¿Va a haber en España una Tangentópolis a la italiana?

¿Puede la corrupción de la política española terminar en algo parecido a la Tangentopolis italiana que hace 20 años derribó el sistema político que llevaba medio siglo en el poder en aquel país? La verdad es que entre una y otra situación hay unas cuantas coincidencias importantes. Aunque también algunas diferencias relevantes. Con lo cual, en estos momentos, no es fácil hacer pronósticos sobre la base de ese precedente. Sin embargo, recordarlos puede ser útil para entender lo que puede estar pasando más allá de las informaciones puntuales y, sobre todo, vislumbrar lo que podría ocurrir.

Tangentopolis –de tangente, es decir, comisión que se paga a los políticos a cambio de favores- comenzó oficialmente el 17 de febrero de 1992. Ese día, Antonio Di Pietro, un fiscal del tribunal de Milán que hasta entonces nadie conocía, detuvo en esa ciudad a Mario Chiesa, un dirigente relativamente importante del Partido Socialista Italiano (PSI) cuando estaba metiendo en su caja fuerte el sobre con 8.000 euros que acababa de entregarle un pequeño empresario de Módena, Luca Magni. Era el precio que éste tenía que pagar para obtener el permiso para llevar a cabo un proyecto de construcción y la última de las muchas comisiones que Magni había pagado en los últimos años.

Harto de pagar, el empresario denunció el chantaje a la justicia y se avino a entrevistarse con Chiesa llevando un micrófono oculto en su cuerpo. A Chiesa, por tanto, le cogieron con las manos en la masa. Di Pietro lo metió en la cárcel, pero mantuvo oculto el asunto a los ojos de la prensa, hasta que, algunas semanas después, se celebraron las elecciones generales. Que ganaron, como ocurría desde hacía medio siglo, los democristianos, pero en las que el Partido Socialista obtuvo los votos necesarios para que Craxi pudiera seguir siendo primer ministro en coalición con ellos, cargo que ocupaba desde hacía varios años.

Ese bloque político –DC-PSI- dominaba todos los resortes del poder central. Conformaba una clase política caduca, cerrada en sí misma, incapaz de cambiar, pero que seguía ganando elecciones gracias a un sistema electoral concebido únicamente para que nadie, y sobre todo la izquierda, los comunistas, pudieran sustituirle. Pero, además, estaba corrompida hasta el cuello. La corrupción en la Italia de aquellos años era un sistema regulado hasta el mínimo detalle, que implicaba a miles de políticos y a buena parte de los empresarios del país, incluidos los más importantes. Los máximos dirigentes de la DC y del PSI, (Giulio Andreotti, que años después sería condenado por complicidad en una asesinato de la Mafia, y Arnaldo Forlani, de un lado, y Bettino Craxi, de otro) se repartían las área de influencia de cada partido en ese sistema y coordinaban las operaciones al nivel más alto: Craxi hasta recibía maletines de dinero en su despacho.

Pasadas las elecciones, el fiscal Di Pietro anuncia la detención de Chiesa. Craxi dice que el PSI no tiene nada que ver con sus prácticas corruptas. Y el detenido, que se siente abandonado, empieza a cantar en la cárcel. Caen varios empresarios y otros políticos y el escándalo sale de Milán y se extiende a otras ciudades del país. Varios de esos políticos, que pertenecen tanto al PSI como a la DC, cantan, a su vez, y por lo mismo que Chiesa, porque sienten que su partido les ha dejado tirados.

El escándalo explota en los medios de comunicación. Hasta entonces, y desde hacía muchos años, toda Italia sabía que la corrupción campaba a sus anchas en el mundo político, pero la ley de silencio había imperado sin fallos. Pero ahora había indicios claros de que el muro se estaba cuarteando. Y la consecuencia inmediata fue que ni Forlani, di Andreotti ni Craxi obtuvieron en el parlamento los votos necesarios para obtener la presidencia del gobierno: también la unidad interna de los partidos se estaba deshaciendo. Y dos hombres aparentemente lejanos de la corrupción, como el democristiano Pier Luigi Scalfaro y el socialista Giuliano Amato sustituyeron a sus jefes, en sus partidos y en el gobierno.

