Este jueves, Cecilio se preparaba para cenar en casa con su familia, como cada día. A las ocho de la tarde, los bomberos llamaron a la puerta y le dijeron que la vivienda estaba al borde del derrumbe y que debía abandonarla de inmediato. Tras una breve negociación, le concedieron un plazo de un día para vaciar el que fue su hogar durante más de 35 años, uno de los inmuebles repletos de grietas y desnivelados de la llamada ‘zona cero’ de San Fernando de Henares, el punto más afectado por las obras de la ampliación de la línea 7 del metro de Madrid. “¿Cómo me voy a ir y a dónde?”, pensó.
Junto a su mujer, sus dos hijos y su suegro, de 90 años, son una de las nueve famlias que la Comunidad de Madrid desalojó la semana pasada de la calle La Presa, después de que los bomberos analizaran la zona y advirtiesen un peligro de derrumbe inminente. “Nosotros ya teníamos una carta de la Comunidad y el Ayuntamiento que nos llegó la semana pasada. Nos daban dos meses para desalojar, pero el jueves vinieron por la noche y nos pidieron irnos de inmediato”, relata a elDiario.es.
La razón del desalojo no es nueva. Son las grietas ocasionadas por las obras en 2007 de la extensión de la línea 7, la denominada línea 7B, un pedido de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre desarrollado a toda prisa y desoyendo los informes que alertaban de la gran alcalinidad del subsuelo en esa área. En la casa de Cecilio, como en la de la mayoría de los vecinos, los primeros signos del problema fueron hillillos casi imperceptibles transformados ahora en rajas que arañan todas las paredes y que impiden el cierre de puertas y ventanas. El suelo ha ido cediendo y los edificios se están hundiendo a velocidad cada vez más rápida.
“Hicimos una mudanza rápida, con varios familiares. El viernes a las seis de la tarde no sabía dónde iba a dormir”, recuerda. La Comunidad de Madrid los reubicó en unos apartahoteles, la misma solución que ofrecieron a las otras 28 familias que evacuaron en septiembre, también de un día para otro. “La vida pues nos ha cambiado de la noche a la mañana. Estamos en una vivienda que no es la nuestra y que es para estar unas semanas, no más. Todo deprisa y corriendo”, cuenta. Y, con un matiz importante: no saben si podrán volver o si la Comunidad va a decidir derruir los edificios ante la imposibilidad de arreglarlos.
El mismo jueves que desalojaron a la familia de Cecilio, Eva y Mari Carmen volvían a su casa por primera vez en meses, en la misma calle, unos pocos números más abajo. Las dos tuvieron que desalojar sus viviendas en septiembre, en los primeros realojamientos que acometió la Comunidad de Madrid para evaluar la zona, hacer obras o, en último caso, derribar. La semana pasada pudieron ir a recoger sus enseres, todo lo que pudieran meter en grandes bolsas de rafia en el plazo estipulado por las autoridades: media hora por familia.
“Había antes un programa en la televisión. Te metían en un supermercado, te daban un tiempo determinado y máximo de dinero e ibas como un loco con el carro para completar la compra. Esto ha sido igual. Dos personas como locas, metiendo las cosas a mogollón en bolsones”, relata Mari Carmen. “Nos han dejado media hora para recoger nuestras pertenencias. Piensa, ¿qué sacarías tú de tu casa en treinta minutos?”, plantea Eva, en conversación telefónica.
Eva está esperando a que la Policía les entregue la orden de ruina de su casa, ubicada en la calle Rafael Alberti, esquina con La Presa, donde ha vivido treinta años junto a su madre, ya fallecida, y su hijo, de 21 años. “El jueves fue el despedirte de tu casa. No de tu casa. Tu hogar. Ahí ha fallecido mi madre, ha nacido mi hijo, tengo toda mi vida ahí. Entras y te bloqueas, y no sé si nos dejarán volver a entrar”, lamenta. Actualmente, el piso está “como un cachillo de pan cuando lo partes”, según ilustra.
Ambas viven ahora, transitoriamente aunque no saben hasta cuándo, en habitaciones de un apartahotel a 14 kilómetros de sus casas, a poca distancia del centro comercial Plenilunio, entre la fábrica de Bimbo y el Leroy Merlín. Los primeros días, Mari Carmen no podía dormir, entre la incertidumbre sobre su futuro y el traqueteo de los camiones de carga de las fábricas que rodean la que ahora es su vivienda. “Nos dijeron: 'Os hemos cogido unas habitaciones'. Salimos a toda prisa. Era verano y hasta ahora y otra vez que entramos brevemente, en noviembre, no he podido coger ni ropa de invierno”, relata.
La imagen que vio Mari Carmen cuando entró a su piso en diciembre, meses después de dejarlo a toda prisa, fue impactante. “La última vez que entramos fue en diciembre, para coger ropa de invierno. Cuando entramos en mi comedor, tenía un 6% de desnivel hacia abajo”, explica. Todo en cuestión de meses. El jueves, los bomberos tuvieron problemas para abrir muchas puertas. Ella compró la casa en 2019 y la reformó. En cuestión de menos de dos años, pero sobre todo después de Filomena, comenzó a ver las grietas premonitorias. Esas fisuras comenzaron a hacerse más grandes, y a hacerse notar de otras formas: “Es un sonido indescriptible. Sobre todo por la noche, no se oye nada y de repente escuchabas el crujido. Yo en verano no dormía ya del miedo”.
