La casualidad ha querido que el trigésimo aniversario de la salida de Margaret Thatcher del poder, el 28 de noviembre de 1990, haya coincidido con el encendido debate sobre los “privilegios” fiscales de Madrid que, en realidad, esconden la polémica habitual sobre la conveniencia social de bajar impuestos. La Dama de Hierro fue, entre otras muchas cosas, ardiente defensora de las teorías y prácticas neoliberales, uno de cuyos axiomas era y es la disminución de la presión fiscal sobre los ciudadanos, aunque eso signifique mermar los ingresos del Estado, aunque después tropezara en la “poll tax”.
En esas volvemos a estar gracias a la discusión colateral a los P.G.E. para 2021 y a la defensa a ultranza de los principios impositivos neoliberales encabezada por la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, en tiempos pandémicos, igual que parece medianamente establecido que las vacunas salvan vidas –frente a los negacionistas irredentos–, también parece meridianamente claro que el Estado del Bienestar se mantiene con los impuestos. Y sin ellos en su adecuado nivel no hay manera de sostenerlo.
Después de aquella aplicación a rajatabla de los principios neoliberales de la Escuela de Chicago por Margaret Thatcher, el sector público quedó reducido casi a escombros, con ejemplos tan clamorosos como la privatización de British Rail ejecutada por su sucesor John Major –que hizo lo que su mentora nunca osó– o la minimización presupuestaria del Servicio Nacional de Salud (NHS) de forma que nunca alcanzó la eficiencia que se pretendía con su reforma, como se puede leer en las páginas 100-103 del capítulo cinco de “The Thatcher Revolution: Margaret Thatcher, John Major, Tony Blair, and the Transformation of Modern Britain”, de Earl A. Reitan (1992, R & L, Inc., Maryland, USA).
De cómo quedó la Sanidad británica tras el bisturí aplicado tuvimos prueba en España pocos años después gracias al “turismo sanitario” de los súbditos jubilados de Su Graciosa Majestad visitantes de la costa española. Y no mucho más tarde, nuestro nuestro “Major” Rajoy nos puso a merced de los Hombres de Negro que informaron a la canciller Merkel, como Thatcher había puesto antes a los británicos bajo el yugo neoliberal de los Chicago Boys.
El mejunje en el que se coció todo eso fue un recorte presupuestario salvaje aderezado con la eliminación o disminución de todos los impuestos que fuera posible, especialmente los directos: los que más contribuyen a la redistribución de la riqueza y equilibrar desigualdades. Fue esa la política de respuesta a la Gran Recesión de 2012/2018, cuya ausencia de rectificación cuando la España de Rajoy volvió a ir bien (¡) nos ha dejado la Sanidad incapaz –sin medios, presupuesto ni personal– de afrontar la crisis pandémica: es decir, con el Estado del Bienestar mojado y tiritando.
Sorprende que, con la deficiente financiación causante de las disfunciones en el sector público, continúe el empecinamiento en mantener la supresión de impuestos directos, como pueden ser los de Patrimonio (IP) y Sucesiones y Donaciones (ISD), impidiendo así una armonización en el Estado necesaria para evitar un “turismo fiscal” similar a aquel “turismo sanitario” de los británicos.
La armonización fiscal ya fue sugerida al ministro de Rajoy Cristóbal Montoro en 2017 por un amplio panel de veintiún expertos entre los que los izquierdistas brillaban por su ausencia. Aquella “Comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica” no encontró razones (página 57 del Informe) para derogar el ISD y sí pidió la introducción de unos niveles mínimos de tributación incluso en las Comunidades forales. Tampoco vio necesaria la supresión del IP (pgs 55 y 56) y solicitó “una base imponible homogénea” en todo el Estado. Señaló también el carácter “redistributivo” de la riqueza de ambos impuestos.
Mantener la supresión o la “neutralización” de impuestos directos entra, por otro lado, en clara contradicción con la orientación comunitaria de procurar una salida de esta crisis mediante un incremento sin ambages del gasto público con fondos de la Unión y también de cada Estado miembro. Además, choca frontalmente con cualquier política pública que pretenda reducir las desigualdades mediante la redistribución de la carga impositiva de los ciudadanos resumida en que los ricos y muy ricos paguen más. Y que Margaret Thatcher descanse en paz. Vale.
La casualidad ha querido que el trigésimo aniversario de la salida de Margaret Thatcher del poder, el 28 de noviembre de 1990, haya coincidido con el encendido debate sobre los “privilegios” fiscales de Madrid que, en realidad, esconden la polémica habitual sobre la conveniencia social de bajar impuestos. La Dama de Hierro fue, entre otras muchas cosas, ardiente defensora de las teorías y prácticas neoliberales, uno de cuyos axiomas era y es la disminución de la presión fiscal sobre los ciudadanos, aunque eso signifique mermar los ingresos del Estado, aunque después tropezara en la “poll tax”.
En esas volvemos a estar gracias a la discusión colateral a los P.G.E. para 2021 y a la defensa a ultranza de los principios impositivos neoliberales encabezada por la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, en tiempos pandémicos, igual que parece medianamente establecido que las vacunas salvan vidas –frente a los negacionistas irredentos–, también parece meridianamente claro que el Estado del Bienestar se mantiene con los impuestos. Y sin ellos en su adecuado nivel no hay manera de sostenerlo.