La consejera de Educación afirma que Murcia no puede revertir los recortes y propone ceder competencias al Estado
Durante la Comisión de Educación celebrada en la mañana del 5 de octubre, la consejera Adela Martínez-Cachá ha asegurado que la Región de Murcia no puede asumir económicamente lo estipulado en el anteproyecto de Ley para revertir los recortes en educación del Real Decreto 14/2012. Las principales medidas que establece este anteproyecto de Ley son el descenso de la ratio de alumnos y de las horas lectivas del profesorado, algo que para Martínez-Cachá es inasumible por la “infrafinanciación que sufre la Región de Murcia”.
“Necesitamos una financiación justa e igualitaria entre CCAA para poder avanzar y mejorar en el sistema educativo”, ha expresado la consejera, al mismo tiempo que ha calificado como “fiesta” la reversión de los recortes educativos aprobada por el Gobierno de España: “Proponen que esa fiesta la paguen las Comunidades Autónomas. No hay memoria económica y no hay financiación adecuada para poder afrontar las medidas que proponen”.
Los cambios principales aprobados por el Consejo de Ministros para mejorar el sistema educativos son: la rebaja a 18 horas lectivas en Secundaria y a 23 horas en Primaria para los docentes. Para Martínez-Cachá esta decisión supondría un coste para el erario murciano de 400 millones de euros (100 millones al año): “Entiendo que Cantabria, que es la comunidad mejor financiada pueda afrontar esa reversión. Nosotros a día de hoy no la podemos afrontar”, ha criticado la consejera en la rueda de prensa posterior a la Comisión de Educación.
En este sentido, Martínez-Cachá ha señalado a la ministra de Educación, Isabel Celaá, porque su plan educativo “rompe con el principio de homogeneidad de las condiciones laborales de los docentes en función del territorio de España en el que desarrollen su labor”.
Con el objetivo de romper esa “inequidad” y “conseguir un pacto común por la educación”, la consejera se adhiere a la proposición realizada por López Miras a Pedro Sánchez durante su encuentro en la Moncloa: devolver algunas competencias educativas al Estado.
Este periódico se ha puesto en contacto con la consejería de Educación de la Región de Murcia para obtener más información sobre los motivos que aduce el Ejecutivo para transferir competencias educativas al Estado y para conocer cómo se gestionaría ese proceso. Desde esta institución han afirmado que con su propuesta pretenden facilitar que se produzca un “Pacto de Estado” y acabar con el “adoctrinamiento” en las aulas de los centros catalanes. Asimismo, respecto a cuáles de esas competencias serían cedidas al Estado, fuentes de la consejería de Educación se han limitado a declarar que abogan por “hacer un estudio serio para concretar qué competencias son susceptibles de ser devueltas”.
No es la primera vez que el Gobierno de Murcia ha situado a Cataluña en un lugar destacado de su agenda política, ya que, tal y como afirmó el presidente López Miras en septiembre de este año: “Si el sistema actual es incapaz de asegurar que no haya adoctrinamiento en las aulas de algunas comunidades, y de controlar los contenidos y los criterios en las aulas de toda España, yo seré el primer presidente de una comunidad que esté dispuesto a sentarse para entablar una reflexión profunda sobre la devolución de determinadas competencias al Estado”.
Los sindicatos critican a la consejera de Educación
CCOO ha afirmado que la devolución de las competencias educativas que plantea la consejera es un claro ejemplo de que “no está en condiciones de gestionar el sistema educativo desde la perspectiva del interés general”. En este sentido, desde el sindicato han invitado a Martínez-Cachá a que renuncie a su puesto y han recordado que su gestión se ha caracterizado por llevar a cabo “medidas que han favorecido a la enseñanza privada, en detrimento de la pública, como la concertación de los bachilleratos y la FP”. Para STERM Intersindical, el dinero invertido por el Gobierno murciano en fortalecer la educación concertada se ha incrementado este año en más de 17 millones de euros: “Uno de los mayores incrementos de todas las CCAA”.
El Sindicato Independiente de Docentes (SIDI) ha recordado a la consejera que “los cambios que propone el Ministerio no tratan ninguna reivindicación nueva, ya que es simplemente volver a las condiciones laborales que se aplicaban antes de los recortes de 2012. Hasta ese momento no había existido ningún inconveniente para asumir dichos costes”.
