Si Vox consigue gobernar el Ayuntamiento de la madrileña ciudad de Alcorcón contratará a la empresa Desokupa para desalojar viviendas. El portavoz de la extrema derecha en esa localidad, Pedro Moreno, ha anunciado en sus redes sociales un acuerdo con Daniel Esteve, un exportero de discoteca con antecedentes policiales, propietario de una de esas compañías de desocupaciones extrajudiciales cuyos métodos ha sancionado la Justicia.
Moreno anunció el acuerdo hace una semana en su cuenta de Twitter. “El otro día ya adelantaba que si gobernamos #Alcorcón será un Municipio hostil con las ocupaciones. Abriremos una oficina anti ocupaciones (sic)”, escribió el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de la ciudad, donde la formación cuenta con dos concejales. Moreno añadía que habían “empezado a trabajar” con Esteve para “dar forma al proyecto y ponerlo al servicio de los vecinos”. El político acompañaba el mensaje con una foto de ambos en la que el dueño de Desokupa gesticulaba para mostrar su bíceps en tensión.
La propia empresa ha publicado también el acuerdo en sus redes. Veremos cuántos ayuntamientos se unen a cambiar sus chiringuitos de Igualdad por una oficina contra la okupacion dirigidas por DESOKUPA! Por fin dinero público bien utilizado! Preparaos para la limpieza que vamos a hacer…“, ha escrito la compañía en un post acompañado con los emojis de un hacha, una bandera de España, una rata y dos bombas.
Unos días más tarde, el concejal especificaba en una entrevista al digital alcorconhoy.com que el acuerdo con Desokupa se concretaría si la formación de extrema derecha “gana las próximas elecciones municipales” en Alcorcón, que se celebrarán en mayo de 2023, o “si pasa a formar parte del Gobierno de la ciudad de cualquier otra manera”. “Si nosotros gobernamos, tenemos un acuerdo con Desokupa para poner a la empresa a disposición de los vecinos, para que desokupen todas aquellas vivienda, locales o inmuebles que estén ocupados en Alcorcón”, declaraba, al tiempo que especificaba que la empresa “trabaja bien”, “nunca ha tenido ningún problema” y “no ha pedido ningún juicio”.
La Justicia cuestiona sus métodos
Una sentencia del año pasado confirmó dos condena contra sendos trabajadores de una de estas empresas, Bastión Desokupa, que acudieron al domicilio de una mujer y la intimidaron para que abandonara la casa donde vivía con su pareja y una hija pequeña. Las dos personas “corpulentas, altas y musculadas” con su hostigamiento “actuaron por la vía de hecho para conseguir el desalojo del inmueble, quebrantando la voluntad de la moradora mediante el empleo de intimidación”, según la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid.
La sentencia detallaba que el “aspecto físico” de los condenados contribuyó “a la alarma o preocupación generada en la víctima, afectando a su libertad de obrar”. Son las mismas técnicas con las que opera Desokupa, toda una referencia en el sector que desde hace unos años utiliza además su gran repercusión mediática en redes y televisiones para profundizar sus extorsiones.
La empresa de Esteve se publicita en Instagram como una compañía “líder y pionera en el sector”, con más de “8.000 desocupaciones en 7 años”. En esa red tiene 160.000 seguidores, y en Youtube supera los 200.000. Desde estas cuentas, Esteve complementa la presencia física de sus trabajadores musculados con campañas de acoso: publica los rostros de los okupas a los que quiere expulsar o revela datos personales como números de teléfono. Estas prácticas, según los juristas consultados por este diario para un reportaje anterior, vulneran la normativa de protección de datos.
El de Alcorcón no sería el primer ayuntamiento que contrata los servicios de la plataforma de Esteve. En octubre, el Ayuntamiento de Premià de Dalt (Barcelona) anunció un acuerdo con la empresa para que lo asesorase en la materia. El municipio, de 10.400 habitantes, pactó abonar 3.000 euros + IVA a la compañía de Esteve durante un año por esos “servicios de asesoramiento”. El Ayuntamiento ha destacado en su comunicado el “método alternativo” que ofrece Desokupa porque “tiene por objeto la resolución amistosa de la controversia” y “evitar, en la medida de lo posible, un procedimiento judicial”.