Existe una cierta opinión generalizada de que al igual que la Constitución, y por ende la Transición, hubiera sido casi imposible edificarla con los actuales representantes políticos con que cuenta este país, es muy posible que el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, que acaba de cumplir 40 años, tampoco hubiera visto la luz con los mimbres con que ahora se cuenta para construir el cesto parlamentario. Repasando un poco la historia, a los más veteranos les sonarán los nombres de muchos de los artífices de todo aquello, tan distintos y distantes de los actuales, transcurridas más de cuatro décadas desde entonces. Y un dato, hoy felizmente superado, que no debería pasar desapercibido para nadie: ni una sola mujer entre ellos.
Fue un domingo de enero de 1978, cuando un grupo de destacados dirigentes regionales de los dos partidos mayoritarios, la Unión de Centro Democrático (UCD) y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), se reunieron en el hotel Conde de Floridablanca de la capital. Lo hicieron para intentar poner en marcha un proyecto coherente que articulara el futuro autonómico de la Región. De allí saldrían trascendentales acuerdos que se plasmarían en un pacto, suscrito a finales del mes de marzo, que llevó el nombre del citado establecimiento hotelero al que da título el Conde que fue don José Moñino y Redondo (1728-1808). Así, se constituyó una Asamblea de Parlamentarios que negociaría con el Ejecutivo estatal un anteproyecto de Real decreto-ley de preautonomía. La presidió el veterano senador centrista José Martínez Garre, mientras la comisión permanente de la misma la formaron Ricardo de la Cierva, Antonio Pérez Crespo y Joaquín Esteban Mompeán, por UCD, y Antonio López Pina y José Antonio Bordés Vila, por el PSOE. Un papel preponderante en esos contactos lo jugaría el también parlamentario socialista Ciriaco de Vicente; además se integrarían en la citada asamblea los diputados Mario Arnaldos y Jesús Martínez Pujalte (UCD) así como Francisco López Baeza y Francisco Vivas Palazón (PSOE), junto al senador Salvador Ripoll (UCD), todos ellos elegidos en los comicios del 15 de junio de 1977. Fueron también miembros de ese órgano José Antonio Da Casa (UCD), José Méndez (PSOE), Ceferino Bañón (AP), José Luis López Mesas (PCE), Francisco Martínez Pardo (PSP) y Francisco Artés Calero (ID), todos en calidad de representantes de aquellas fuerzas con presencia en el Parlamento del Estado.
En septiembre de 1978 se dio luz verde al decreto-ley que creaba la figura preautonómica para la Región de Murcia. En noviembre se constituyó el Consejo Regional como órgano de gobierno y lo formaron los parlamentarios de las Cortes Generales elegidos por la provincia junto a representantes del territorio más un representante de la Diputación Provincial. Su primer presidente, elegido en noviembre y por espacio de unos seis meses, sería el centrista Antonio Pérez Crespo, si bien luego le sucedería en mayo de 1979 un socialista, Andrés Hernández Ros, quien resultaría elegido tras las elecciones de ese año. Una comisión mixta Estado-Consejo Regional daría los primeros pasos tendentes a obtener unos incipientes acuerdos con el entonces ministro para las Regiones, Manuel Clavero Arévalo.
En marzo de 1979, el Consejo Regional aprobó la que se convertirá en bandera oficial de la Comunidad Autónoma de Murcia. Tenía fondo rojo carmesí y se basaba en un estudio elaborado un año antes por los profesores universitarios Torres Fontes y Jover Zamora en el que se consideraba que la enseña debía contener un conjunto de coronas, en número igual al de entidades comarcales que constituyen la Región, junto a cuatro castillos que expresaran la condición histórica de frontera del Reino de Murcia. Las cuatro torres representan los castillos de Aledo, Jumilla, Lorca y Mula. Que aparezcan siete coronas se puede atribuir también a que Murcia ha sido siete veces coronada por servicios al rey. Y es que en el año 1477 se le concedió a la ciudad de Murcia el título de muy noble y muy leal, debido al apoyo que los habitantes habían prestado a la Corona.
En junio de 1980, el Consejo Regional acordó iniciar lo que se viene a denominar proceso constituyente regional. Fue solo unos días después, concretamente el 11 de junio de 1980, cuando se constituyó una comisión redactora del anteproyecto de Estatuto, órgano compuesto por 25 miembros en representación de los partidos sentados en el mencionado Consejo Regional así como de aquellas fuerzas que, aun no estando presentes en el órgano de gobierno preautonómico, se quiso que se incorporaran a la tarea en tan trascendental momento. Formó parte de aquella comisión quien con el tiempo se convertiría en jefe del Ejecutivo, Carlos Collado Mena, que la presidió, así como Antonio Martínez Ovejero, Ciriaco de Vicente y José Plana, por el PSOE; Santiago Vidal, que fue secretario de la misma, José María Llamas, Ángel Morenilla y Andrés Santiago Arnaldos, por UCD; Juan Ramón Calero, por AP; Agustín Sánchez Trigueros, por el PCE; José Bonnet, por el PCAN, así como el independiente Mariano Yúfera.
