Resulta sorprendente comprobar en estas fechas el revuelo mediático y la indignación social y ciudadana que está despertando el levantamiento del secreto del sumario sobre el patrimonio privado del alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, en la denominada “Operación Umbra”. Digo que resulta sorprendente porque para mí, en mi calidad de exconcejal del Ayuntamiento de Murcia y en mi calidad de arquitecto, me parece mucho más relevante y perjudicial para el futuro de esta ciudad el daño urbanístico y social que los convenios van a infligir al municipio, que las presuntas irregularidades en los incrementos patrimoniales del Alcalde.
Me explicaré. Durante los ocho años en los que fui concejal por el PSOE, en labores de oposición en el Ayuntamiento de Murcia, me enfrenté denodadamente contra dos frentes imparables: por un lado la vorágine especuladora y constructora de la década de oro inmobiliaria española -hasta el parón de 2008-, y por otra parte, la ambición desmedida del Partido Popular por llevar a cabo operaciones urbanísticas, de marcado carácter especulativo en su mayoría, con nulo respeto por nuestra identidad territorial, por nuestros valores sociales, por nuestro patrimonio histórico-cultural y por nuestro interés general.
Es en esta ambición donde se encuadran los famosos Convenios Urbanísticos de la Zona Norte. Se trata de cinco acuerdos que, aprobados en plenos municipales de mayo de 2005 y febrero de 2006, dieron origen a la operación Umbra. Trataré de hacer un breve repaso no muy farragoso, a pesar de la dificultad que ello conlleva:
En 2001 el ayuntamiento aprobó un nuevo Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) que, entre otras cosas, no define un modelo urbano para el municipio, provoca una reclasificación indiscriminada de millones de metros cuadrados para ser urbanizados, dicta sentencia de muerte contra la Huerta de Murcia, y sobre todo, deja abierta la puerta en su articulado a negociaciones, pactos, cambios, modificaciones, convenios y demás operaciones, desvirtuando así cualquier previsión de equilibrio territorial.
En dicho Plan General, con una desarticulación urbana digna de reprobación, y con una localización incomprensible, se abre la puerta a urbanizar todo lo que queda al norte de la autovía A-7, desde el nudo de la A-30 hacia el Este, hasta lindar con el Coto de los Cuadros. La decisión de urbanizar estas laderas ya era de por sí discutible, pues había otras localizaciones más idóneas, y mejor articuladas y comunicadas con el resto de núcleos de población del municipio. Pero la cosa no acaba ahí.
El auténtico descontrol urbanístico nace en el propio PGMO, cuando se decide que estas zonas se podrán ordenar de dos maneras diferentes, a libre elección del promotor de la actuación concreta dentro de aquella zona. A saber: unos promotores podrán optar por urbanizar aquello en “muy baja densidad”; y otros podrán “negociar” con el ayuntamiento un incremento de edificabilidad -nada menos que hasta 5 veces y media-, a cambio de compensar a los murcianos con alguna actuación de interés municipal, o dinero en metálico “en valor equivalente al aumento de edificabilidad” (cita textual de las normas urbanísticas del PGMO).
Vayamos por partes, porque aquí está el quid de la cuestión.
En primer lugar: ¿En qué cabeza cabe que la ordenación urbana de una zona tan extensa de nuestro municipio quede a libre disposición de los promotores o propietarios de suelo? Realmente se trata de un ejercicio que da rienda suelta y carta de naturaleza al “urbanismo a la carta” que ha imperado en este municipio desde 2001. Aquí cada uno viene, se acerca a la Gerencia de Urbanismo, negocia, plantea posibilidades y urbaniza como quiere. ¿Y quién vigila nuestro crecimiento? ¿Y el interés general? Pues se ve que nadie.
En segundo lugar: ¿Quién determina, en el caso de hacer convenios, el “valor equivalente al aumento de edificabilidad”? Pues efectivamente, aquí está la clave de bóveda del asunto, y en ello andan los jueces, fiscales, peritos, Administración Tributaria y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, desde que en octubre de 2010 intervinieron la Gerencia de Urbanismo.
Fijadas las condiciones de partida, arbitrarias y modificables, el PGMO echó a andar. En 2001 se realizó un primer convenio, que dio lugar a la barbaridad urbanística de tener un estadio de fútbol a siete kilómetros del centro de la ciudad, en uno de los puntos peor comunicados que existe, aunque parezca paradójico, que es un nudo de autovías. En aquel momento aquello se vendió muy bien: la ciudad necesitaba un nuevo estadio, había que salvar el Club de la capital, y al fin y al cabo, fútbol es fútbol… Y mejor no seguir, porque miren como está el patio.
