César Pinto abre la puerta de su modesto despacho en Gran Vía. Es un habitáculo, dispuesto en hilera con otros despachos pequeños en un larguísimo y estrecho pasillo. Tiene una mesa, un ordenador y una estantería con varias decenas de libros, algunos sobre desahucios. Nunca pensó, en su trayectoria de 20 años como abogado de oficio, que fuera a encadenar tantos casos de vivienda.“Hace ocho años era inimaginable. No llegaba nada”.
En 2013 logró ganar una sentencia pionera en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que evitó el desahucio de una familia española y hace dos semanas ha conseguido con otro fallo abrir la puerta a la reversión de la venta de viviendas públicas de la Comunidad de Madrid a un fondo buitre. Las dos tienen en común la perseverancia, varios recursos y muchos tiempos de espera, asegura. La sentencia del IVIMA ha tardado cinco años en llegar. “Por el camino algunos se rinden. Es normal. Resulta agotador y estresante, pero al final llega”.
¿Cómo llegó al caso de Rachid?
Él solicitó asistencia jurídica gratuita y me llegó a mí por carta hace cinco o seis años. Ha sido un proceso largo. El juzgado de primera instancia nos dijo que no lo admitía porque un inquilino dentro de la vivienda no podía recurrir la decisión de la Comunidad de vender pisos públicos a Goldman-Sachs. Es lo más cómodo para los órfanos judiciales, decir que no, porque así no tienen que entrar al fondo de la cuestión. Luego fuimos al TSJM y dijo lo mismo. Nos tocaba ir al Supremo. Yo no me creía que nos lo fueran a admitir el recurso, pero pasó porque lo que estábamos reclamando, consideró el tribunal, tenía relevancia e interés objetivo. Así que la causa volvió al juzgado de primera instancia de nuevo y ganamos.
Han tenido que pasar cinco años para eso.
Todo lo contencioso va muy lento. Pero aquí además tuvimos un primer obtáculo, y era que ni siquiera se reconocía el derecho del vecino a recurrir.
¿Por qué es tan importante este fallo?
Lo primero que dice la sentencia es que la Comunidad de Madrid –presidida en 2013 por Ignacio González– no tenía ninguna justificación para hacer lo que hizo: vender bienes inmuebles destinados a personas en exclusión. Es un absurdo que tu tengas obligación de dar una protección a una población vulnerable y que, sin embargo, te dediques a vender los bienes con los que proteges. Eso implica dejar en la calle a mucha gente, sin darse cuenta o con mala fe. Eso no lo sé. Con el cambio de manos roban a los inquilinos el derecho a ampararse en una serie de normas que les daban beneficios para reducir la renta. Rachid, por ejemplo, pagaba 50 y ahora 500.
Este fallo declara anulable la resolución que acordó la venta y las actuaciones posteriores. Para mí por lo menos tendría que aplicarse a las personas que acrediten que estaban en esas viviendas, y a las que el Gobierno debería ofrecer una alternativa habitacional. Eso para empezar, y la ejecución ya se verá en qué consiste. Para mí tendría que suponer volver a la situación anterior.
¿A que sean las 3.000 públicas de nuevo? ¿Ve cercana esta reversión?
Sí, que volvieran a manos públicas. Pero esto es muy complicado porque ha habido muchos desahucios, muchos se han marchado porque no podían pagar o porque les han ofrecido dinero para irse. Además, hay viviendas de esas que ya se han vendido a terceros que tampoco pueden resultar perjudicados. Pero al menos a los que se han marchado por obligación, analizar qué soluciones se les han dado y, en todo caso, indemnizarles por responsabilidad patrimonial por mal comportamiento.
La Comunidad de Madrid admite que no está de acuerdo con la venta pero aún así, como dice, ha recurrido la sentencia. ¿Cómo se justifica esto?
El problema es el quebranto económico que supone para la administración. Las casas se vendieron por algo más de 200 millones. No es solo devolver ese dinero sino los daños y perjuicios. La operación de ida fue rápida pero la de vuelta puede costar mucho más. Mas cuando han vaciado prácticamente los edificios. Así que, más que revertir, se trataría de dar protección a estas personas afectadas, que fueron adjudicatarios de un alquiler social y les han cambiado las condiciones globales. Eso incluso creo que se podría litigar teniendo en cuenta que hay una declaración judicial, como la de Rachid, que dice que la operación es contraria a derecho.
¿Es la sentencia de Rachid entonces una llave maestra para reabrir casos similares?