Tras celebrar varios encuentros, que concluyeron a finales del mes de julio, se editó un documento que se repartió entre la ciudadanía para que se conociera el texto provisional, folleto que además adjuntaba las aportaciones que al articulado de forma alternativa presentaban los partidos allí personados. Tras un período de información pública, el texto se publicó en el Boletín Oficial del Consejo Regional. Corría el mes de octubre de 1980. Meses después –marzo de 1981–, la Asamblea de parlamentarios y diputados provinciales lo enviaba a las Cortes Generales y no sería hasta casi un año después –febrero de 1982– cuando se votaría en el Congreso de los Diputados. Ese anteproyecto obtuvo entonces un total de 266 votos a favor, ninguno en contra y 26 abstenciones. De allí pasó al Senado, donde también se aprobó, en el mes de mayo, si bien hubo que devolverlo a la Cámara Baja al haber sido enmendado. El 25 de mayo de 1982 se aprobaba definitivamente en el salón de plenos del Palacio de la Carrera de San Jerónimo por 258 votos a favor, 5 en contra y 17 abstenciones.
El rey Juan Carlos sancionó el Estatuto el 9 de junio de 1982 por lo que sería esa fecha, y no otra, la elegida para conmemorar desde entonces el Día de la Región de Murcia. Su publicación en el Boletín Oficial del Estado tuvo lugar diez días después, entrando en vigor el 10 de julio de ese mismo año. Ese día, algunos de sus ciudadanos se hallaban de vacaciones y muchos estaban dispuestos a contemplar, al día siguiente, la final del Campeonato del Mundo de fútbol en el que, de nuevo, la selección española nos había vuelto a decepcionar, a pesar de ser la anfitriona. Ganó Italia por 3 goles a 1 a la todavía República Federal Alemana, con su presidente, Sandro Pertini, de 86 años, dando saltos en el palco del Bernabéu como un tifosi más.
Existe una cierta opinión generalizada de que al igual que la Constitución, y por ende la Transición, hubiera sido casi imposible edificarla con los actuales representantes políticos con que cuenta este país, es muy posible que el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, que acaba de cumplir 40 años, tampoco hubiera visto la luz con los mimbres con que ahora se cuenta para construir el cesto parlamentario. Repasando un poco la historia, a los más veteranos les sonarán los nombres de muchos de los artífices de todo aquello, tan distintos y distantes de los actuales, transcurridas más de cuatro décadas desde entonces. Y un dato, hoy felizmente superado, que no debería pasar desapercibido para nadie: ni una sola mujer entre ellos.
Fue un domingo de enero de 1978, cuando un grupo de destacados dirigentes regionales de los dos partidos mayoritarios, la Unión de Centro Democrático (UCD) y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), se reunieron en el hotel Conde de Floridablanca de la capital. Lo hicieron para intentar poner en marcha un proyecto coherente que articulara el futuro autonómico de la Región. De allí saldrían trascendentales acuerdos que se plasmarían en un pacto, suscrito a finales del mes de marzo, que llevó el nombre del citado establecimiento hotelero al que da título el Conde que fue don José Moñino y Redondo (1728-1808). Así, se constituyó una Asamblea de Parlamentarios que negociaría con el Ejecutivo estatal un anteproyecto de Real decreto-ley de preautonomía. La presidió el veterano senador centrista José Martínez Garre, mientras la comisión permanente de la misma la formaron Ricardo de la Cierva, Antonio Pérez Crespo y Joaquín Esteban Mompeán, por UCD, y Antonio López Pina y José Antonio Bordés Vila, por el PSOE. Un papel preponderante en esos contactos lo jugaría el también parlamentario socialista Ciriaco de Vicente; además se integrarían en la citada asamblea los diputados Mario Arnaldos y Jesús Martínez Pujalte (UCD) así como Francisco López Baeza y Francisco Vivas Palazón (PSOE), junto al senador Salvador Ripoll (UCD), todos ellos elegidos en los comicios del 15 de junio de 1977. Fueron también miembros de ese órgano José Antonio Da Casa (UCD), José Méndez (PSOE), Ceferino Bañón (AP), José Luis López Mesas (PCE), Francisco Martínez Pardo (PSP) y Francisco Artés Calero (ID), todos en calidad de representantes de aquellas fuerzas con presencia en el Parlamento del Estado.