Viviendas afectadas en 15 calles
“De todo el recorrido de la línea 7B del metro solo hay un tramo que está dando problemas prácticamente desde que se terminó de construir”. Eloy Rodríguez, portavoz de la Plataforma de afectados por las obras de la línea 7B del metro de Madrid, explica que en un primer momento estaba planeado otro recorrido.
“El recorrido inicial era toda una línea recta desde el estadio olímpico. El problema viene cuando se modifica el trazado y se hace una curva sin estudios de ningún tipo, en una zona con unas placas enormes de yeso”, explica. El motivo del cambio: Esperanza Aguirre quería inaugurar, a las puertas de su reelección, dos estaciones nuevas para conectar el flamante Hospital del Henares.
En 2008, un grupo de geólogos de la Universidad Autónoma de Madrid advirtió en un estudio sobre las dificultades que presentaba el terreno sobre el que se había construido la línea. Un año antes, un informe de la dirección facultativa de la obra al que tuvo acceso después este diario exponía los problemas del cambio de trazado.
“Ya se dijo que o se ponían medios en ese momento, o podía peligrar en un futuro la inestabilidad de la estructura del túnel y de las viviendas cercanas -continúa Rodríguez—. Y del año 2008 hasta aquí ha sido un rosario. Hay viviendas afectadas en 15 calles de San Fernando de Henares, prácticamente todas en la vertical del túnel”.
Además de las viviendas, otros edificios han tenido que cerrar por los desperfectos provocados por el metro. “Escuelas infantiles, dependencias municipales, escuelas de idiomas y de adultos”, entre otros, explica Rodríguez. “En cinco años la Comunidad no ha dado ninguna alternativa” a estas instalaciones, afirma el portavoz.
Solo hace unos meses, el Gobierno autonómico reconoció públicamente que la situación que se vive en San Fernando de Henares tiene relación directa con las obras del tramo de la línea 7B, a pesar de que los problemas comenzaron hace 12 años y que incluso hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 2019, que concluye que la responsabilidad fue de la administración por “no tener en cuenta las singularidades del terreno”.
Mientras tanto hay vecinos, según explica el portavoz, que llevan todo ese tiempo viviendo con esas grietas. Algunos han intentado repararlas, pero el problema es que los bloques cuentan con daños estructurales.
El 30 de septiembre del año pasado, el consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, habló en una entrevista en Telemadrid sobre la situación que estaban viviendo los vecinos. “Queremos que cuando ellos vuelvan puedan volver con la absoluta tranquilidad de que es el edificio más sólido de España”, aseguró entonces Pérez. En la actualidad, prosigue Eloy Rodríguez, “ese edificio va a ser derruido” después de que el pasado jueves los bomberos acompañaran a los vecinos a recoger sus cosas. “Aquí han pasado el problema de unos a otros”, lamenta.
Más desalojos en las calles aledañas
El problema, seguramente, no se quedará en las calles La Presa y Alberti. Alejandro ya está empaquetando sus cosas. Tiene, como otros vecinos, cuenta, varias cajas ya listas por si debe dejar su casa de un día para otro, como les pasó a Mari Carmen, a Eva o a Cecilio. “Estamos haciendo cajas con el pensamiento de que esto va a dejar de existir. Yo vivía aquí cuando era pequeño y esto dentro de poco será un solar sobre el que no se podrá construir por negligencia”, comenta este vecino de la calle Pablo de Olavide, paralela a La Presa. Según explica, la Comunidad de Madrid está empezando a expedientar cada vivienda, para individualizar los casos y estudiar si es necesario desalojar. El lapso que les han trasladado en las reuniones es de unos dos meses, pero no se fía.
La entrada de su casa está toda llena de grietas, que se se multiplican alrededor de los marcos de las puertas. Las ventanas y las puertas no cierran, con lo que el frío del invierno se cuela entre las rendijas. “Las paredes crujen, los suelos se levantan. Ahora mismo sobre el cabecero de mi cama tengo un agujero y tengo miedo de que se caiga algo cuando duermo”, cuenta.
Cecilio, que sabe de lo que habla porque lo ha vivido, echa un vistazo a su paralela, donde vive Alejandro, y pronostica que el desalojo es inminente. “Esto se va extendiendo, le tocará cada vez a más gente. El problema va a ser mucho más grande y la Comunidad de Madrid lo sabe”, comenta.
“Yo lo que pido es que, si has hecho una obra y por la razón que sea has generado un problema, arréglalo. Nos habéis sacado de nuestras casas, nos habéis arruinado la vida, tened la decencia de no dejarnos así meses”, reclama. “Al final, la decisión política de una persona con aires de grandeza te jode la vida. Jode la vida de las personas, la rompe”, reflexiona Mari Carmen. En la misma línea, Eva añade: “¿Que quieren llevar el metro a San Fernando? Genial. Pero que lo hubieran estudiado, porque a mí me han arruinado la vida”.