El Mar Menor continúa en su agonizante estado y, tras diez días de rifirrafes por las competencias sobre la albufera, las fuerzas políticas nacionales y regionales parecen querer alinearse en favor de su recuperación. La reunión de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha permitido esbozar un aparente acuerdo para llevar a cabo medidas conjuntas para salvar la laguna. Un evidente cambio de tercio después de que el Gobierno regional haya negado el nuevo episodio de anoxia y luego haya hecho todo lo posible por exculparse de su responsabilidad del estado del entorno natural con análisis y propuestas sin respaldo científico.
Las altas temperaturas
La aparición de los primeros peces muertos el viernes 13 de agosto hizo saltar todas las alarmas. Plataformas ecologistas se acercaron a las zonas afectadas de la albufera para denunciar la situación. Pocos días después, un técnico de la Consejería de Medioambiente aseguró que el episodio de mortandad había sido producido por las “altas temperaturas”, argumento en el que se escudó el Gobierno regional y que fue refutado por el Instituto Oceanográfico, que no descartó una posible anoxia y la contaminación en el Mar Menor. La administración murciana aseguró que los valores de oxígeno eran correctos. Su justificación era que, de no ser así “hubiera afectado a muchas más especies”.
Tras negar la bolsa de anoxia, desde el Ejecutivo lanzaron una ofensiva contra la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y anunciaron que la denunciarían por su “inacción y falta de aplicación de medidas en pro de la protección y recuperación del Mar Menor, y tras su decisión de abandonarlo, permitiendo que cada día entren al ecosistema 30.000 metros cúbicos de agua dulce y 5.857 kilos de nutrientes”. La denuncia no se ha sustanciado, de momento.
Balones fuera: abrir el canal para oxigenar la albufera
Cinco días después, la propia Comunidad difundió un vídeo de la albufera en el que se puede ver una bolsa de anoxia que aparentemente intenta salir hacia el Mediterráneo por la gola de Marchamalo, un canal que conecta ambas masas de agua. La administración murciana utilizó esa pieza audiovisual como argumento para llevar adelante una de sus medidas más polémicas: abrir el canal para permitir que se oxigenara la albufera. Una propuesta que López Miras lanzó en su primera aparición tras cinco días de muerte diaria de especies marinas en el entorno natural. La iniciativa debe ser aprobada a nivel estatal, pero solo es apoyada por el comité de seguimiento del Mar Menor, que depende de la Consejería de Medioambiente, al tiempo que es ampliamente criticada por científicos independientes. El Colegio Oficial de Biólogos de la Región, emitió un comunicado acusando de “temeridad y actuación contraria a toda evidencia científica” la apertura de Marchamalo. Los biólogos expresaron su “honda preocupación” y recordaron que “mientras exista la agricultura intensiva de regadío los nutrientes acabarán indefectiblemente en el Mar Menor”.
El juego de las competencias
López Miras exigió también la transferencia de las competencias de costa y cuencas concernientes al Mar Menor, ya que aseguró estar con las “manos atadas” para aplicar políticas en favor de la albufera, petición que tildó de “paso contundente al frente”. La ministra calificó la petición de “un disparate y una cortina de humo”, y espetó al presidente murciano que “tiene competencias de sobra para hacer lo que tiene que hacer”
Cinco días después, el Ejecutivo regional anunció que prohibirá el uso de fertilizantes nitrogenados inorgánicos en la llamada 'zona 1' del Mar Menor, que afecta a terrenos de los municipios de San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y La Unión. También se comprometió a reducir a la mitad los plazos administrativos para tramitar expedientes sancionadores, necesarios para restituir los terrenos de regadío ilegales.
Vaciar el acuífero
El jefe del Ejecutivo murciano llegó a pedir el vaciado del acuífero que discurre hacia el Mar Menor –de competencia nacional–, y aseguró que “ya está contaminado, porque tiene 300.000 toneladas de nitratos de las últimas décadas de actividad”. “Mientras esto no se haga, seguirán llegando cada día miles y miles de kilos de nitratos al Mar Menor”, sentenció el presidente murciano en una entrevista en Espejo Público, y aseguró que los vertidos “no llegan de empresas agrícolas; la normativa de la Región impide que los cultivos lleven vertidos a la laguna y los pozos ilegales que lo hacían están precintados por la Guardia Civil”.
Reunión con Ribera y creación de una comisión
Finalmente, el presidente de Murcia se reunió con Teresa Ribera, la ministra de Transición Ecológica, con el objetivo de aparcar diferencias. Y así fue, aparentemente. Si bien reconocieron que en el orden de prioridades hay “discrepancias”, coincidieron en que hay mucho más acuerdo en la visión de conjunto que avance hacia el fin del vertido de aguas con nutrientes en el Mar Menor.
Según Ribera, que propuso reuniones cada seis meses, “el diálogo técnico en agricultura, medio ambiente y agua tiene que ser muy fluido entre las distintas administraciones competentes y cuando los técnicos detecten un problema, han de comunicarlo, porque hay una voluntad de resolverlo”.
“La convicción de la emergencia que teníamos delante nos ha hecho reforzar muchas cosas, a veces con la frustración de encontrarnos con algo que no nos permitía seguir avanzando, y hoy hemos dado un paso muy importante para velar por que se apliquen las normas”, ha añadido la ministra. Ribera aplaudió la prohibición autonómica del uso de fertilizantes nitrogenados inorgánicos en la zona de influencia directa en la laguna y la reducción a la mitad de todos los plazos administrativos en la tramitación de expedientes sancionadores en su ámbito.
No obstante, la ministra descartó por “desfasado” el Plan de Vertidos Cero que López Miras lleva reclamando desde hace varios días –de competencia nacional–, que solo prevé actuaciones en circuito cerrado y no introduce variables de corrección en origen, aunque ha indicado que algunas de sus medidas se pueden retomar redimensionándolas.
Sí reconoció, en cambio, la ministra de Transición Ecológica que en el abordaje de las 8.500 hectáreas ilegales diseminadas en el entorno de la laguna salada no tiene solo la Comunidad la última palabra al no tener la capacidad de cortar las bocas de suministro de los cultivos y anunció reuniones la próxima semana con las comunidades de regantes. Ribera llegó a proponer también comprar terrenos o llegar a acuerdos con los propietarios de los terrenos en la zona más próxima al entorno del Mar Menor para generar una zona de filtros verdes y mitigar la llegada de los nitratos al mar.