La peculiar forma en que en nuestro país se condujo la transición de la dictadura a la democracia ha supuesto que una de las grandes sacrificadas haya sido la Memoria Democrática. El hecho de que el general Franco muriera en la cama, a diferencia de Hitler y Mussolini, derrotados por las armas, y pese a los notables movimientos de oposición a la dictadura que se dieron en nuestro país, ha determinado la pervivencia de lo que muchos analistas denominan un ‘franquismo sociológico’ que está lastrando la democracia. Y una de las manifestaciones más notorias es el afloramiento de un revisionismo histórico cada vez más pujante y la preocupante emersión de una extrema derecha de nuevo cuño que apela, tanto al pasado franquista, como a un populismo que cuestiona los cimientos de las democracias occidentales y, por extensión, de la española.
Pero quizás sean la presencia de la simbología franquista en calles y plazas de nuestro país y la aparente normalidad con que se ha asumido, hasta ahora, por parte de los poderes del Estado, la existencia de fundaciones de origen franquista los elementos más preocupantes. Pese a la tibia Ley 52/2007 de Memoria Histórica, largamente incumplida con los gobiernos del PP, ese poso franquista impregna, consciente o inconscientemente, a muchas instituciones y relativiza la gravedad de aquel nefasto periodo histórico.
Lo que ocurre en España es impensable en Europa. Por poner un ejemplo, en Alemania no sería posible que el aeropuerto más importante del país, el de Frankfurt, llevara el nombre de un conocido aviador nazi, Hans-Ulrich Rudel, fundador de una organización de ayuda a muchos compatriotas nazis para escapar a América Latina, y que fue asesor en aquel continente de Juan Domingo Perón, y de los dictadores Augusto Pinochet y Alfredo Stroessner.
Juan de la Cierva, propuesto para denominar al aeropuerto de Murcia
Pero en nuestro país, que no ha roto definitivamente amarras con el franquismo, pueden darse situaciones inesperadas y desagradables para nuestra salud democrática. En nuestra Región de Murcia, sin duda una de las zonas más conservadoras de España, se han consolidado las pretensiones del sector más reaccionario. En días pasados, la prensa murciana confirmó la noticia, ya adelantada el pasado día 12 de abril de 2019, de que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, dio vía libre a que el aeropuerto de Corvera tenga el nombre del ingeniero murciano Juan de la Cierva, inventor del autogiro, pero también conspirador contra la República, saboteador en negocios de la misma y facilitador del golpe de Estado de 18 de julio de 1936. Y ello pese a la oposición de las asociaciones memorialistas y de destacadas personas del ámbito político regional. Si no se remedia, el nombre de ese personaje va a saludar a quienes lleguen al aeródromo murciano.
Sorprendente decisión por cuanto el mismo ministro, en un homenaje a Miguel Hernández celebrado días pasados en Valencia, anunció que ese insigne vate oriolano va a dar nombre al aeropuerto de Elche-El Altet. Doble vara de medir del ministro, pues en la Región hay nombres mucho menos polémicos y suficientemente representativos de los ámbitos de la Ciencia y la Cultura que han sido ignorados (Carmen Conde, José Luis Castillo-Puche, Miguel Espinosa, José María Párraga, Ramón Gaya, Isaac Peral…)
Hace ya tres años, el BORM número 24 de 2017 publicaba la moción 397 aprobada en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, en sesión celebrada el 4 de julio, sobre denominación del aeropuerto de Corvera como 'Aeropuerto Internacional de Murcia-Juan de la Cierva Codorníu', por cinco votos a favor (PP y Cs) y cuatro en contra (PSOE y Podemos). Pero lo sorprendente es que la abstención del PSOE en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados (cuando en Murcia había votado en contra) determinó que tal denominación saliera adelante, con los votos del PP, Ciudadanos y Foro de Asturias y el rechazo de Podemos y Compromís.
Por ello, y como ya informamos en un anterior artículo, la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia (FAMH-RM) ya dejó constancia a primeros de 2019 en la Dirección General de Memoria Democrática, en visita a Madrid, de su negativa a la trayectoria que estaba llevando el trámite de esa denominación a esa infraestructura murciana tanto por el Gobierno regional del PP como por la familia de dicho ingeniero. El director general de Memoria Democrática confesó a la delegación murciana no estar al corriente de ese tema, y prometió informarse y terciar en el mismo. El asunto siguió suscitando una cierta polémica en los medios de comunicación regionales, lo que no fue un obstáculo para que la iniciativa siguiera adelante.
