El Llano del Beal es una pequeña población de Cartagena donde viven poco más de 1.300 habitantes, un lugar tranquilo a apenas 10 kilómetros de la costa. En esta pequeña diputación, que se puede atravesar en apenas cuatro minutos en coche, todos los vecinos comparten un inquilino incómodo que lleva más de 20 años instalado en la zona. Se trata de la balsa Jenny, un depósito de contaminantes mineros de más de 1.000 metros, situado a apenas cinco de algunas viviendas.
En 2001 el Gobierno Regional aceptó la cesión gratuita de los terrenos en los que se encuentran estos residuos para proceder a la restauración de la zona. De acuerdo con Ecologistas en Acción, se invirtieron 5.452.12 millones de euros en la descontaminación de la balsa, sin éxito. Tras dos décadas, el Gobierno de la Región de Murcia ha declarado de emergencia las obras y actuaciones para sellar la balsa Jenny, un mes después de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena le diese 20 días para cumplir esta medida cautelar.
El cierre de la zona costará 815.000 euros y llevará unos seis meses de trabajo. La obra consistirá en un “sistema de filtro activo de carbonato cálcico con barreras reactivas” y un “sistema de canalización y recogida de aguas pluviales de escorrentía e infiltración que atraviesan la parcela procedentes de la cuenca vertiente aguas arriba, esta canalización estará dotada de lechos de grava caliza”. Adicionalmente, la Dirección General de Medio Ambiente tendría que haber instalado “de inmediato” una valla que delimitase el perímetro de la balsa e impidiese el acceso de personas y fauna al interior del depósito: “No se ha producido ninguna medida práctica ni preventiva y urgentes que el juzgado planteó a la Administración regional, en concreto a la Dirección General de Medio Ambiente”, subraya Pedro Belmonte, miembro de Ecologistas en Acción.
El presidente de la Plataforma de Afectados por los Metales Pesados, Juan Ortuño, celebra la imposición de estas medidas para la protección del Mar Menor, pero les preocupa que la contaminación por vía aérea continúe llegando a los vecinos del Llano del Beal: “Las medidas lo único que van a hacer es quitar la acidez del agua, pero los vecinos aún sufrimos la erosión eólica”, explica Ortuño.
Para Belmonte, la balsa Jenny es uno de los grandes problemas medioambientales que tiene la Sierra Minera y de La Unión. El ecologista explica que existen muchas balsas estériles en la Sierra Minera de La Unión, además de balsas ácidas de Zinsa y los fosfoyesos radiactivos de los terrenos de El Hondón: “Para colmatar esto tenemos el problema no resuelto de la bahía de Portmán y la contaminación de nitratos y fosfatos en el Mar Menor”, recuerda Belmonte. “Un súmum de problemas medioambientales que, a nuestro juicio, tienen una arista de salud pública”, describe desde Ecologistas en Acción. “Estos residuos provocan la contaminación de suelos, acuíferos, producen la llegada de metales pesados al Mar Menor y también la dispersión aérea de partículas”, asegura.
“Regalo envenenado”
Durante la descontaminación fallida de la balsa Jenny en 2001 “no hubo vigilancia ni control de la forma en la que se ejecutó el proyecto, independientemente de que fuera mejor o peor”, apunta Pedro García, director de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE). Para el ecologista, la Administración no estableció las medidas para garantizar que el proyecto se ejecutase de manera adecuada: “Se malgastaron cinco millones de euros”.
“La Comunidad aceptó con todas las consecuencias el regalo envenenado de la balsa Jenny. El problema de estas cosas con el tiempo es que, independientemente de la responsabilidad penal, nadie asume su responsabilidad política”, lamenta García, que recuerda que el consejero de entonces, Antonio Cerdá, negó la existencia de la contaminación del Mar Menor y asistió la restauración de la balsa Jenny, “aceptando la donación de los terrenos y ejecutando el demencial proyecto que no se debería haber ejecutado con dinero público, al menos no de forma tan chapucera”.
El naturalista explica que la restauración de las zonas afectadas por la minería es obligación de los titulares de las explotaciones. Si los titulares de las explotaciones mantienen abierta la posibilidad de explotación de un recurso están obligados a tratar todas aquellas superficies que todavía tienen el inventario de recursos aprovechables. “Por sorprendente que parezca estas zonas abandonadas aún tienen la posibilidad de continuar con esa actividad, aunque en la mayor parte de los casos ya no sea rentable. Por tanto tienen la obligación de proceder a la restauración”, zanja García.
Más residuos en Los Blancos
El pasado 11 de mayo el Seprona tomó muestras sobre tres parcelas situadas junto al vertedero de residuos peligrosos Los Blancos, también ubicado en el Llano del Beal. Lo hicieron tras la petición realizada por la asociación Ecologistas en Acción al Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena en la causa abierta contra la empresa Portmán Golf por un presunto delito contra el medio ambiente por el retraso de ocho años en el sellado de esta antigua corta minera.
El juzgado ordenó en enero estas diligencias para aclarar si la fuga de residuos mineros denunciada por el Seprona en 2013. Los residuos de Los Blancos proceden de la balsa Jenny, de la que se trasladaron un millón de toneladas de material contaminado a este solar. Nueve años después, se investiga si se ha contaminado suelos agrícolas.