Hace pocos días se cumplía el primer año de legislatura de los nuevos ayuntamientos, conocidos y como los “Ayuntamientos del Cambio”. Y, creo que, efectivamente, ha sido así. Las elecciones que se celebraron el 24 de mayo de 2015, arrojaron unos resultados que, en muchos casos, ha obligado a desarrollar otro tipo de políticas, sobre todo, más basadas en el diálogo, la negociación, el consenso y el compromiso.
Y para la formación de los gobiernos municipales, y también autonómicos, hubo que pactar y llegar a acuerdos entre los diferentes grupos políticos que habían obtenido representación tras las elecciones. Los ciudadanos, con su voto, enviaron un mensaje claro, quisieron que los nuevos consistorios tuvieran una composición más heterogénea y que, de esa forma, fuese necesario establecer una serie de pactos y acuerdos que permitieran asegurar la gobernabilidad en los diferentes municipios. Acuerdos y pactos que, en bastantes casos, fueron realmente sorprendentes, e hicieron “compañeros de cama” a sectores y grupos a los que nadie hubiera imaginado juntos.
Pero si los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país quisieron optaron por que se estableciera una política de pactos y diálogo, yo creo que quisieron algo más y quizás con más interés que el mismo consenso. Lo que realmente deseaban era un cambio. Sí, un cambio auténtico y verdadero en la forma de hacer política y dirigir las administraciones públicas, en este caso los ayuntamientos y aquellas comunidades autónomas en las que se celebraron elecciones.
Un cambio que debía basarse, esencialmente, en cinco premisas: consenso, equidad, incrementos de las políticas sociales, transparencia y eliminación de la corrupción, y participación ciudadana.
Y realmente debe ser así y así tienen que entenderlo los gestores de los nuevos ayuntamientos a pesar de que, en algunos casos, ha sido y es difícil desarrollar y llevar a buen término las nuevas inquietudes políticas, como consecuencia de la situación heredada de los gobiernos anteriores (escasez de recursos, endeudamiento excesivo, escasa participación, oscurantismo etc.).
Pero, como he dicho antes, se quería un cambio, pero un cambio de forma y de fondo, no un retoque ni un maquillaje, sino una transformación profunda y transcendente en las nuevas administraciones.
Y así lo han entendido muchos de los nuevos equipos de gobierno. Y así, en este año, han iniciado y han hecho hincapié en esas premisas políticas que deben, no sólo adornar, sino impregnar y empapar la acción política de los nuevos ediles, alcaldes, diputados y gobiernos regionales.
En primer lugar, consenso. Consenso basado en el diálogo, en la comprensión, en el convencimiento de que no hay “enemigos políticos”, sino adversarios con ideas diferentes pero respetables, y, sobre todo, consenso basado en la necesidad de desarrollar políticas comunes para poder lograr objetivos enfocados al beneficio común.
Es un consenso necesario para poder superar las consecuencias de la crisis que, en bastantes casos, han tenido y aún tienen una gravedad extrema. Un consenso necesario para poder llegar a acuerdos sobre la adopción de medidas que redunden en beneficio del conjunto de la sociedadpero que en muchas ocasiones tienen, en principio, efectos negativos sobre determinados sectores de la población. Y es un consenso inexcusable para poder superar barreras ideológicas, cediendo todos, para, así, poder afrontar planes y proyectos enfocados al bien general.
En segundo lugar, es necesaria una política que administre los caudales públicos con coherencia y congruencia, siendo austeros y planteando presupuestos realistas, pero no haciendo bandera de la austeridad y argumento intocable, pues ya se ha demostrado que una austeridad excesiva no resuelve los desequilibrios presupuestarios y además, normalmente, perjudica a los más necesitados de ayuda.
Debe ser, por tanto, ser un política basada en la eficacia y en la eficiencia, es decir consiguiendo objetivos con el aprovechamiento útil y calificado de los recursos, pero teniendo siempre presente el principio de equidad en cuanto a “dar a cada uno lo que se merece, tratando a todos de igual manera, pero respetando y teniendo en cuenta las diferencias” y valorando la situación real de cada persona y cada colectivo.
El desarrollo e incremento de las políticas sociales debe ser otro de los postulados de los “Ayuntamientos del Cambio”.
Es evidente que desde los inicios de la crisis, determinados grupos y sectores sociales han derivado hacia situaciones de riesgo extremo. La pobreza, en gran parte derivada de la crisis y de las políticas de excesivos recortes, ha hecho que se incrementos los grupos en riesgo de exclusión social y los colectivos cuyos medios de vida, en muchos casos, no llegan ni al nivel de elemental subsistencia. El último informe del CIS es alarmante: aún, a pesar de las soflamas y eslóganes sobre la superación de la crisis, la realidad refleja que uno de cada cuatro españoles está bajo los índices de pobreza.