La FAMH-RM en fecha 12-02-19, antes del acuerdo del Congreso, se puso en contacto con la dirección de AENA transmitiéndole la petición corporativa de todas las Asociaciones memorialistas de la Región de Murcia de que no se autorice [por AENA] la denominación 'Juan de la Cierva' para el Aeropuerto recientemente inaugurado en Corvera (Murcia), pues el hecho -históricamente verificado- de haber sido el inventor del autogiro como precursor del helicóptero, ha sido la razón fundamental en la que se han basado los organismos postulantes, “sin atender al juicio contradictorio que debería de haberse planteado sobre la idoneidad de dicha propuesta […] al ser cuestionables los valores de ejemplaridad y homenaje que se pretenden reconocer”.
El escrito continuaba aclarando que “nadie discute la genialidad del inventor, ni su importante contribución al progreso de la Aeronáutica, circunstancia que dejamos fuera del debate por tratarse de una realidad asentada en la historiografía de los avances tecnológicos del siglo XX, pero cuando se trata de relacionar el nombre de una persona, por relevantes que sean los méritos que se le atribuyen, ligándolo a una obra de titularidad pública, hay que entrar a considerar no sólo sus virtudes, sino también tener la certeza de que en su trayectoria vital no hay lugar para hechos censurables que lo descalifiquen como merecedor a esa distinción”.
FAMH-RM dirigió también sendos escritos al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Fomento, pues la Federación quería recordar que la denominación propuesta para el aeropuerto de Corvera choca abiertamente con lo estipulado en la Ley de Memoria Histórica, cuyo artículo 15.1 reza literalmente así: “Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.
Y en relación con la posición favorable a esa denominación por parte de la familia de Juan de la Cierva, alegando que su recomendación a los golpistas de alquilar un aparato De Havilland DH 89 Dragon Rapide la hizo desconociendo que iba a ser utilizado para transportar a Franco desde Las Palmas de Gran Canaria a Tetuán, desde donde dirigiría la sublevación militar contra el Gobierno de España, apartando toda idea de complicidad con tales preparativos, la moderna historiografía publicada sobre los planes de la rebelión militar asignan a Juan de la Cierva un papel de suma relevancia.
El diplomático e historiador Ángel Viñas, quizás uno de los que más ha buceado en la trayectoria del ingeniero murciano, en artículos recientes, que resumen lo publicado en su libro Quién quiso la Guerra Civil. Historia de una conspiración, destaca que la trama monárquica fue una parte importante del golpe de Estado contra la II República, y en esa trama Juan de la Cierva aparece como un personaje destacado. Afirma con rotundidad que De la Cierva, asentado en Londres, de familia de rancia raigambre monárquica, no se mantuvo al margen; formaba parte activa del mundillo más o menos cerrado de los clubes londinenses en los que, desde muy pronto, empezó a conspirarse contra la República. Uno de los tertulianos, Charles Petrie, historiador y ultracatólico, se pavoneaba de su flirteo con el fascismo. Otros tertulianos, como el duque de Alba, posterior embajador de España con Franco, se dejaban caer por esas citas. Pero en el tema del Dragon Rapide, el tertuliano fundamental fue Douglas Francis Jerrold, que participaba en esos encuentros junto a Luis A. Bolín (corresponsal en Londres de ABC), Juan Ignacio Luca de Tena, agregado de prensa de la embajada española en Londres, y Juan de la Cierva, personas todas con acceso ilimitado a diarios británicos de derechas como el Morning Post, el Daily Mail y el Daily Telegraph.
Por entonces, la empresa que De la Cierva había fundado en Londres desarrollaba un programa de pruebas en cooperación con el Ministerio del Aire, lo que le puso en contacto con los militares británicos.
Es suficientemente conocida la participación de Juan de la Cierva en el alquiler del avión Havilland Dragon Rapide. Pero hay más. Viñas recuerda la necesidad de material bélico que acuciaba a los rebeldes que, en dos columnas (la de Mola desde el Norte y la Franco desde el Sur), avanzaban hacia Madrid. Los sublevados necesitaban aviones, bombas, ametralladoras… En ese sentido, este historiador tiene documentada la visita del ingeniero español desde Londres a Roma, para visitar al Duce. El periodista Bolín fue informado de que, con fecha 21 de julio de 1936, el exmonarca Alfonso XIII había escrito a Mussolini para informarle de que, a instancias del propio Franco, Juan de la Cierva y él mismo, acompañados del marqués de Viana, se trasladarían a Roma para la compra de moderno material de aviación, para lo que contactaron con Ciano, yerno del dictador italiano y ministro de exteriores de Italia entre 1936 y 1939. De la Cierva pudo adquirir, en el plazo de tres semanas, unos diez aviones civiles con el dinero del banquero Juan March y del propio Alfonso XIII, según Viñas en La soledad de la República.
En agosto de 1936, De la Cierva adquirió también aviones en el mercado libre británico, por encargo del general Mola, con la aquiescencia de las autoridades de aquel país, bastante hostiles hacia la República al ver peligrar los intereses comerciales británicos en España, según nos recuerda Paul Preston, en Un pueblo traicionado.
