Vox pide a la Comunidad de Madrid que identifique a las personas que han impartido talleres sobre diversidad afectivo-sexual en los colegios madrileños desde 2015. La portavoz de la formación de extrema derecha, Rocío Monasterio, ha registrado una petición de información en la Asamblea de Madrid para conocer la “relación de colegios en los que Cogam –la asociación LGTBI que los da– ha realizado actividades informativas, formativas o de otra índole”, con detalles sobre el “temario”, “una breve descripción de la actividad” y la identidad de los ponentes.
La formación de Santiago Abascal ya ha actuado de forma similar en el Parlamento Andaluz, donde solicitó identificar a los funcionarios que evalúan los casos de violencia de género para depurar “casos ideológicos”, y también en la Generalitat Valenciana, que no accedió a remitirles una lista de subvenciones a organizaciones LGTBI por considerarlo posible delito de odio
Ahora, Vox extiende este tipo de peticiones a la Comunidad de Madrid mientras intenta cerrar un acuerdo de investidura con el Partido Popular y Ciudadanos. Los tres partidos se reunieron este martes por primera vez y ahora tratan de encontrar una fórmula para hacer presidenta a Isabel Díaz Ayuso sin necesidad de firmar por escrito un pacto conjunto. Los votos de Vox son imprescindibles para que el gobierno de coalición acordado por Díaz Ayuso e Ignacio Aguado sea realidad.
A Ciudadanos, por su parte, no le parece discordante esta nueva solicitud de Vox. “Están en su derecho de pedir la información que consideren oportuna y la Comunidad de Madrid será la que tiene que valorar si es conforme a derecho o no”, ha declarado a los medios Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, tras conocer la petición del partido de extrema derecha.
“Estamos acosados por ellos”, dice Carmen García de Merlo, presidenta de Cogam. Desde la asociación denuncian una situación de “presión” e “insultos” en los últimos meses que estudiarán en los próximos días para tomar medidas, avanza su presidenta.
La diputada socialista, Carla Antonelli, que ha compartido en su cuenta de Twitter el registro de Vox, señala que la extrema derecha está “obsesionada” con el colectivo LGTBI y que ha iniciado en Madrid “una caza de brujas” contra ellos. “¿Va a admitir a trámite Ciudadanos y PP esta petición que vulnera la ley de protección de datos?”, se pregunta Antonelli.
Fuentes de la Consejería de Educación avanzan que no facilitarán esta información a Vox porque vulnera la ley de protección de datos y afirman que no tienen “un listado de acciones formativas” de cada colegio. “Está dentro de la autonomía de los centros. La Consejería no tiene por qué tener control sobre lo que se hace fuera del horario lectivo”, añaden las mismas fuentes. COGAM, sin embargo, señala que algunas de estas actividades sí se pueden hacer en horario de tutorías por iniciativa docente o del orientador u orientadora del centro. La decisión pasa primero por la Mesa de la Asamblea de Madrid, donde PP, Ciudadanos y Vox controlan cinco de los siete puestos.
Monasterio ya atacó durante la campaña electoral estos talleres afectivo-sexuales y trató de desacreditarlos con el argumento de que promovían la “zoofilia” en los niños y niñas, haciendo referencia a una suerte de manual para los voluntarios que los imparten. “Es una manipulación. Se trata de una guía que no se entrega a los menores y que es para trabajar la diversidad y prevenir el bullying lgtbifóbico. Está pensada para que los instructores tengan información suficiente porque además en muchas ocasiones se suelen comparar estas prácticas con la homosexualidad”, explicó entonces a eldiario.es Sara Guilló, técnica de educación de Cogam.
La organización lleva dos décadas impartiendo estas charlas en Madrid, donde cada vez más colegios las solicitan. Se han dado en alrededor de 80 centros públicos y concertados de la región. Vox considera que estos talleres son “adoctrinamiento” y deben eliminarse de los centros y ha emprendido su particular cruzada contra ellos incluyéndolos en su documento inicial de condiciones para negociar. Aunque esas exigencias ya se han rebajado.
El acuerdo firmado entre PP y Ciudadanos se compromete a garantizar, en un guiño a Vox, que en los colegios prevalecerán las “convicciones morales” de las familias. Y la candidata a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha avanzado que llevará la ley LGTBI madrileña al Parlamento para votar su modificación en este particular. “Recogemos el respeto y el consenso con las familias a la hora de hablar de algunas cuestiones en clase sobre cosas que afectan a temas morales”, dijo Díaz Ayuso al presentar el acuerdo.
La norma, aprobada por el Gobierno de Cristina Cifuentes con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, incluye la incorporación de estos contenidos en las aulas con el objetivo de que “ninguna persona sea discriminada por razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género”. No obstante, el impulso de estas actividades sigue dependiendo de la voluntad de los centros educativos.