La República es sin lugar a duda, la forma laicista y feminista por excelencia. El empeño de la derecha más rancia de enfrentar la ideología más extrema de este país con el acatamiento de la voluntad de la Conferencia Episcopal en lo relacionado con la educación o por ejemplo la exigencia de regular desde el Estado el uso de las lenguas oficiales en las comunidades con idioma propio.
Los principios ideológicos de las religiones y sus estructuras de poder afectan particularmente a las mujeres y atentan contra su libertad porque fomentan una imagen tradicional y negativa de las mujeres y perpetúan la desigualdad; porque inculcan sentimientos como los de culpa y pecado que prolongan el control social sobre ellas; porque niegan o atacan el feminismo y por lo tanto a la emancipación y autonomía de las mujeres como ciudadanas y seres humanos de pleno derecho; o porque orlan de prestigio al modelo patriarcal ante toda la comunidad.
Un estado democrático de vocación igualitaria no debería, por tanto, ofrecer un trato de privilegio ni financiar con el dinero público a ninguna organización religiosa, apostando decididamente por el laicismo.
Si nos detenemos en la reflexión, se podría llegar a la conclusión de que no habrá calma ni sosiego, no se podrá avanzar en el necesario consenso, hasta que no se denuncie antes el mal llamado Concordato, es decir, el acuerdo entre el Estado español y el Estado del Vaticano, firmado en 1979.
El ministro socialista Ángel Gabilondo demostró en su día, en unas tercas negociaciones, que las principales fuerzas políticas podían llegar a un pacto social y político por la educación. Todo aquel trabajo, que habría que agradecer a la porfiada voluntad del ministro, pero también a la profesionalidad de sus interlocutores, quedó en nada por culpa de la presión de la Conferencia Episcopal y del dañino acuerdo con la Santa Sede.
Hasta que no se rompa ese acuerdo no será posible que la sociedad española mantenga unas relaciones amistosas y normales con la jerarquía de la Iglesia, como sería lo apropiado. Conviene saber que para denunciar ese acuerdo basta con que lo promueva el gobierno y así lo vote la mayoría simple del Congreso. Obviamente, eso no parece posible en la actual legislatura, pero debería ser alcanzable en la próxima.
Es importante aclarar que no hay nada en la Constitución que justifique que se deba adoctrinar, impartir una asignatura de religión, y mucho menos a que sea evaluable. La Constitución se limita a garantizar “el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Se trata del reconocimiento de una libertad, pero no implica la obligación del Estado a dar una prestación. Ese mandato se puede cumplir perfectamente en las parroquias, mezquitas, sinagogas… etc.
La falta de costumbre de la jerarquía católica española a debatir en el terreno de los argumentos, en contra de lo que ha sucedido con la Iglesia francesa o incluso italiana, habituadas a la discusión intelectual, hace que prefiera moverse en el campo de los mitos y las presiones. ¡Siempre se ha estudiado religión en las escuelas públicas españolas! Es posible, pero, desde luego, casi nunca ha sido una asignatura obligatoria. De hecho, desde la primera ley educativa, de 1857, hasta hoy solo figuró como enseñanza obligatoria de 1899 a 1901 y durante el franquismo. ¡En Alemania se considera una materia científica y evaluable! Cierto, pero precisamente por eso es el Estado el que decide su contenido y su evaluación, y no la jerarquía de la Iglesia. ¡En Italia se imparte la religión en las escuelas! Cierto, pero de manera voluntaria, no evaluable y sin que pueda haber una actividad alternativa obligatoria. Abrir el debate es nuestra obligación, porque sin feminismo no hay laicismo.
La República es sin lugar a duda, la forma laicista y feminista por excelencia. El empeño de la derecha más rancia de enfrentar la ideología más extrema de este país con el acatamiento de la voluntad de la Conferencia Episcopal en lo relacionado con la educación o por ejemplo la exigencia de regular desde el Estado el uso de las lenguas oficiales en las comunidades con idioma propio.