La que podríamos llamar “doctrina Pilatos” parece ser la que va a guiar la actuación, o más bien la no actuación, del presidente López Miras. Al menos en lo que se refiere a la corrupción. Lo que dijo en solemne primera rueda de prensa anual,es sufícientemente revelador. Da igual que se refiriera, contundentemente en apariencia, al caso concreto de la senadora del PP Pilar Barreiro en su etapa de alcaldesa de Cartagena.
Por muchas patadas que esté dispuesto a dar, lo que importa es que su respuesta deja traslucir una actitud condescendiente, cuando no cómplice políticamente hablando, con la supuesta corrupción y con los supuestos corruptos. Siempre que sean de su partido, claro: si la senadora implicada en la Púnica fuera de otra formación, la actitud del presidente sería harina de otro costal. Mientras tanto, se lava las manos públicamente.
Lo fía todo a lo que determinen los jueces. Postura explicable si los mecanismos de la justicia fueran rápidos y eficientes, de manera que los asuntos se resolvieran en cuestión de meses. Pero que, al cabo, solo sirve para aplicar lo mismo que viene haciendo el PP en asuntos de corrupción general y/o catalanes desde hace años y siguiendo fielmente a `Tancredo´ Rajoy: mirar para otro lado y esperar a que escampe.
Por tanto, todo lo demás queda prácticamente invalidado por esa actitud recalcitrante y contumaz de no querer saber nada de la principal lacra que arrastra el actual partido de Gobierno, aquí, en Valencia, en Madrid… solo equiparable a la que azota inmisericordemente a sus supuestos enemigos del PdCat, antes Convergencia, con quienes comparten los del PP principios ideológicos y actuaciones en tiempos de crisis.
Entonces, ¿qué dijo López de nuevo en un discurso de tamaña solemnidad que puede ser considerado pre-programático de cara a las elecciones locales y autonómicas que caen a la vuelta de apenas quince meses?
Bueno, pues se reafirmó en la sobada idea neoliberal de que desmantelar en la medida de lo posible las estructuras del Estado nos sacará de la crisis e instaurará el mejor de los mundos posibles. No tiene otro sentido sino ese el rimbombante anuncio de que intentará bajar el 1%, Montoro mediante, el peso del IRPF sobre los contribuyentes murcianos.
Con una descarga prometida de semejante porcentaje en su aportación general a la Hacienda pública, raro ha sido que las masas contribuyentes no se hayan echado a la calle para celebrarlo estentóreamente. Se ve que estaban muy ocupadas en las otras rebajas, las de verdad.
Lo peor es que ese fatuo anuncio reafirma la idea de gestión que tienen quienes nos gobiernan. A saber, que bajando los impuestos las familias verán sus bolsillos repletos y podrán gastar a espuertas para reanimar la economía.
Da igual que, por falta de aportaciones públicas, es decir, a causa de los recortes ya ejecutados en los últimos años, la Sanidad pública, la Enseñanza también pública y los servicios sociales en general igualmente públicos se estén cayendo a pedazos. Lo importante es esa rebaja del 1%, que sigue a la reciente eliminación del impuesto de sucesiones en la ardua tarea emprendida por los gobernantes actuales para conseguir el desmantelamiento de las estructuras del Estado del Bienestar a fin de que el hueco de prestaciones que queda vacío sea diligentemente ocupado por el sector privado.
Es curioso que prácticamente el único aplauso cosechado por López, además de los obligados de la claque partidaria, haya sido el del presidente de la cúpula patronal murciana, quien ha ratificado una vez más el alto sentido social y de servicio público que tiene la cabeza visible, no sabemos si también pensante, de los empresarios regionales.
Más o menos igual que esos empresarios agroindustriales que se rasgan las vestiduras por las suaves enmiendas que los partidos de oposición pretenden hacer al Decreto-Ley de Medidas Urgentes para el Mar Menor.
Y, por supuesto, referencia obligada tras el discurso-programa al turismo como panacea, dado que se verá potenciadísimo con la llegada del AVE y la apertura de Corvera en el año actual.. A lo que no se refirió López, muy en su línea del principio, fue a cuántos euros nos ha costado ya a todos los contribuyentes ––esos mismos a los que nos promete la rebaja del 1%–– la financiación de ese magnífico y necesario aeropuerto que a finales de este mes de enero cumplirá seis años terminado y cerrado: a mayor gloria de nuestro particular exiliado en Bruselas.
Tampoco aludió a cómo vamos a recuperar, todos los contribuyentes murcianos, ese disparatado dispendio económico infraestructural. ¿Nos lo va a retornar a las arcas públicas la nueva concesionaria del aeropuerto? ¿O la anterior, en cuyo consejo de administración se sentaban unos cuantos amiguetes de los padres políticos del presidente López? ¿Serán, quizá, los directivos de ADIF quienes tengan un acto de generosidad sin precedentes? ¿O seguirá manando el agua por los lavabos?
Que no cunda el pánico, porque el turismo, a pesar de los pesares, se va a disparar en la Región, aunque no haya hoteles para los visitantes y aunque la antaño joya de la corona, el Mar Menor, haya habido poco menos que esconderla en la oferta oficial que la Comunidad Autónoma lleva a la FITUR de 2018. Todos sabemos por qué.
Pero de esto último ya han corrido y seguirán corriendo suficientes ríos de tinta sin que se vislumbre no ya una solución, sino un simple atisbo de que se va a afrontar seriamente el problema. Así que mejor dejamos este asunto para otro día.
La que podríamos llamar “doctrina Pilatos” parece ser la que va a guiar la actuación, o más bien la no actuación, del presidente López Miras. Al menos en lo que se refiere a la corrupción. Lo que dijo en solemne primera rueda de prensa anual,es sufícientemente revelador. Da igual que se refiriera, contundentemente en apariencia, al caso concreto de la senadora del PP Pilar Barreiro en su etapa de alcaldesa de Cartagena.