Sí lo es. Pero creo que más importante es la que conseguimos con Rachid en el Supremo. El reconocimiento de la capacidad de los inquilinos para recurrir. Las administraciones tienen obligaciones frente al ciudadano y que sus acciones deben estar vinculadas con esas necesidades sociales. No se trata de que mercantilmente vendan sino que tienen que justificarlo. Que esto lo diga el Supremo vincula al resto de órganos judiciales.
¿Cómo resumiría la operación de venta que la justicia ha puesto en cuestión?
Hay una cosa clara y es que no se tuvo para nada en cuenta a los inquilinos ni la situación que les dejaba. Fue un motivo financiero.
¿Cree que el Gobierno de Ignacio González, entonces, actuó con la certeza de que nadie le controlaba?
Yo creo que tenían esa sensación, sí. Hicieron esta operación con una apariencia de contratación pública y, con ese envoltorio, no se vieron obligados a justificar un interés social, pero no tenía sentido cuando la finalidad última del IVIMA es esa. Normalmente cuando hay contratación pública los únicos que pueden impugnar son los otros participantes, las otras empresas que optaban a ser compradoras. Y en el fondo, como estaban bastante relacionados, sabían que no lo iba a recurrir nadie. Nunca pensaron que los inquilinos iban a conseguir algo.
¿Y los inquilinos saben que tienen ese derecho? ¿Hay cultura de plantar cara a la administración?
En general hay muy pocos recursos. Pocos abogados. No hay mucho hábito y las administraciones no quieren ser controladas. Si esto existiera, no se llegaría a casos penales como se llega. El ciudadano no tiene costumbre de impugnar ante la administración porque piensa que es lento, porque piensa que siempre le van a dar la razón a la administración... Y entonces los que van recurriendo son las empresas y no las personas que no tienen muchos medios.
Se destaca del caso de Rachid el hecho de que haya sido un recurso individual y que lo haya llevado un abogado del turno de oficio, ¿por qué cree que sorprende?
Las personas que no conocen el servicio creen que no tenemos preocupación por los casos. Y como está tan mal pagado se piensa que eso justifica una mala actuación. El turno de oficio es un servicio público como Sanidad y Educación. Estas dos cosas todos los necesitan, pero cuando se trata de abogados de oficio, se identifica siempre con penal y hay prejuicios. Y el derecho es mucho más amplio que el penal.
El ciudadano no tiene costumbre de impugnar ante la administración porque piensa que es lento, porque piensa que siempre le van a dar la razón a la administración... Pero llevar esos casos trasladan las preocupaciones y los problemas sociales a los jueces, que empiezan a enterarse. Además, si la administración no se siente controlada siempre actuará de un modo más arbitrario.
¿Qué le empuja a estar en el turno de oficio desde hace 20 años?
A mí me gusta. A las personas sin recursos la administración no les presta atención pero tienen todo el respaldo del derecho. Las administraciones toman decisiones sin preocuparse, como en el caso de las viviendas públicas. Y ahí se les puede pillar con recursos judiciales. Me ha gustado siempre aplicar los grandes principios a los casos pequeñitos porque a los grandes no hace falta. El poder alegar por las personas más vulnerables los derechos más fundamentales.
¿Se puede vivir de ser abogado de oficio?
No. Está muy mal pagado. En lo contencioso se cobran 300 euros por cada asunto en primera instancia, pero te llega a plazos y tarde. Cuando presentas la demanda, el 70%, y el 30% restante con la sentencia. Con estas cantidades nos vemos obligados a hacer otras cosas a la vez y por eso tenemos también mala fama, porque parece que no haces caso a las personas. Y es cierto que a veces no puedes estar al 100% del tiempo y los casos lo requieren. Es una carrera que eliges, por vocación tal vez en mi caso. Cada uno toma sus decisiones. En 20 años he aprendido mucho y, frente al escepticismo de algunos, con el derecho se pueden hacer muchas cosas poco a poco. El derecho es muy abstracto pero es que con él se puede ayudar a personas.
¿Le llegan muchos casos relacionados con vivienda?
Hace ocho años, nada. Desde 2010, sí. A mí me empezaron a llegar, como a mis compañeros, cosas que no me habían llegado nunca. Por ejemplo, solicitudes de entrada en domicilio del IVIMA para desalojar a personas de su casa. Los casos se multiplican por la crisis económica y también porque hay una sensibilidad en cuanto a los derechos sociales. Entre ellos la vivienda. Si no hay derechos sociales, no pueden ejercerse íntegramente los derechos fundamentales. Si una persona si no tiene unas condiciones de vida mínimas y casa mínima no tiene oportunidad para ejercer sus derechos.