La franja limitada por la AP-7, la N-332 y la RM-12 hasta el Mar Menor se conoce como`zona 1´de la laguna. Es este territorio cultivado con regadío el que el Gobierno de Murcia se está planteando transformar en secano o ecológico en el decreto ley que pretende regular todas las actividades del Mar Menor planteado a raíz de la crisis medioambiental que supuso la mortandad masiva de peces el pasado 16 de octubre. Pero para algunos científicos y ecologistas no es suficiente.
El diagnóstico que, según denuncian Ecologistas en Acción, se ha impuesto es el de que la mayor parte de los nitratos y fosfatos llegan a la laguna a través de las aguas subterráneas y, de esa forma, la solución del `Vertido Cero´pasa por bombear el agua, desnitrificarla, verter la salmuera al Mar Mediterráneo y utilizar el agua restante para regar. “Esa es la solución redonda, la que le gusta a los agricultores y a los Gobiernos regional y central porque supone no tocar el sector económico que ha provocado la situación del Mar Menor”, apuntó Pedro Luengo, portavoz del grupo ecologista.
Según otros estudios que comparten la mayor parte de los científicos que se han marchado del comité que asesora al Gobierno regional sobre la laguna señalan que las descargas subterráneas de nitratos y fosfatos suponen un 15 ó 20% de la contaminación actual del Mar Menor, mientras que el resto entraría por la vía superficial y por arrastres de tierras cuando se producen lluvias. “La solución a eso es quitar el regadío”, apuntan desde Ecologistas en Acción.
“Sobre todo la primera franja, la famosa zona 1, tendría que hacer de tampón a la hora de captar los sedimentos con fertilizantes que vienen de más arriba. Ya sólo con transformarlo en secano no es suficiente porque encima hay otras 60.000 hectáreas de regadío y otras 50.000 de secano”, dijo el coordinador de la organización.
Los ecologistas creen que es necesario transformar los cultivos de regadío que rodean el Mar Menor en vegetación natural: humedales, estepas y masa forestal que capturen los sedimentos de modo que no lleguen por arrastre a la laguna. “Esas tierras valen mucho dinero, de eso no quiere hablar nadie”, apuntó Luengo.
“Cuando la tierra se tiene que recuperar hay que dejar de cultivar. Es necesaria una moratoria para que paremos y pensemos a dónde ir”, señaló José Molina, presidente del Consejo de Transparencia de la Región y miembro de Economistas Frente a la Crisis.
“Esto es ya un tema de corrupción sistémica y ha penetrado en el hecho de que las administraciones local, autonómica y nacional miraran para otro lado. Es más fácil decir que el Estado tiene la culpa de todo. A lo mejor esta protesta pública de la ciudadanía tendríamos que haberla hecho hace muchísimo tiempo”, señaló Molina en referencia a la manifestación convocada por diversas asociaciones de vecinos y ecologistas esta tarde en Cartagena en protesta por el desastre medioambiental.
Se espera una asistencia multitudinaria a la manifestación, que recorrerá durante más de tres horas las calles de la ciudad portuaria bajo el lema ‘S.O.S. Mar Menor. Por un Mar Menor con futuro’.
Esta manifestación, que se espera que sea “histórica”, fue convocada una semana antes del episodio de los peces muertos por la Federación de AA.VV, Consumidores y Usuarios de Cartagena y Comarca (FAVCAC) 'Fernando Garrido', el Pacto por el Mar Menor, Anse y Ecologistas en Acción.
La concentración terminará en la Asamblea Regional, donde se leerá un manifiesto. Se prevé que todas las fuerzas políticas –a título personal y sin distintivos- estén representadas en la manifestación, a la que acudirá incluso el consejero de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Luengo; además de la ex ministra de Medio Ambiente y presidenta del PSOE, Cristina Narbona, o el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero.
La agricultura de regadío del Campo de Cartagena, “una de las más rentables”
“Siempre hay que hacerse una pregunta: ¿puede solucionarlo el que ha sido causante de la catástrofe? El que ha gestionado mal no puede decir ahora que lo va a hacer mejor. No tenemos otro Mar Menor y ahora tenemos que pagar entre todos la reconversión de esa naturaleza muerta”, añadió el presidente del Consejo de Transparencia.
En solo tres años, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha pasado de negar la existencia de regadíos ilegales en el Campo de Cartagena a reconocer 9.500 hectáreas de cultivos que no tienen autorización para usar el agua que consumen sus producciones. Son cifras estimadas aportadas la semana pasada por el Ministerio para la Transición Ecológica en una hoja de ruta que se trasladó al Gobierno regional con diversas medidas para la recuperación integral del Mar Menor.
Este reconocimiento supone un salto cuántico y viene a confirmar en parte las conclusiones de un informe de Anse (Asociación de Naturalistas del Sureste) y WWF de hace un año en el que se recogía que 12.165 hectáreas de regadío quedarían fuera de los límites establecidos por la CHS.
En esta investigación de los ecologistas, 'Burbuja del regadío en el Mar Menor', se detectaron 49.488, 17 hectáreas de regadío de las cuales solo 37.332 estaban recogidas en los derechos de aprovechamiento de aguas -cerca de un 20 por ciento, unas cifras similares a las que maneja ahora la CHS-.
La clave ahora estará en saber qué va a pasar con estos regadíos ilegales y cómo va a actuar la administración autonómica, sobre quién recae la responsabilidad de desmantelarlos.
La recuperación que según la comunidad científica será “muy compleja va a exigir una gran inversión, y un cambio estructural”. Falta por evaluar, además, el costo que tendrá la desaparición de los regadíos irregulares, y ver quién los va asumir para cortarlos y regresar a la situación original.
La mayor parte de estos terrenos, además, están concentrados en unas pocas manos, “de gente muy poderosa”, señalan fuentes cercanas a las investigaciones sobre los vertidos del Campo de Cartagena y que critican la tolerancia total con la que se ha actuado en las últimas décadas.
La agricultura de regadío del Campo de Cartagena (entorno del Mar Menor), según el informe de Anse y WWF, “está reconocida como una de las más rentables a escala regional y nacional; la CHS estima que alcanza un valor de producción bruto con tarifa de más de 634,5 millones de euros anuales, en cifras de 2015”.