Podemos y Ahora Murcia consideran como “necesaria y urgente” la actuación de la Fiscalía contra el ex alcalde Miguel Ángel Cámara, aunque lamentan “que ha tenido que pasar mucho tiempo para que lleguemos a este punto, cuando era de dominio público que en el caso Nueva Condomina se había producido un fraude de cara a la ciudadanía”.
“Tal y como ya se ha visto en Valencia, empieza a vislumbrarse en Murcia que las políticas urbanísticas del PP en los últimos 20 años, han primado los intereses privados y especulativos por encima del interés general, haciendo dejación de su responsabilidad como gestores de lo público y forzando casi siempre la legalidad, hasta el punto, como podría demostrar la actuación del fiscal, de infringirla”.
Ahora Murcia y Podemos recuerdan, además, que “muchos de los colaboradores de Cámara siguen hoy en el Ayuntamiento, algunos de ellos como concejales, aunque entonces no lo fueran. Además, muchos de los técnicos implicados siguen desarrollando actualmente las mismas funciones, por lo que no existe una garantía de que este tipo de actuaciones no puedan volver repetirse”. Ante todo ello, la plataforma ciudadana, junto con Podemos, exigen que se depuren las responsabilidades no solo del ex alcalde sino de “todos los partícipes en esta trama”.
La concejala y portavoz de Ahora Murcia, Alicia Morales, ha señalado “el fiasco que han supuesto para Murcia las políticas urbanísticas del PP y su insolidario modelo de ciudad, que han supuesto para los vecinos una importante pérdida de patrimonio público y de ingresos”. “En definitiva”, explica la edil, “la ciudadanía es la gran perjudicada en este tipo de tramas, ya que todas las ganancias van a manos privadas, en menoscabo de la calidad de vida de los ciudadanos y de las políticas públicas del municipio”.
Morales destaca que “en un entramado que duró años y movió tanto dinero, la lógica apunta a que hay más personas implicadas”, por lo que pide que la Justicia “investigue a fondo”.
Además, señala que la responsabilidad de Cámara “es posible que deba ir más allá de la inhabilitación para empleo o cargo público, y que tenga posibles responsabilidades penales”. La concejala recuerda la circunstancia de que “una de las personas más importantes en este caso, Jesús Samper, que posiblemente podría haber aportado valiosa información, ha fallecido recientemente” y señala que desde la Comunidad Autónoma “se estaba al tanto de lo que se estaba produciendo y tampoco se hizo nada”.