La plataforma Pacto por el Mar Menor ha calificado de “mera propaganda pagada con dinero público” el anuncio, por parte de la Comunidad Autónoma, de las intervenciones que deberán acometerse por parte de los agricultores en el entorno del Mar Menor. “No tiene más sentido que transmitir la sensación de que el Gobierno regional trabaja en la recuperación de la laguna y justificar su ya anunciada oposición a las enmiendas presentadas por la oposición al Decreto de Medidas Urgentes”, han defendido desde la Plataforma. Las enmiendas se debatirán el 10 de enero de 2018.
La Comunidad Autónoma envió una carta a 3.000 agricultores, asociaciones agrarias y Comunidades de Regantes, pertenecientes al Campo de Cartagena y con terrenos en la ribera del Mar Menor. En la misiva se facilita y asesora sobre la obligatoriedad de continuar con la aplicación del Decreto-Ley 1/2017 y adoptar medidas de mejora ambiental con el objetivo de avanzar en la preservación del entorno de la laguna para su recuperación total.
La carta señala que, a partir del próximo 7 de enero, será imprescindible el establecimiento de estructuras vegetales de barrera y conservación en la denominada Zona 1. El objetivo será el de minimizar los efectos de pérdida de suelo y escorrentías hacia el Mar Menor en caso de lluvias torrenciales y se les proporciona unas pautas y modelo a seguir para los proyectos de barreras vegetales que tienen que estar presentados antes de la entrada en vigor de este apartado del decreto.
Asimismo, para contrarrestar las dificultades que se encuentren los agricultores en la instalación de los setos y con el ánimo de continuar trabajando de forma conjunta en la preservación de la laguna, la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca ha creado un Grupo Técnico para estudiar las propuestas de aquellas explotaciones que hayan encontrado problemas.
Estas propuestas deberán presentarse antes del 7 de enero en el Registro General de la Comunidad Autónoma y se admitirá la realización de planes mancomunados que agrupen a los agricultores de una comunidad de regantes, cooperativas, sociedad, asociaciones, organizaciones profesionales o cualquier asociación de productores.
Se trata de una de las medidas incluidas en el Decreto-Ley 1/2017 que persigue la recuperación de la laguna y que se une a otras ya adoptadas por los agricultores de la franja más próxima al Mar Menor.
En este sentido, cabe mencionar que es necesario realizar todas las operaciones de cultivo, incluyendo la preparación del terreno, siguiendo la curva de nivel, quedando prohibido el laboreo a favor de pendiente. Asimismo, el Decreto-Ley prohíbe la aplicación de fertilizantes y, en definitiva, la implantación de cultivos a una distancia inferior a 100 metros medidos desde la ribera del Mar Menor así como el apilamiento temporal de estiércol más de 72 horas.
La Comunidad Autónoma ha establecido un programa de formación y asesoramiento con las Organizaciones Agrarias Profesionales sobre las obligaciones que tiene que cumplir el sector agrario en relación con el cumplimiento del Decreto-Ley 1/2017. Ya se han celebrado jornadas de información en municipios enclavados en el campo de Cartagena y, en los próximos días, se desarrollarán en las sedes de organizaciones agrarias y Comunidades de Regantes.
“Propaganda pagada con dinero público”
Desde Pacto por el Mar Menor han señalado que el referido e “insuficiente” Decreto-Ley 1/2017 se aprobó con el fin de poder llevar a efecto una reforma del mismo a la “mayor brevedad”. Además, a pesar de estar vigente desde abril de 2017 y de su carácter de urgencia, la Consejería de Agricultura notificó a los agricultores la necesidad de su cumplimiento el día 22 de diciembre, cuando ya habían transcurrido ocho meses.
Asimismo, la plataforma ciudadana ha indicado que las medidas recogidas en el mencionado anuncio son “del todo insuficientes” y no impedirán que el estado de degradación “siga avanzando”. La prohibición de cultivos a menos de 100 metros de la línea de costa de la que, además, quedan exceptuados los invernaderos, “es ridícula en un espacio natural de esta categoría”.
“Si se pretende la recuperación y protección del Mar Menor será precisa una normativa que establezca medidas mucho más ambiciosas y plazos urgentes de aplicación”, han defendido desde Pacto por el Mar Menor, que confía en que las enmiendas presentadas por la oposición, que representa a la mayoría de los electores, sean aprobadas y puestas en marcha lo antes posible.
Por otra parte, la plataforma se ha mostrado “escéptica” a la que las medidas vigentes y las que se planteen en un futuro próximo, “lleguen a cumplirse”. En este sentido, han criticado que pese a las “más de tres décadas de incumplimientos que con seguridad llevarán al banquillo de los acusados a varios cargos regionales, esta inercia no ha cambiado y se apuesta mas por defender el lucro de sectores y empresas muy concretos que por la defensa del patrimonio colectivo”.