Una vez que se comprueba que aquello funciona -para los intereses de quien lo promovió, entiéndase-, el resto de propietarios, promotores, especuladores, inversores y demás agentes intermediarios del mundo inmobiliario, deciden que también quieren su parte del pastel.
Así, en mayo de 2005 se aprueba en Pleno del Ayuntamiento el convenio urbanístico por el cual unos terrenos colindantes al estadio, multiplican su número de viviendas posibles por cinco, y a cambio -¡qué generosidad!- regalarían al ayuntamiento el Casino rehabilitado, como pago del “valor equivalente al aumento de edificabilidad”. Bueno, en realidad no fue así, porque el Casino sigue siendo de titularidad privada. Es decir, que el interés municipal se vio revertido en el interés privado de los dueños de un inmueble.
Aquella operación fue señalada públicamente por la oposición que entonces ejercía en solitario el PSOE, y cuya responsabilidad urbanística me correspondía como concejal. Denunciamos que aquel convenio no “convenía” al ayuntamiento ni a los murcianos. Que se producía un desastre urbano, territorial e inmobiliario. Y lo más importante de todo, dijimos que la determinación del “valor equivalente….” era ridícula en comparación con los valores de aquel momento, y que esa irrisoria cantidad se destinaba a un edificio privado.
En febrero de 2006 la operación se repite multiplicada por cuatro con la firma simultánea de cuatro convenios, con miles de millones de metros cuadrados de nuevas viviendas. (hasta 23.000 viviendas llegué a computar en la suma de los cinco convenios), y nuevamente con un “valor equivalente…” para la compensación económica absolutamente irrisorio.
Recuerdo cómo nos dejamos la voz a los cuatro vientos diciendo que “perdíamos todos”, que la ciudad se hipotecaba en crecimientos desmesurados, que faltaban infraestructuras y que el dinero que se nos compensaba era ridículo en comparación con las ganancias de aquellos promotores. Todo está reflejado en Actas de Plenos y Comisiones de Urbanismo, en ruedas de prensa y en titulares de periódico.
Pero aquello pasó, se diluyó. Tal vez porque había dinero para todos, tal vez porque es difícil ver estas cosas sin ver físicamente por dónde circula el dinero, tal vez porque pasarán décadas hasta que se construyan las 23.000 viviendas, tal vez porque no gritamos lo suficiente.
El daño está hecho, y lamentablemente es irreparable. Por eso, y vuelvo al principio de mi explicación, me sorprende que la noticia sea cómo vivió presuntamente el alcalde durante aquellos años 2005 y 2006 en que se tramitaban aquellos convenios de locos. La cosa podría acabar de manera decente con un alcalde dimitido, tal vez procesado, e incluso con algún dinero devuelto a la ciudad.
Pero nunca nadie nos devolverá la dignidad perdida como ciudadanos, nuestros terrenos entregados a la especulación más voraz, nuestra ciudad puesta en el mapa de la ignominia, y nuestra capacidad de sorprendernos con las miserias humanas relacionadas con el dinero y el poder. Y lo más importante, ¿quién nos devuelve el sol que nos saque de la Umbra?
Marcos Ros Sempere
Exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia (2003-2011)
Resulta sorprendente comprobar en estas fechas el revuelo mediático y la indignación social y ciudadana que está despertando el levantamiento del secreto del sumario sobre el patrimonio privado del alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, en la denominada “Operación Umbra”. Digo que resulta sorprendente porque para mí, en mi calidad de exconcejal del Ayuntamiento de Murcia y en mi calidad de arquitecto, me parece mucho más relevante y perjudicial para el futuro de esta ciudad el daño urbanístico y social que los convenios van a infligir al municipio, que las presuntas irregularidades en los incrementos patrimoniales del Alcalde.
Me explicaré. Durante los ocho años en los que fui concejal por el PSOE, en labores de oposición en el Ayuntamiento de Murcia, me enfrenté denodadamente contra dos frentes imparables: por un lado la vorágine especuladora y constructora de la década de oro inmobiliaria española -hasta el parón de 2008-, y por otra parte, la ambición desmedida del Partido Popular por llevar a cabo operaciones urbanísticas, de marcado carácter especulativo en su mayoría, con nulo respeto por nuestra identidad territorial, por nuestros valores sociales, por nuestro patrimonio histórico-cultural y por nuestro interés general.