En 2011 desde una pequeñita asamblea nacida en el 15 M de los barrios murcianos de La Paz, La Fama y Vistabella, se puso en cuestión aquel famoso lema de “Agua para todos”, un lema que había construido todo un imaginario colectivo que retrataba a cualquier murciano o murciana como un ser sediento. Los cortes de agua a familias golpeadas por la crisis y el aumento progresivo del precio de la factura en la ciudad —una ciudad que tiene el dudoso honor de contar desde hace años con el agua más cara de toda España— pasaron a convertirse así en un problema de interés general muy distinto al que planteaba el famoso lema del Partido Popular, un problema que había que combatir en los espacios social y político.
Acabar con los cortes de agua era lo urgente, y la recuperación del servicio para que este pudiera ser gestionado públicamente al cien por cien un paso necesario y a más largo plazo, que debía ser acompañado con otras medidas como crear mecanismos de control democrático sobre todo el proceso de gestión. El ejemplo al que siempre aludimos ha sido el proceso de remunicipalización de París. En su primer año de agua municipalizada París alcanzó los siguientes logros: el reconocimiento del Derecho Humano al agua; la disminución de la factura de agua un 8%; la creación de consejos ciudadanos –incluso por barrios- para el control de la gestión; la obtención de 35 millones de euros de beneficio que retornaban a las arcas municipales; y la puesta en marcha de importantes medidas para hacer frente al cambio climático.
En definitiva, frente a aquellas voces (interesadas) que claman a menudo que no se puede, París es una muestra actual e incontestable de que desde lo público se puede gestionar mejor que desde lo privado, trabajando siempre sobre la prioridad del bien común.
Mientras, con mucho trabajo y luchando contra fuerzas muy poderosas, en Murcia vamos dando pasos en la consecución de ese objetivo, y algunas cosas hemos conseguido ya. La principal: aliviar el sufrimiento de cientos de familias frenando los cortes de agua. Pero estamos muy lejos aún de conseguir los objetivos municipalizadores del Pacto por el Agua Pública que desde la plataforma Asamblea Agua Pública 100% presentamos en Murcia, allá por octubre de 2014.
El panorama nacional no es mucho más halagüeño. Aunque se van consiguiendo algunos objetivos, el paisaje que nos rodea tiene que ver menos con la remunicipalización y el bien común que con la mercantilización del agua, y sus nefastas consecuencias para la población y para la corrupción de los sistemas políticos de los que se apodera. El saqueo de los bienes comunes atraviesa todo el país. La instructora del caso 'Pokémon' lo dejó bien claro: “Los directivos de Aquagest han urdido un plan organizado y preconcebido destinado a saltarse las barreras de las Administraciones Públicas”. Las empresas de Agbar —en cualquiera de sus denominaciones que quiera esconderse como Aquagest, Hidraqua, Hisdrobal, Canaragua, Asturagua, Aquarbe, Aquara, Hidrogea, Hidralia, Aquanex, Viaqua— están bajo el ojo de la justicia tras las denuncias de una presunta trama mafiosa interpuestas en Galicia, Asturias y Cataluña debido a irregularidades en las contrataciones municipales. Los imputados se enfrentan a presuntos actos ilícitos —delitos— como cohecho, falsedad en documentos mercantiles, privados y públicos, tráfico de influencias, fraude a las administraciones públicas, uso de información privilegiada, prevaricación, delito contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y, quizás el que mejor simboliza este tipo de tramas empresariales, el delito de asociación ilícita. El papel crucial que se otorga en las diligencias a “los conseguidores” de la trama incluye cargos públicos relacionados con gobiernos municipales del PP y del PSOE, pero también a gobernantes de Comunidades Autónomas.
Y no acaban ahí los tentáculos: Este último mes hemos podido asistir de nuevo al descubrimiento de otra presunta trama que se dedicaba a saquear los recursos públicos —también en la Región de Murcia—. El caso Acuamed es otro ejemplo de la tupida red empresarial y de administraciones públicas que describe muy bien aquello que David Harvey llamaba “procesos de acumulación por desposesión”. Porque en última instancia, quienes pagamos la cuenta de las privatizaciones y la redistribución de los beneficios entre empresarios y políticos somos la ciudadanía.
