Lunes negro del PP: el consejero de Economía, acorralado por la ‘trama eólica’ y el alcalde de Valladolid, juzgado

Fue un día negro para el PP de Castilla y León, aunque de consecuencias desconocidas hasta el día 24 de mayo. Con media de diferencia, dos de los pesos pesados de este partido en la región castellana y leonesa estaban contra las cuerdas. Uno, a las nueve y media de la mañana. Javier León de la Riva, el eterno y controvertido alcalde de Valladolid, fue juzgado por un delito de desobediencia. Otro, a las diez de la mañana se vio obligado a comparecer ante la Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León por las informaciones que ponen en duda la limpieza de las autorizaciones de parques eólicos en la región.

El PP trata de evitar pronunciarse ante estos dos asuntos. Pero no le queda más remedio que verlo en los medios de comunicación.

Porque lo que nunca quiso era ver al alcalde de Valladolid durante los últimos 20 años, y candidato del PP a las próximas elecciones municipales, sentado en el banquillo de los acusados. No deseaba que entrara en los juzgados, y ayer lo hizo por un delito de desobediencia, por unos supuestos retrasos en el cumplimiento de la sentencia que le obligaba a restablecer la legalidad en un edificio de la plaza Zorrilla de Valladolid, en el que vive de forma habitual y donde hubo un exceso de edificabilidad en unos trasteros.

Y León de la Riva, en su estilo, se exculpó en cada pregunta incómoda de la fiscal y del abogado de la acusación popular. Incluso se encaró con el letrado. Y hasta fue advertido por la juez. Pero el alcalde de Valladolid insistió una y otra vez que no tiene conocimientos jurídicos, porque él es “ginecólogo”. Y que todas las decisiones que adoptó se basaron “en lo que me decían los técnicos” y la “concejala de Urbanismo”.

Además, lo que no pudo hacer en el juicio lo hizo cuando terminó, cuando hizo declaraciones ante los medios de comunicación –tras salir por una puerta lateral del edificio de los juzgados de Valladolid- y lanzó una sospecha, que este procedimiento judicial lo inició “un fiscal de Madrid que había dado una conferencia a la Asociación que denunció la desobediencia”, en referencia al fiscal Antonio Vercher.

Pero no pudo impedir que ni la Fiscalía ni el abogado de la acusación popular, que representa a la Asociación de vecinos Antonio Machado, no se creyeran sus argumentos. La fiscal pidió una pena de 15 meses de inhabilitación para cargo público y una multa de 3.600 euros por un delito de desobediencia. Y el letrado reclamó dos años de inhabilitación y 90.000 euros de multa por un delito continuado de desobediencia.

Mientras tanto, Tomás Villanueva, consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, compareció ante la Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León para dar una explicación sobre las sospechas en las autorizaciones de los parques eólicos de la región.

Defendió la “rectitud y sujeción a la legalidad” de todos los expedientes de autorización para el desarrollo de parques eólicos en la Comunidad y mantuvo que su Consejería actuó “correctamente” y “con transparencia”.  Además, anunció que si de las investigaciones se detectase un perjuicio para los intereses públicos “la Junta a través de sus servicios jurídicos tomará activamente posición ante ello”.

Tomás Villanueva también pidió a los grupos políticos que valoren la “responsabilidad, seriedad y rigor” con la que “siempre ha obrado” la Junta y “no busquen tergiversar” las informaciones “con el solo objetivo de crear confusión en el momento político en el que nos encontramos”.

A Villanueva no le ha quedado más remedio que comparecer para responder a la denuncia de la Agencia Tributaria sobre el pago de 110 millones en comisiones. Y el PSOE arremetió contra él, a través de la portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Permanente, Ana Redondo, quien lo definió como el “chivo expiatorio” del PP en la presunta trama eólica porque “ya está amortizado”. 

Y, por su parte, el procurador de IU en las Cortes regionales, José María González, dijo que esas explicaciones “no valen” porque ha sido el propio PP quien ha puesto “frente al espejo” al consejero de Economía.

Fue un día negro para el PP de Castilla y León, aunque de consecuencias desconocidas hasta el día 24 de mayo. Con media de diferencia, dos de los pesos pesados de este partido en la región castellana y leonesa estaban contra las cuerdas. Uno, a las nueve y media de la mañana. Javier León de la Riva, el eterno y controvertido alcalde de Valladolid, fue juzgado por un delito de desobediencia. Otro, a las diez de la mañana se vio obligado a comparecer ante la Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León por las informaciones que ponen en duda la limpieza de las autorizaciones de parques eólicos en la región.

El PP trata de evitar pronunciarse ante estos dos asuntos. Pero no le queda más remedio que verlo en los medios de comunicación.