Vox quiere hacer valer sus cuatro concejales en el Ayuntamiento de Madrid impulsado por los buenos resultados del pasado 10N. El partido de extrema derecha ha marcado este jueves sus exigencias para apoyar los presupuestos municipales, con los que, dicen, están de acuerdo en un “99%”. El 1% en discordia se corresponde a las partidas dedicadas a entidades sociales y a participación ciudadana.
Vox pide hacer desaparecer de las cuentas las ayudas a las asociaciones vecinales agrupadas en la FRAVM, a los colectivos contra la violencia de género, ecologistas o por la memoria histórica. Además, en un paso más, exigen dar una salida concreta a ese dinero, unos cinco millones de euros: crear unos “bonos canjeables” para 3.000 familias vulnerables de 150 euros al mes.
Las partidas en disputa suman unos 57 millones de euros y en su mayor parte corresponden a presupuesto y convocatorias no ejecutadas de 2016, 2017 y 2018 relacionadas con la participación ciudadana. El Gobierno de PP y Ciudadanos ya ha anunciado que está revisando los modelos y ha tomado decisiones como no convocar presupuestos participativos para 2020, aunque las cuentas recogen 50 millones de euros para ejecutar los que ya están en marcha.
En el desglose de ayudas que han presentado a la prensa, han incluido también 1,6 millones de euros para “asociaciones de la ideología de género, memoria histórica y chiringuitos de tipo pseudoecológico”; “1,7 millones dedicados a duplicidades que ya se hacen desde el gobierno” y la subvención a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) de algo más de 2 millones de euros, además de “240.000 euros que no han sido justificados”.
Vox ha presentado sus condiciones en una rueda de prensa en la que han mostrado fotografías impresas de personas en situación de pobreza energética. El partido de extrema derecha quiere reivindicar su influencia en las decisiones del Gobierno, pese a su mínima representación en el Ayuntamiento. “Somos parte de esos presupuestos”, ha dicho el portavoz municipal, Javier Ortega Smith que ha defendido que su grupo está marcando el paso y la “agenda” a PP y Ciudadanos.
“Somos un partido fiable, del cual los madrileños se pueden fiar. Lo que decimos en la campaña lo peleamos en el pacto de investidura, lo llevamos a nuestras proposiciones y hoy velamos por que estén en nuestros presupuestos”, ha añadido Ortega Smith. Las exigencias para las cuentas de 2020 son banderas ideológicas a las que Vox apela en contra de “consenso progre” desde que están dentro de las instituciones.
El portavoz municipal dice que ya ha comunicado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís cuáles son sus condiciones, aunque no la exigencia de dedicar las partidas que el grupo eliminaría para entregar una ayuda en forma de bono a las familias necesitadas. Pero Ortega Smith no ha revelado cuál es la respuesta del equipo municipal a estas peticiones. “Queremos ver si el equipo de gobierno opta por las familias más necesitadas o pretender seguir regando a los chiriguitos innecesarios para los madrileños”, ha dicho.
La portavoz del Gobierno bipartito, Inmaculada Sanz, asegura sin embargo que el equipo municipal aún no sabe “cuáles son las enmiendas” y verá “en qué se concretan las demandas”. “Nos sentaremos para intentar llegar a un acuerdo. Cuando hablamos de un presupuesto de 5.000 millones, la discrepancia es una parte muy pequeña”. Sanz ha descartado de nuevo el apoyo del PSOE o Más Madrid a las cuentas municipales. El líder del grupo socialista, Pepu Hernández, aseguró este miércoles que se estudiarían una abstención en la votación si se consideran sus enmiendas. Más Madrid, por su parte, ofreció esta semana sin éxito respaldar los presupuestos si se incorporaban seis medidas.
El Gobierno de Madrid ya hizo un guiño a Vox en el borrador de presupuestos aprobado el mes pasado con la eliminación de 16 millones de euros en subvenciones directas a organizaciones de la sociedad civil que nunca se concretaron nominalmente. Sin embargo, Ciudadanos ha manifestado públicamente en varias ocasiones que no está dispuesto a “dar un paso atrás en violencia de género” y tampoco a retirar subvenciones a una organización histórica como la FRAVM porque “llega donde a veces no llega el Ayuntamiento”.
El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, confirmó a principios de semana que las negociaciones seguían su curso y se mostraba confiado en llegar a un acuerdo. “Los detalles concretos se están negociando”, dijo. El Gobierno tiene de plazo hasta el día 20 de diciembre para lograr los apoyos necesarios para sacar adelante las cuentas.
Entre las propuestas de la extrema derecha también está la modificación de las ordenanzas fiscales para reducir ya en 2020 el IBI al mínimo legal. Aunque fuentes de Vox aseguran que este punto no será una “exigencia”.