Ya avanzado el siglo XXI, las personas LGTBI continuamos sufriendo violencia: social, familiar, laboral, institucional… En los últimos años, cuando creíamos estar avanzando, hemos contemplado cómo una parte importante de la ciudadanía ha dado alas a la LGTBIfobia colocándola en nuestras instituciones. Hemos sido testigos de auténticos discursos de odio, y lo que ha sido más doloroso: una parte que creíamos a nuestro lado ha lanzado sin miramientos mensajes que han alimentado la transfobia ya existente.
No podemos olvidarnos de lo que ha supuesto y supone la pandemia de nuestros días, y la especial situación de vulnerabilidad en la que nos hemos encontrado muchas personas del colectivo LGTBI, como consecuencia de la crisis del COVID-19.
Tanto el confinamiento, como la privación temporal de libertad, agravó las discriminaciones ya existentes, y la sufrida por jóvenes confinados con familias LGTBIfóbicas, agravó también el aislamiento que ya sufren miles de personas LGTBI, sobre todo las personas mayores y las personas trans, ya de por sí la parte más vulnerable de nuestro colectivo.
Hoy denunciamos el incremento en los niveles de violencia, exclusión y privación de derechos debido al estigma, la discriminación y la criminalización de nuestra realidad no sólo en muchos países del mundo, sino también aquí, en España y en Europa, donde están proliferando discursos de odio que creíamos olvidados. Esos discursos se traducen en ataques y humillaciones, y esto, en miedo e inseguridad. Polonia y Hungría, socios europeos, han puesto el listón de la lgtbifobia donde ya creíamos que no podían llegar. Por no hablar de la problemática a la que se enfrentan muchas personas LGTBI en nuestro entorno europeo, puesto que determinados documentos emitidos en un país, como certificados de matrimonio, filiaciones y certificados de identidad de género, pueden no ser reconocidos en otro.
Aquí, en Cartagena, le decimos a la derecha, a esos que siempre ponen freno a cualquier avance en derechos y libertades, que vamos a seguir estando presentes en la sociedad, para participar y reforzar la democracia de nuestro país. Pero hoy no sólo miramos a la derecha, sino también a una parte de la izquierda, porque los derechos trans son derechos humanos, porque los derechos humanos no se negocian, ¡se legislan!, para que ninguna persona tenga que volver al ostracismo, ni tampoco a los armarios. Porque no vamos a dar ¡Ni un paso atrás en la defensa de la dignidad de nuestro colectivo! ¡Ninguna de las siglas LGTBI va a quedarse atrás! Hoy, tristemente, lo denunciamos a la derecha y a esa parte de la izquierda que ha perdido la empatía.
En España hay actualmente aprobadas leyes autonómicas para dotar de derechos y protección jurídica a las personas trans y a las personas LGTBI que no se están implementando. Especialmente en la Región de Murcia, que cuenta con una Ley de Igualdad social para Gais, Lesbianas, Bisexuales, Intersexuales y Trans aprobada desde el año 2016 que sigue en un cajón, sin contar con un ápice de voluntad política valiente y real para aplicarse. Necesitamos educación en diversidad en las escuelas y formación al personal docente, a sanitarios y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Pero esos que quieren aplicar la ley que nos protege y ampara, al mismo tiempo negocian y se reparten con la ultraderecha nuestras instituciones, mientras nos dan la palmadita en la espalda y buscan fotografiarse con nosotras como si fuéramos perfectamente idiotas. Y no, no somos idiotas.
A día de hoy, no existe un paquete legislativo de ámbito estatal que proteja, ampare y defienda a lesbianas, gais, trans, bisexuales, intersex y a nuestras familias. A nuestros menores, que tienen que socializar con quienes aún creen que la única familia natural es la heteronormativa, e incluso ser educados bajo responsables que continúan tratando a las familias homoparentales como una extrañeza.
Y desde aquí alzamos la voz alta y nítidamente: ¡Ley integral estatal trans, ya! ¡Libre Autodeterminación del Género Ya! ¡Ley de Igualdad LGTBI estatal ya! Sin estas leyes, cada Comunidad Autónoma lleva un ritmo diferente en su progreso a la igualdad plena, y la Región de Murcia está a la cola.
Nuestro país fue un ejemplo al aprobar una de las primeras leyes de matrimonio igualitario en Europa. En su momento, fue aplaudido y agradecido por gran parte de la sociedad civil, pero aún debemos alcanzar la igualdad real. Las personas LGTBI en nuestro país y en nuestra Región, seguimos siendo discriminadas y señaladas por los discursos de odio, y, además, en el caso de las personas trans, la transfobia social e institucional alimentada en los últimos tiempos, acrecienta las situaciones de exclusión social.
52 años han pasado desde las revueltas de Stonewall y hoy, de nuevo una mujer trans, se dirige a las instituciones para decir ¡basta!
Basta de terapias de conversión.
Basta de vetos parentales.
Basta de estigma y discriminación asociadas al VIH.
Basta de criminalizar y ningunear a las personas LGTBI.
Basta de lesbofobia, transfobia, bifobia y homofobia.
Basta de racismo, de plumofobia, de xenobia y de cualquier otra forma de discriminación y atentado a la dignidad de las personas y a sus derechos fundamentales.
Ya avanzado el siglo XXI, las personas LGTBI continuamos sufriendo violencia: social, familiar, laboral, institucional… En los últimos años, cuando creíamos estar avanzando, hemos contemplado cómo una parte importante de la ciudadanía ha dado alas a la LGTBIfobia colocándola en nuestras instituciones. Hemos sido testigos de auténticos discursos de odio, y lo que ha sido más doloroso: una parte que creíamos a nuestro lado ha lanzado sin miramientos mensajes que han alimentado la transfobia ya existente.
No podemos olvidarnos de lo que ha supuesto y supone la pandemia de nuestros días, y la especial situación de vulnerabilidad en la que nos hemos encontrado muchas personas del colectivo LGTBI, como consecuencia de la crisis del COVID-19.