“¿Buscas el 11 de la calle Taburiente? Es aquí. Soy yo la que quieren echar”. Mariana Rodríguez está en la calle desde las ocho de la mañana, en la oscuridad. Espera en el portal de su casa a los vecinos y amigos que le habían asegurado que estarían a su lado en “el peor día de su vida”. No para de llorar. Con la orden de desalojo entre las manos y la chaqueta cerrada hasta la barbilla, abre la puerta de su piso. Dentro, solo quedan unos muebles viejos que no valen nada: prefirió sacar sus pertenencias ante el miedo de perderlo todo una vez que cambiaran la cerradura. Finalmente, los vecinos del barrio acudieron a su llamada de ayuda y consiguieron parar, momentáneamente, el desahucio. Rodríguez y su madre, Magdalena, de 82 años, tendrán un mes más para seguir luchando.
“Os quiero agradecer de corazón por haber venido a apoyarme. Pase lo que pase con mi casa, yo seguiré ayudando a los demás. Lo que me está pasando a mí le pasa a mucha gente todos los días”, ha dicho Rodríguez a sus vecinos. No le falta razón. Cada año se producen en España unos 100 desahucios al día. Sus víctimas suelen ser familias que, por falta de recursos, ahogadas por dos crisis económicas en poco más de una década, no pueden seguir pagando la hipoteca o el alquiler.
Mariana dejó de pagar al banco en 2013, cuando se quedó sin trabajo y tuvo que elegir entre seguir pagando 1.200 de hipoteca o hacer la compra para dar de comer a su madre. El banco, sin embargo, vendió la casa a un fondo de inversión, que, de facto, ya es el propietario de la vivienda. “No vamos a poder hacer nada para recuperarla, lo sé. Tampoco voy a volver a ver todo lo que pagué hasta ahora. Lo único que quiero es que me quiten la deuda para poder empezar de cero en otro lugar”, pide Rodríguez, que además de quedarse sin vivienda, tiene la obligación de seguir pagando lo que queda de la hipoteca al fondo buitre.
“Este desahucio es irregular. No entendemos cómo no se le reconoce el derecho a quedarse hasta diciembre, como lo establece la ley. Está claro que se trata de una familia vulnerable”, explica Alejandra Jacinto, diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, que lleva una década luchando contra los desahucios. El real decreto del Gobierno sobre desahucios, conocido como escudo social y ampliado hasta el 31 de diciembre de 2022, impide que las familias vulnerables puedan acabar en la calle por el impago de la hipoteca o del alquiler. Sin embargo, Mariana no ha conseguido demostrar su situación de vulnerabilidad, a pesar de estar desempleada desde hace varios meses y cuidar de su madre de 82 años. La pensión de Magdalena, 412 euros mensuales, representa el único ingreso de esta familia.
“Lo que más pena me da es mi madre. No quiero que se vaya a una residencia a vivir sola, quiero encontrar un lugar donde podamos seguir las dos juntas”, afirma. Magdalena no asistió al intento de desahucio. Este lunes de madrugada unos vecinos la llevaron a Urgencias después de una bajada de tensión tras ver a su hija tan agitada. “Si hubiera sabido que íbamos a pasar por esto, nunca la hubiera traído desde Ecuador”.
Rodríguez llegó a España hace veinte años en búsqueda de una vida mejor para su madre. Tras unos años viviendo de alquiler, una amiga la convenció de comprar una casa, asegurándole que era mejor pagar una hipoteca y quedarse con el piso al final. “Maldito el día que le hice caso. Allí fue cuando nos arruinamos”. Rodríguez y su expareja compraron la casa en San Blas en 2008, poco antes del estallido de la crisis. Durante años consiguieron pagar la hipoteca que le debían al banco, hasta que Mariana se quedó sin trabajo.
“Estaba de limpiadora en un hotel. Nada que ver con el trabajo que tenía en Ecuador. Allí era educadora de niños, me encantaba”, recuerda con nostalgia. Perdió el trabajo cuando pidió una baja por problemas de salud que se extendieron unos meses. “Tenía la espalda fatal, demasiadas horas haciendo camas”, explica. Empezó a trabajar como limpiadora en casas, pero los ingresos no eran suficientes para pagar la hipoteca.
Este lunes, Jacinto revisó todos los papeles de Mariana y consiguió, junto a la resistencia de los vecinos, que la comisión decidiera no ejecutar el desahucio hasta el próximo 25 de noviembre. “Ese día vamos a volver con las furgonetas de la Policía y vamos a ejecutar”, amenazó un miembro de la comisión frente a Rodríguez, que no pudo con la presión y se desmayó en medio de la calle.
La próxima cita con la comisión de desahucio es dentro de un mes, el 25 de noviembre a las nueve de la mañana. Mariana ya la tiene marcada en rojo en su calendario. Sabe que no va a poder recuperar la casa, pero espera por lo menos obtener una vivienda en alquiler social donde quedarse con su madre. “Y que me quiten la deuda, por dios. No me puedo quedar esclava de por vida del fondo buitre, por favor”, reza en el portal de la que fue su casa durante más de diez años.