que sufrió una pena de exilio hasta la caída del régimen, a una rotonda. Siempre caemos en el 'tú más'”, recuerda Moreno.
A pesar de la aprobación municipal, la placa no fue retirada. “El cerro pertenece a la archidiócesis de Getafe y se negaron. En Colmenar Viejo hay una fosa de represaliados, que eran todos los cargos del Frente Popular en el entorno de la carretera de Burgos. Los fueron llevando para allá y los dejaron allí. Fue abierta en el año 1979 y se sacaron restos en un ámbito particular. Nosotros nos dirigimos a la fosa, que está en el cementerio y que pertenecía a una cofradía religiosa. Tampoco se pudo hacer nada bajo el pretexto de que tenía que existir consenso entre los feligreses”, relata. “Nos transmitió que habían realizado una asamblea y que para ellos abrir la fosa era como tomar su casa, y que no lo podían consentir. Siempre hay una confrontación entre los distintos ámbitos de poder”. En el caso del Valle de los Caídos la situación es distinta pues se trata de un lugar declarado Patrimonio Nacional y el Gobierno ha retirado al patronato su potestad.
Los simbología franquista vive además rodeada de una mayoría social indolente, ajena a los significados que éstos encierran. “La gente está acostumbrada a la impunidad, y quizá de ahí la impunidad con la que se han sentido algunos en casos de corrupción. No estamos acostumbrados a la defensa de los valores democráticos porque esa pedagogía no ha existido”, comenta Moreno recordando cómo las clases de Historia de España terminaban en su época en la Semana Trágica de Barcelona, sucesos de 1909.
“Es necesario enseñar la historia con valores de Memoria y evitar la tendencia a la equiparación. El verano del 36 en Madrid fue escenario de una represión feroz y terrible con muchos muertos, y es algo que nunca negaremos. Pero equipararlo con 40 años de represión no parece muy apropiado. Imagina plantear que se incluya en las clases un temario de memoria democrática cuando en el distrito de Salamanca hace 30 años que todas las plazas educativas que se crean son de educación concertada. Es imposible”, añade.
La memoria en España inicia su realidad en el ámbito familiar, en los familiares organizados para recuperar los restos de represaliados. Desde el Foro por la Memoria Democrática señalan que es el inicio del camino, pero no el final. “Perseguimos que se haga una transición hacia la memoria colectiva, para que haya un valor pedagógico detrás de todo esto que nos lleve a defender siempre los Derechos Humanos. Cuando nosotros lo hemos intentado, dar charlas en institutos sobre el tema de las fosas comunes, sólo ha sido posible en dos distritos, Vicálvaro y Villaverde, porque chocas con las AMPAS...”, explica el historiador y miembro de la asociación Javier Ruiz.
“En Bustarviejo se llevó a cabo, con subvenciones del Gobierno de Zapatero, la recuperación de la estructura de un campo de trabajo y hemos celebrado jornadas para enseñarlo y contar lo que allí acontecía. El Ayuntamiento era gobernado en coalición por el PSOE e IU”, apunta Ruiz.
Existen episodios aún más recientes. En la exposición de Auschwitz en la fundación Canal, abierta hasta el próximo 7 de octubre, no se hacía mención a los españoles muertos en el campo de exterminio. “A raíz de las quejas que se fueron escribiendo en el libro de visitas se añadió una parte reconociendo que también hubo fallecidos españoles”, apunta Moreno. “La memoria tiene que ser fruto de una pedagogía democrática”, reflexiona. “Quizá la educación sea el punto de partida para curar la amnesia”.