Y la eliminación de esas situaciones debe ser el objetivo prioritario de los gobernantes de los nuevos ayuntamientos (por supuesto también de los de las comunidades autónoma y de los del estado). Y, ciertamente, en muchos de ellos, la política social ha sido la preocupación principal desde el primer día de gobierno. Como dijo Alfonso Guerra, “Nosotros no queremos acabar con los ricos. Queremos acabar con los pobres”, porque la máxima de Mandela “Erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia”, debe figurar en el ADN de los nuevos gobernantes.
La transparencia y el acabar con la corrupción tienen que formar parte intrínseca de la política. En los últimos años la corrupción generalizada determinadas instituciones y partidos ha provocado daños que serán muy difíciles de olvidar y de superar. El tema de la corrupción es uno de los que más preocupa a los ciudadanos, porque el corrupto, no sólo atenta contra el bien común, sino que ofende al individuo como elemento base de la sociedad.
La administración está obligada a ser transparente, no sólo en lo que atañe a la situación económica de los dirigentes políticos, sino también en sus actuaciones y decisiones, porque la actuación del corrupto no incide únicamente sobre el erario público, sino que crea sentimientos de rechazo y aversión hacia la política y los políticos, hacia los partidos, sindicatos y organizaciones sociales y, en resumen, ataca a la mismas base del sistema democrático.
Y, por último, en quinto lugar, pero no por eso menos importante, es fundamental el fomento de la participación ciudadana. Debemos abrir el campo de la participación, los “Ayuntamientos del Cambio” deben de ser los de la participación. Son los que tienen que crear y desarrollar métodos que faciliten esa participación real y efectiva, porque participando se incrementa la responsabilidad individual y colectiva, se aumenta la comprensión y se acrecienta la preocupación por el conjunto social.
Participación es sinónimo de colaboración y, toda colaboración es poca para que los nuevos consistorios desarrollen su labor, como he dicho, de manera eficaz, eficiente y equitativa.
El que participa se compromete y, ese compromiso debe hacerse extensivo al mayor número de miembros de nuestra sociedad para generalizar todos nos sintamos actores de las nuevas directrices política y, para eso, establecer mecanismos de participación debe ser otro de los compromisos principales de los ayuntamientos.
Podría añadir otras pautas que deben formar parte de la idiosincrasia municipal, pero considero que esas cinco son básicas, primordiales: consenso, austeridad basada en la equidad, política social, fin de la corrupción y transparencia, y participación ciudadana.
Esa es la cultura política que necesita nuestra sociedad, la que los ayuntamientos, desde el primer día y como administración más próxima al ciudadano, deben potenciar. Cultura política para la que es necesario desarrollar la cultura como concepto de formación y enriquecimiento individual (es un tremendo error que la cultura y la educación sean los chivos expiatorios de las situaciones de crisis.
Esas es la cultura que yo creo que muchos ayuntamientos iniciaron desde el primer día de la nueva legislatura y, esa es la cultura que yo pido y deseo se incremente, cada vez más en estos nuevos “Ayuntamientos del Cambio”.
No olvidemos que los ayuntamientos deben ser la célula primaria de la democracia. Como apuntan las conclusiones del Informe 09 de Seminari d’ economía crítica Taifa, se debe plantear “el municipalismo como ámbito de actuación donde se puede iniciar el proceso de transformación de la sociedad”
Por tanto, recurriendo al tópico, feliz aniversario y mis mejores deseo de eficiencia, eficacia y equidad a los nuevos, aunque ya con un año de edad, consistorios.
*Jesús Navarro es diputado socialista en la Asamblea Regional de Murcia
Hace pocos días se cumplía el primer año de legislatura de los nuevos ayuntamientos, conocidos y como los “Ayuntamientos del Cambio”. Y, creo que, efectivamente, ha sido así. Las elecciones que se celebraron el 24 de mayo de 2015, arrojaron unos resultados que, en muchos casos, ha obligado a desarrollar otro tipo de políticas, sobre todo, más basadas en el diálogo, la negociación, el consenso y el compromiso.
Y para la formación de los gobiernos municipales, y también autonómicos, hubo que pactar y llegar a acuerdos entre los diferentes grupos políticos que habían obtenido representación tras las elecciones. Los ciudadanos, con su voto, enviaron un mensaje claro, quisieron que los nuevos consistorios tuvieran una composición más heterogénea y que, de esa forma, fuese necesario establecer una serie de pactos y acuerdos que permitieran asegurar la gobernabilidad en los diferentes municipios. Acuerdos y pactos que, en bastantes casos, fueron realmente sorprendentes, e hicieron “compañeros de cama” a sectores y grupos a los que nadie hubiera imaginado juntos.