Dos tratados de libre comercio entre la UE y terceros países van a ser ratificados, presumiblemente, a medio plazo, por los diferentes parlamentos nacionales del club de los 28. Así, el Tratado entre la UE y los cuatro países que forman parte de Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), firmado el pasado 28 de junio, tiene un plazo de dos años para ser ratificado. El otro tratado de Libre Comercio, el CETA, que atañe a la UE y Canadá, no entrará plenamente en vigor hasta que la totalidad de los países miembros de la UE lo ratifiquen, aunque ya se aplica de forma provisional. Estos dos tratados se suman a los ya existentes con otros países como Japón (vigente desde 2018), Corea del Sur (aprobado en 2011) o Vietnam, recién aprobado. El otro acuerdo que queda en el aire, el TTIP, con EE.UU., se estanca debido a la política proteccionista de Trump.
Desde los diferentes gobiernos nacionales y desde la propia UE se nos venden las bondades de dichos acuerdos comerciales, con la rebaja de hasta el 99% en los aranceles a la exportación de productos europeos, la mejora de la competitividad de las empresas y los beneficios para los consumidores, además de que se garantiza la seguridad alimentaria de la ciudadanía europea. Sin embargo, numerosas son las voces que critican estos tratados de libre comercio, por sus repercusiones ambientales, sociales, sanitarios y hasta en la calidad de la democracia, sobre todo desde las organizaciones antiglobalización, como ATTAC, grupos ecologistas como Greenpeace o Ecologistas en Acción, así como desde diversos grupos políticos del Parlamento Europeo, como los European Greens (los verdes europeos) o la Izquierda Unitaria.
¿Cuáles son las razones del rechazo a este tipo de tratados? En primer lugar, desde el punto de vista ambiental, el hecho de que centenares de miles de toneladas de carne invadan anualmente la UE procedentes de Canadá y América del Sur supone el aumento de las emisiones de CO2 por el transporte en barco y avión, una cantidad enorme que se suma a la que ya se produce en la UE, situación que preocupa a los productores europeos, ya que los estándares de calidad en la producción son más flexibles en esos países que en Europa. Así, en Canadá y los países del Mercosur se permite la alimentación del ganado bovino y aviar con antibióticos, hormonas y harinas animales prohibidos en la UE, lo que pone en peligro la seguridad alimentaria de los consumidores del viejo continente.
En el mundo se consumen anualmente más de 300 millones de toneladas de carne, cinco veces más que hace 60 años, y la producción de carne supone el 15% de las emisiones totales de CO2. Los españoles comemos seis veces más carne de la máxima recomendada, ocho veces más en el caso de la carne procesada, según un informe de la ONG Justicia Alimentaria-Veterinarios sin Fronteras. Europa necesita reducir el consumo de carne, no aumentarla con la llegada a los mercados de estas ingentes cantidades de productos animales, para conseguir la reducción de las emisiones a la atmósfera.
Algunos hechos concretos que permiten poner en duda la eficacia de estos acuerdos. El CETA, desde su aplicación, ha supuesto que se aumente en un 63% la exportación de petróleo canadiense a la UE, casi todo procedente de prácticas dudosas como el fracking, comprometiendo la tan ansiada transición ecológica de la economía en la UE. Por su parte, el gobierno brasileño de Bolsonaro, que niega el cambio climático y rechaza el Acuerdo de Paris de 2015, puede provocar que se dispare la deforestación de la Amazonía, merced al acuerdo con Mercosur, para hacer frente al aumento de las exportaciones brasileñas de carne y soja, lo que no sólo afectaría a la biodiversidad, sino que se agravaría la emergencia climática y se pondría en peligro (aún más), el modo de vida de los pueblos indígenas.
Más allá de los aspectos ambientales y sociales, la calidad democrática está en entredicho con la aplicación de estos tratados, ya que si un Estado miembro de la UE aprueba una ley que va en contra de los intereses de una empresa en particular acogida al tratado de libre comercio, ésta puede denunciar a ese estado ante un tribunal de arbitraje privado, aunque suponga un perjuicio al medio ambiente o a la seguridad alimentaria. Este aspecto fue avalado el pasado mes de abril por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Debemos poner en duda los supuestos beneficios de los tratados de libre comercio como el de Mercosur o el CETA ya que, aunque puedan suponer ventajas competitivas para las grandes empresas, no está claro que favorezcan a los intereses de la ciudadanía europea. Frente al libre trasiego de productos entre los continentes, consumo de productos locales. Frente al fomento de una economía lineal, emisora de gases que aceleran el calentamiento global, depredadora del territorio y que vulnera los derechos humanos, una economía circular, de cercanía y que tenga en cuenta los límites del planeta.
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