Así mismo, Viñas afirma que, fruto de sus contactos con la Alemania nazi, realizó un viaje a Berlín en septiembre de 1936 para, por encargo también del general Mola, comprar armas y cartuchos para los sublevados, para lo que contactó con Wilhelm Franz Canaris, el que luego sería jefe del espionaje alemán.
Según el escritor cartagenero Juan Eladio Palmis, en las Memorias escritas y publicadas por el que fuera diplomático español republicano Francisco Serrat y Bonastre, que durante la sublevación se pasó al bando fascista llegando a ser ministro de Exteriores de Franco, las ciudades españolas de Burgos y Salamanca bullían en los días posteriores al golpe de Estado con la presencia de personajes como Ramón Padilla, Sáncho Dávila y otros jefes de Falange; Rafael Olazábal y el conde de Rodezno, carlistas; Goicoechea y su acólito Yanguas; agentes auxiliares, políticos y otros personajes como Juan March, Juan Ventosa y Juan de la Cierva.
El no tan conocido financiero Juan de Ventosa, varias veces ministro de Hacienda y ministro de Abastos con el rey Alfonso XIII, fijó su residencia en Burgos en aquellos años y, como era un experto en la repatriación de capitales, colaboró y logró ser un suministrador de dineros de primera magnitud para financiar y mantener económicamente el golpe de Estado.
Además, Juan Eladio Palmis nos recuerda, al igual que Ángel Viñas, que en la capital británica residía desde los inicios del Gobierno republicano un grupo de aristócratas y monárquicos exiliados que organizaron una junta nacional que comenzó a conspirar desde el mismo día de iniciada la rebelión. Juan de la Cierva fue erigido jefe del grupo por sus contactos con los industriales de la aviación.
El propio De la Cierva fue el encargado de las compras de armas que el emisario del gobierno republicano de Giral estaba negociando en Londres. Para que esa maniobra pudiera realizarse fue clave la traición a la República de su embajador Julio López Oliván. Utilizando las reservas que la agencia londinense del Banco de España tenía depositadas en el Westminster Bank, Oliván financió la compra de armas, pero para los rebeldes, con la aquiescencia cómplice del ministro de Relaciones Exteriores británico, Anthony Eden.
Conocidos estos antecedentes históricos, FAMH-RM insiste en que, hoy, cuando se está tramitando un proyecto de ley de Memoria Democrática que supera, en ciertos aspectos, la tibieza de la ley anterior 52/2007, resulta paradójico que un ministro del Gobierno que impulsa ese proyecto de ley se apoye en la votación de febrero de 2019 del Congreso de los Diputados para perseverar en la ignominia de dar la denominación de un probado golpista contra la República al aeropuerto murciano, pues argüir que los méritos del ingeniero se basan en haber sido el inventor del autogiro, obviando su participación en ese golpe de Estado, supone una indignidad y falta de respeto a las víctimas del criminal régimen franquista.
FAMH-RM, pese al silencio que, desde instancias oficiales, planea sobre tan desafortunada decisión, nunca ha cejado en su empeño de hacer todo lo posible por evitar este fiasco, dirigiéndose a la Dirección General de Memoria Democrática, cuyo titular actual, Diego Blázquez Marín, ratificó, sin embargo, la voluntad de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, de la que depende dicha Dirección General, de trabajar por el cumplimiento de la Ley en lo relativo a la retirada de simbología de exaltación personal o colectiva de la guerra civil y de la dictadura.
FAMH-RM espera que, por la memoria y dignidad de las víctimas de esa aciaga dictadura, el Gobierno rectifique.
La peculiar forma en que en nuestro país se condujo la transición de la dictadura a la democracia ha supuesto que una de las grandes sacrificadas haya sido la Memoria Democrática. El hecho de que el general Franco muriera en la cama, a diferencia de Hitler y Mussolini, derrotados por las armas, y pese a los notables movimientos de oposición a la dictadura que se dieron en nuestro país, ha determinado la pervivencia de lo que muchos analistas denominan un ‘franquismo sociológico’ que está lastrando la democracia. Y una de las manifestaciones más notorias es el afloramiento de un revisionismo histórico cada vez más pujante y la preocupante emersión de una extrema derecha de nuevo cuño que apela, tanto al pasado franquista, como a un populismo que cuestiona los cimientos de las democracias occidentales y, por extensión, de la española.
Pero quizás sean la presencia de la simbología franquista en calles y plazas de nuestro país y la aparente normalidad con que se ha asumido, hasta ahora, por parte de los poderes del Estado, la existencia de fundaciones de origen franquista los elementos más preocupantes. Pese a la tibia Ley 52/2007 de Memoria Histórica, largamente incumplida con los gobiernos del PP, ese poso franquista impregna, consciente o inconscientemente, a muchas instituciones y relativiza la gravedad de aquel nefasto periodo histórico.