La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, y el consejero de Agua, Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia, Antonio Luengo, han vuelto a ratificar la alianza de ambas comunidades en defensa del trasvase del Tajo-Segura y la horticultura del sureste español.
“Hoy se vuelve a visualizar esta alianza”, ha dicho Luengo en declaraciones a los medios tras reunirse con Crespo y representantes de PROEXPORT (Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia) y COEXPHAL (Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería) en Pulpí, Almería.
Ha valorado que más de la mitad de hortalizas que exporta España salen de “estas tierras”, las más “tecnificadas y avanzadas del mundo” porque estos agricultores saben que “tienen que estar a la vanguardia” para que sus cultivos sean rentables. “Ahora bien, necesitan de un elemento básico, el agua”, ha apuntado Luengo.
El consejero ha insistido en que los productores no quieren ayudas sino acceso a este recurso, reclamando al Gobierno que “deje de criminalizar al sector” y de “castigar” al levante español, dejando que funcione una “infraestructura básica, estratégica” que lleva 42 años conectando a cinco comunidades y ha propiciado “desarrollo económico, social y medio ambiental” a todo el Levante.
Por ello, tacha de “partidista, sectaria e ideológica” la decisión de incrementar los caudales ecológicos del Tajo y modificar las reglas de explotación, asegurando que esto reducirá en un 50% el agua que lleva a estas provincias.
“¿Cuál va a ser el siguiente trasvase que van a cerrar? En 2018 dijo Pedro Sánchez que su objetivo era cerrar los trasvases”, ha apuntado Luengo, sosteniendo acto seguido que la salud de un río se puede mejorar en la actualidad sin aumentar los caudales ecológicos.
En este sentido, ha apostado por dotar a Castilla-La Mancha con infraestructuras de depuración que permitan no verter aguas residuales al Tajo. También ha afirmado que la solución definitiva es un Plan Hidrológico Nacional que distribuya de forma adecuada el agua.
La solidaridad “hace país”
Por su parte, la consejera Crespo ha insistido en que es necesario defender la solidaridad entre territorios que “hace país, hace España”, subrayando la “sorpresa” que ha supuesto ver que se van a “modificar las reglas de juego”. “Pensábamos que iban a parar ahí”, ha dicho tras referirse a las protestas que tuvieron lugar “cuando empezaron a meter en la comisión del trasvase a personas que nada tenían que ver con lo técnico”. Por ello, considera que ésta es una “decisión política contra los intereses de Andalucía, Valencia y Murcia”, y un “favor a otro territorio pro cuestiones políticas”.
Y a recordado que 130.000 personas se benefician de este trasvase en Andalucía, donde 23.000 hectáreas aprovechan este agua. Por ello, ha pedido al Gobierno que “acabe ya con el acoso y derribo al trasvase a nuestra tierra”, informando de que el próximo 25 de mayo se reunirá con el secretario de Estado para abordar este asunto, entre otros.