Antes de nada, me gustaría presentar algunos datos fríos e incontestables: las agresiones sexuales registradas en la Región de Murcia crecieron un 65% (de 576 a 951) el año pasado. ¿Saben quién fue víctima en el 99% de estos casos? Una mujer. A las mujeres, y esto no hay quien pueda negarlo, se nos sigue matando, violando y maltratando por el hecho de ser mujeres. Los datos pertenecen al último informe que presentó la Fiscalía en la Región. En él también apuntaba que el incremento de las agresiones sexuales es especialmente grave entre los menores de edad. En 87 casos, los agresores eran menores de edad. En 142, las víctimas eran menores, un dato que prácticamente dobla las cifras de 2022. Para quienes dicen que eso del machismo fue algo que sufrieron nuestras abuelas y madres: esa misma violencia sobrevuela y estalla contra los cuerpos de nuestras hijas.
Hay muchos responsables de esta situación. Uno de ellos es el sistema de justicia machista y patriarcal que hace y deshace a sus anchas en este país. No hace falta irse muy lejos: ahí tienen la sentencia que ha librado de cárcel a la red de empresarios proxenetas que operaba en la Región. Ese sistema, que permite que nueve bestias estén hoy en la calle, ha vuelto a demostrar que la vida de las mujeres no importa, ni siquiera siendo menores. Recuerden sus nombres: Juan Castejón Ardid, empresario y exvicepresidente de la CROEM, José Antonio Arce López, Juan Peque Álvarez, José Jara Albero, Antonio Giménez Pelegrín, Antonio Morales Nicolás y Juan Martínez Fernández. Españoles “de bien”, empresarios o “creadores de riqueza”, como los llama la derecha y la ultraderecha.
Yo creo que esta sentencia se estudiará en el futuro como uno de los capítulos más negros de nuestra justicia, el mayor escándalo judicial desde la primera sentencia de la Manada. Tirando del hilo se entienden muchas cosas. No solo es la sentencia. Tantas semanas después, muchas todavía seguimos esperando una declaración, una disculpa, una valoración -¡algo!- por parte del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región, Pasqual del Riquelme.
Tampoco olvidemos el sistema educativo, clave en la prevención. Permítanme que me retrotraiga a mayo de 2022. En el marco de un debate sobre el estado de la Región, Podemos sacó adelante una resolución por la que el Gobierno regional se comprometía a impartir en todos los centros educativos de la Región cursos de igualdad que incidieran en la prevención y detección de violencia machista. ¿Ustedes han leído algo al respecto desde entonces en los planes educativos de San Esteban? Yo no.
Igual, al Partido Popular, tan contento con su censura y su pin parental, le parece que no es un asunto urgente. Ahí va otra pila de datos: nueve de cada diez menores son consumidores de pornografía, pero el 90% de los padres y madres creen que sus hijos e hijas no ven porno; el 70% de los menores reciben contenidos pornográficos de forma involuntaria; la edad de inicio del consumo de estos contenidos se ha adelantado a los ocho años; aunque no toda la pornografía es del mismo tipo, gran parte de estos contenidos son extremadamente violentos y degradantes para las mujeres. Expertas como Mónica Alario aseguran que “hay una vinculación clarísima entre la pornografía que están consumiendo los adolescentes y la violencia sexual en grupo”. Ya les digo yo que con censura y pin parental no vamos a solucionar esta lacra. De hecho, la agravaremos: lo que necesitan nuestros jóvenes son herramientas para entender que las relaciones afectivas y sexuales no son lo que aparece en esas páginas. Necesitan saber lo que es el consentimiento. Necesitan saber que con denuncia o sin ella, el sexo sin consentimiento supone una agresión sexual.
¿Saben ustedes una de las cosas que más me ha sorprendido –y que más me enerva- a lo largo de mi experiencia parlamentaria? Observar cómo quien se pasa años negando la violencia machista, o mirando hacia otro lado, pone cara de preocupación en días como el 25N. Se tira –se tiran, son muchos- una semana lanzando eslóganes vacíos, se colocan en la foto y el 26 de noviembre a otra cosa. Les pongo un ejemplo: hace un año, el Gobierno regional afirmaba que el I Pacto regional contra la violencia de género concluía “con el 98 por ciento de las medidas de atención y prevención puestas en marcha”. Una farsa, como les decía. Este pacto jamás estuvo respaldado por una verdadera evaluación de la situación. ¿Se comprometió el Gobierno regional con las posibles fallas de su modelo de trabajo? ¡Qué va! Este año nos vienen con un Plan regional contra la violencia de género.
Hagamos caso a las palabras: de un ‘pacto’, pasamos a un ‘plan’. Ya no hay acuerdo ni unanimidad entre fuerzas políticas: la consejería de Política Social, Familias e Igualdad se legitima a través del Observatorio de Igualdad e imprime su nuevo eslogan. Recuérdenlo el próximo día 25, cuando vean con cara de tantísima preocupación a gente que no respeta en absoluto a las mujeres. Recuérdenlo cuando hagan como que están a nuestro lado.
Antes de nada, me gustaría presentar algunos datos fríos e incontestables: las agresiones sexuales registradas en la Región de Murcia crecieron un 65% (de 576 a 951) el año pasado. ¿Saben quién fue víctima en el 99% de estos casos? Una mujer. A las mujeres, y esto no hay quien pueda negarlo, se nos sigue matando, violando y maltratando por el hecho de ser mujeres. Los datos pertenecen al último informe que presentó la Fiscalía en la Región. En él también apuntaba que el incremento de las agresiones sexuales es especialmente grave entre los menores de edad. En 87 casos, los agresores eran menores de edad. En 142, las víctimas eran menores, un dato que prácticamente dobla las cifras de 2022. Para quienes dicen que eso del machismo fue algo que sufrieron nuestras abuelas y madres: esa misma violencia sobrevuela y estalla contra los cuerpos de nuestras hijas.
Hay muchos responsables de esta situación. Uno de ellos es el sistema de justicia machista y patriarcal que hace y deshace a sus anchas en este país. No hace falta irse muy lejos: ahí tienen la sentencia que ha librado de cárcel a la red de empresarios proxenetas que operaba en la Región. Ese sistema, que permite que nueve bestias estén hoy en la calle, ha vuelto a demostrar que la vida de las mujeres no importa, ni siquiera siendo menores. Recuerden sus nombres: Juan Castejón Ardid, empresario y exvicepresidente de la CROEM, José Antonio Arce López, Juan Peque Álvarez, José Jara Albero, Antonio Giménez Pelegrín, Antonio Morales Nicolás y Juan Martínez Fernández. Españoles “de bien”, empresarios o “creadores de riqueza”, como los llama la derecha y la ultraderecha.