El 2 de septiembre de 1992 se produce el primer suicidio. El socialista Sergio Moroni se pega un tiro, dejando una carta en la que se declara culpable: en los dos años siguientes habrá, al menos, otros treinta suicidios. También por esas fechas se lanzan durísimas campañas de desprestigio contra el fiscal Di Pietro. Pero la opinión pública se pone abierta y activamente de su lado. Y en diciembre Di Pietro procesa a Bettino Craxi.

Cada día aparecen nuevas revelaciones, detalles, cuentas que confirman que el dinero de la corrupción no sólo iba a los partidos sino también a los políticos. No pocos habían amasado fortunas extraordinarias y tenían patrimonios de super-ricos.

Pero en abril de 1993 , el gobierno –que seguía siendo de coalición entre democristianos y socialistas- aprueba un decreto que despenaliza las prácticas de corrupción. Los jueces –Di Pietro ya no está sólo, junto a él trabajan decenas de magistrados en una operación que ya se llama “Mani pulite” (manos limpias)- acuden desesperados a las televisiones. Y la cosa funciona: Scalfaro, presidente de la república, se niega a firmar el decreto exculpatorio.

Y la gente sale a la calle para apoyar a Mani Pulite. Masivamente. Por todo el país. Y la justicia prosigue su avance: procesará a más de 2.500 personas, entre políticos y empresarios. Hasta que, en 1994, cae el gobierno y se convocan nuevas elecciones. En ese momento, aparece Berlusconi, el mayor empresario de Italia, que aunque lleva décadas corrompiendo a políticos ha logrado salir indemne de la catástrofe, no sin que Di Pietro haya intentando procesarle en varias ocasiones. Y gana las elecciones, instaurando una nuestra estructura de poder, de la que han desaparecido tanto la hasta entonces poderosísima Democracia Cristiana y el también muy influyente Partido Socialista, que desaparecen del mapa político.

Un último elemento a la hora de hacer comparaciones. Además del decisivo papel de los llamados “jueces de combate”, los medios de comunicación y la movilización ciudadana, la revolución que supuso Tangentopoli fue también posible gracias al hecho de que la clase empresarial italiana –a sus más altos niveles, pero asimismo en los bajos- manifestó entonces, aunque no en los periódicos, que ya no estaba dispuesta a soportar más el sistema de corrupción que imperaba en el país. Y por un sencilla razón: porque había crecido tanto que costaba demasiado y se estaba llevando sus beneficios por encima de lo que sus empresas podían soportar.

¿Puede la corrupción de la política española terminar en algo parecido a la Tangentopolis italiana que hace 20 años derribó el sistema político que llevaba medio siglo en el poder en aquel país? La verdad es que entre una y otra situación hay unas cuantas coincidencias importantes. Aunque también algunas diferencias relevantes. Con lo cual, en estos momentos, no es fácil hacer pronósticos sobre la base de ese precedente. Sin embargo, recordarlos puede ser útil para entender lo que puede estar pasando más allá de las informaciones puntuales y, sobre todo, vislumbrar lo que podría ocurrir.

Tangentopolis –de tangente, es decir, comisión que se paga a los políticos a cambio de favores- comenzó oficialmente el 17 de febrero de 1992. Ese día, Antonio Di Pietro, un fiscal del tribunal de Milán que hasta entonces nadie conocía, detuvo en esa ciudad a Mario Chiesa, un dirigente relativamente importante del Partido Socialista Italiano (PSI) cuando estaba metiendo en su caja fuerte el sobre con 8.000 euros que acababa de entregarle un pequeño empresario de Módena, Luca Magni. Era el precio que éste tenía que pagar para obtener el permiso para llevar a cabo un proyecto de construcción y la última de las muchas comisiones que Magni había pagado en los últimos años.