Moraleja: una empresa pública y estatal como Acuamed, sin mecanismos de control democrático, es una empresa potencialmente corrupta. Eso sí, de la mano siempre de grandes organizaciones empresariales privadas —en este caso se empiezan a oír los nombres de Acciona y FCC, entre otras—como beneficiarias de estas presuntas prácticas mafiosas. Por ahora van trece imputados, cinco de ellos ya en la cárcel, y el proceso abierto ha costado la dimisión del subsecretario de Presidencia, Federico Ramos de Armas, miembro de pleno derecho de la cúpula del Partido Popular. Y uno no sabe si reír o si llorar cuando recordamos las palabras del exministro Arias Cañete —aludido también por el caso Acuamed— cuando en 2014 decía defender para Murcia una política de agua pensando en el bien común.
Nuestra labor ahora es seguir descubriendo y desmontando en cada municipio, en cada región, este tipo de prácticas, el tipo de prácticas que nos roban los servicios públicos para convertirlos en beneficios privados. Nuestras pequeñas batallas se hacen grandes gracias a una sociedad civil cada vez más organizada, que ejerce de control de las malas prácticas y apoya el trabajo institucional digno que tiene como objetivo recuperar los derechos usurpados.
Los signos de que el imaginario colectivo está cambiando los encontramos, entre otras cosas, en la primera Iniciativa Ciudadana aprobada por la Comisión Europea —tras conseguirmás de un millón y medio de firmas—, en la que se exigeque el agua sea reconocida por nuestras instituciones como un Derecho Humano. También en sentencias judiciales que resuelven que no podemos seguir pagando un “precio” —sujeto a las fluctuaciones del mercado— por el agua, sino que este servicio público debe regularse como una “tasa”.
Estos son quizás los mejores argumentos, nuevos, esperanzadores, que podemos usar para trabajar el problema como ciudadanos en nuestro entorno, territorialmente, para desmontar esa idea del agua como mercancía que representaba el insidioso: “Agua para todos”. Nuevos argumentos, esperanzadores, para dar a conocer a la ciudadanía el desastroso impacto que ha tenido en nuestras vidas del “agua mercancía”, que inevitablemente se convierte en agua corrupción. Nuevos argumentos, esperanzadores, para elaborar una estrategia efectiva que recuperé nuestro control democrático sobre el agua… agua, que, no debemos olvidarlo nunca, es nuestra.
En 2011 desde una pequeñita asamblea nacida en el 15 M de los barrios murcianos de La Paz, La Fama y Vistabella, se puso en cuestión aquel famoso lema de “Agua para todos”, un lema que había construido todo un imaginario colectivo que retrataba a cualquier murciano o murciana como un ser sediento. Los cortes de agua a familias golpeadas por la crisis y el aumento progresivo del precio de la factura en la ciudad —una ciudad que tiene el dudoso honor de contar desde hace años con el agua más cara de toda España— pasaron a convertirse así en un problema de interés general muy distinto al que planteaba el famoso lema del Partido Popular, un problema que había que combatir en los espacios social y político.
Acabar con los cortes de agua era lo urgente, y la recuperación del servicio para que este pudiera ser gestionado públicamente al cien por cien un paso necesario y a más largo plazo, que debía ser acompañado con otras medidas como crear mecanismos de control democrático sobre todo el proceso de gestión. El ejemplo al que siempre aludimos ha sido el proceso de remunicipalización de París. En su primer año de agua municipalizada París alcanzó los siguientes logros: el reconocimiento del Derecho Humano al agua; la disminución de la factura de agua un 8%; la creación de consejos ciudadanos –incluso por barrios- para el control de la gestión; la obtención de 35 millones de euros de beneficio que retornaban a las arcas municipales; y la puesta en marcha de importantes medidas para hacer frente al cambio climático.