El Ministerio del Interior ha dado de baja como funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) a cuatro agentes que fueron condenados a cuatro años de prisión por los delitos de detención ilegal y homicidio por imprudencia en el caso de 'Cala Cortina', del que fue víctima el vecino cartagenero Diego Pérez.
Diego Pérez, un hombre con esquizofrenia, llamó a la comisaría de Cartagena la madrugada del 11 de marzo de 2014 para pedir ayuda diciendo que unos vecinos lo querían matar, se subió a un coche patrulla y desapareció hasta que su cuerpo apareció flotando en el mar con varias vértebras rotas quince días después.
Los hechos no fueron descubiertos hasta varios meses después, gracias a la información facilitada por un testigo protegido que reveló que la noche de la desaparición de Diego Pérez, vio como era introducido en un coche policial en la puerta de su vivienda.
Los agentes reconocieron que el 11 de marzo de 2014 recogieron a a la víctima en su domicilio y lo trasladaron en un coche policial hasta Cala Cortina, cerca del casco urbano, donde lo dejaron a su suerte y en cuya playa fue hallado su cadáver dos semanas más tarde.
A través de las resoluciones publicadas este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ministerio del Interior ha acordado la baja de cuatro de los cinco funcionarios policiales.
Según fuentes de las defensas, consideran que la baja del quinto agente se producirá en los próximos días, ya que todos ellos fueron condenados a las mismas penas tras el pacto de conformidad alcanzado con la fiscalía.
En concreto, los ahora exagentes fueron condenados respectivamente por los delitos de detención ilegal y de homicidio por imprudencia a dos años de prisión, dos de inhabilitación absoluta y otros dos de prisión e inhabilitación especial para formar parte de los cuerpos de seguridad del Estado. En un principio fue encausado también un sexto agente, quien falleció en 2015 por una enfermedad cuando estaba en prisión preventiva.
Según informa El Español, la sentencia también condenaba a los acusados a indemnizar conjunta y solidariamente a la hija del fallecido en la cantidad de 200.000 euros, de los que constan consignados 30.000 euros y a los cinco hermanos en la cantidad de 50.000 euros para cada uno de ellos, de los cuales están asignados en igual forma 30.000 euros. También se especificó que si la cantidad no era abonada por los exagentes, lo haría el Estado.