Su meta es proteger al Mar Menor. Un grupo de movimientos ciudadanos de los municipios ribereños murcianos han puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para promover una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con la que dotar a la laguna salada de personalidad jurídica. Necesitan 500.000 firmas y tienen nueve meses. La cuenta atrás comenzó el sábado 28 de noviembre. “Estamos contentísimos porque hemos tenido una gran acogida y nos estamos coordinando para mandar los pliegos fuera de Murcia y que puedan apoyarnos desde otras comunidades”.
Habla sin poder esconder su alegría Adaisi García, una de las portavoces de Por un Mar Menor Vivo, impulsores junto al colectivo Banderas Negras de la recogida de firmas. La ideóloga de la propuesta es Teresa Vicente, profesora de Teoría y Filosofía del Derecho y directora de la recién creada Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la Universidad de Murcia (UMU) en colaboración con Amnistía Internacional, Ecologistas en Acción y la Asamblea regional.
La propuesta se llevó a la Asamblea Regional en julio, recuerda Ramón Pagán, portavoz de Pacto por el Mar Menor y uno de los impulsores de la iniciativa, pero resolvieron que no eran competentes para apoyar la ILP, “que sí ha sido aceptada por el Congreso de los Diputados, donde sabemos que tenemos apoyo de la mayoría”.
Pagán critica que si la Asamblea regional hubiera admitido a trámite esta iniciativa popular no hubiera hecho falta recoger las 500.000 firmas. “Ahora mismo se ha producido un cisma entre la Asamblea y la iniciativa popular”, que lo que busca es que el Mar Menor pueda ser defendido por cualquier asociación de carácter social que entienda que está siendo agredido en su ecosistema. En su opinión, el Gobierno regional está “muy presionado” por un sector económico importante que es el de la agricultura intensiva.
Federatarios por todo el país
“Cualquiera que nos quiera ayudar es bienvenido”, sigue Adaisi sobre la recogida de firmas. Ya tienen colaboradores en Barcelona, Zamora y Málaga. Y a pesar de la COVID-19 es positiva en sus pronósticos. “Tenemos ya un total de 3.000 firmas en una sola semana, creo que lo conseguiremos; y una vez agotado el plazo, podemos pedir una prórroga de 3 meses”. La adhesión a la campaña tiene que ser física porque su objetivo es que el Congreso de los Diputados reconozca esta iniciativa legislativa popular.
Cuentan con el apoyo de organizaciones como Greenpeace, Amnistía Internacional, Ecologistas en Acción, Pacto por el Mar Menor, el PSOE, Podemos, EQUO o el ayuntamiento socialista de Los Alcázares, que este verano asumió la propuesta de la ILP.
“Otros ayuntamientos del PP también lo pidieron; tres de los cuatro que conforman el Mar Menor lo han aprobado en sus plenos”, argumenta el alcalde de Los Alcázares, Mario Cervera, para dar a entender que no se trata de una idea que nazca de un partido político, sino “del clamor de una sociedad que está cansada de ver que no se actúa o que las medidas que se ponen en marcha son insuficientes para garantizar la regeneración del Mar Menor”.
La Asamblea Regional se desmarca de la recogida de firmas
El Gobierno de Murcia se encuentra incómodo ante la iniciativa popular lanzada. Prueba de ello es su la salida de un convenio con la Universidad de Murcia adscrito a una cátedra que estudia los Derechos Humanos y de la Naturaleza. Durante su presentación, la docente Teresa Vicente, que encabeza la actividad académica, señaló que entre los objetivos de la cátedra se encuentra recoger el medio millón de firmas para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor. El presidente de la mesa de la Cámara de la Asamblea Regional aseguró que no sabían nada al respecto y señaló que les habían “colado un gol por toda la escuadra”. De hecho, tres de los cinco partidos con representación en la Cámara autonómica –PP, Ciudadanos y Vox– mostraron su malestar. La supervivencia del acuerdo depende ahora del dictamen de los servicios jurídicos del Parlamento.
Mario Cervera, alcalde de Los Alcázares, considera el movimiento del Gobierno regional un error: “Una cosa es la recogida de firmas y otra es la cátedra; unir ambas cosas y politizarlas es grave y espero que la Asamblea regional recapacite”. Cervera, que ha pedido por carta a PP, Cs y Vox una reunión para abordar este asunto, ha anunciado que el Ayuntamiento de Los Alcázares asumirá los 3.000 euros que había aportado la Asamblea regional –adscritos al convenio– en caso de que finalmente se retiren.
“Si la Asamblea regional no se considera competente para hacer una ley que dote al Mar Menor de entidad jurídica, lo respetamos, pero los colaboradores de la cátedra han decidido elevar al Parlamento nacional la petición y para ello hacen falta medio millón de firmas”, argumentan desde la UMU.
“Nadie entiende de qué manera se puede separar esto”, lamenta Vicente. La jurista señala que por el mero hecho de intentar conseguir que el Mar Menor tenga derechos ya están a la “vanguardia jurídica”. “Nuestro caso ya se está estudiando en todo el mundo como uno de los casos en los que se está ejerciendo una vía para conseguir los derechos de un ecosistema de una gran riqueza en peligro”, añade.
Respecto a la polémica con la cátedra, la docente explica que su objetivo no era ese: “Ni está escrito, ni lo he dicho. Pero estoy muy contenta de que esté saliendo adelante, nosotros estamos haciendo uso de la ley y es lo bonito. Esto no tiene color político, es una nueva etapa de la justicia”.