El Secretario General de Podemos, y Portavoz del Grupo en la Asamblea Regional, Óscar Urralburu, ha manifestado que detrás del futuro Proyecto de Ley de Aceleración económica que presentará el PP, con la alianza de C's, “se esconde un paso más en su intención de destruir los todos los controles medioambientales que quedan en nuestra legislación y ”nos preocupan las consecuencias irreversibles que esto tendrá sobre nuestro entorno y las generaciones futuras, ya que el medioambiente se va a quedar en manos de quienes quieren explotarlo“.
Así Urralburu ha puesto como síntoma de estos intereses el hecho de que el propio Fernando López Miras dejase claros sus objetivos cuando calificó de “desgracia” el cumplimiento de la normativa ambiental y ha añadido que “esta legislatura ha tenido suficientes catástrofes medioambientales para una década y queremos que el desastre del Mar Menor no se siga repitiendo y se convierta en un precedente para el patrimonio natural que es de todos los que habitamos esta”.
Por su parte la diputada regional, María Giménez, ha afirmado que “no podemos permitir que se habiliten instrumentos de planificación que lo único que hacen es crear inseguridad jurídica y permiten el expolio de nuestra naturaleza, contaminado y devorando nuestro entorno sin límites ni objeciones legales”.
Así, ha indicado Giménez que “con este nuevo acuerdo y el próximo trámite en la Asamblea Regional vemos como el medio ambiente en la Región agoniza en manos del PP” y como el gobierno “sigue sin aplicar la Ley de Medidas Urgentes para el Mar Menor y esperamos otro verano desastroso en cuanto a turismo. Desde luego la noticia de las banderas azules no ayuda”.
Finalmente ha añadido que “la solución vendrá ayudando a las empresas a ofrecer sus bienes y servicios de una forma sostenible y consciente con el entorno y no saltarse la Ley, si no aplicarla, lo cual otorgará seguridad jurídica en lugar de incertidumbre”.
En este sentido, el responsable del área de medioambiente de Podemos Región de Murcia, Ginés Ruiz, ha explicado que el borrador, de una Ley de Aceleración o de Simplificación Administrativa “denota un primer problema la falta de transparencia en la elaboración; y aún más si después se lleva a la Asamblea como Propuesta de Ley de un Grupo Parlamentario para así evitar los preceptivos informes de órganos consultivos, como el del Consejo Regional de la Transparencia”.
Ruiz ha subrayado que se van a “regularizar entre 20 y 30.000 empresas que hoy día están funcionando sin tener las licencias necesarias, fundamentalmente la licencias de actividad”, además de que existe una voluntad clara de derivar competencias ambientales a organismos que se rigen por normas de derecho privado, como es el INFO.
Por lo que en definitiva “se genera una inseguridad jurídica total, con medidas cuya legalidad es más que dudosa, y que en nada ayudan a crear ese pretendido espacio de mayor actividad empresarial, por lo que el Gobierno Regional del PP, lejos de venir a solucionar un problema, lo que hace es crear otros aún mayores”.