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Al hilo de la Cárcel Vieja

Los muros de la Cárcel Vieja derribados el martes

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La recuperación de la Cárcel Vieja plantea el desafío de aceptar un lugar con memoria histórica y transformarlo en un espacio de memoria democrática. Antes de abordar los eventos que llevaron hasta este punto, es fundamental contextualizar ciertos aspectos.

La prisión fue inaugurada en mayo de 1929 durante la dictadura de Primo de Rivera. En septiembre de 1936, se produjo un asalto que culminó con el fusilamiento de diez presos en sus muros, debido al temor de que algunos condenados por el golpe de Estado de julio del 36 pudieran ver conmutada su pena por vínculos con el ministro de Justicia de entonces, Mariano Ruiz-Funes. Este episodio, carente de un procedimiento legal democrático, subraya la necesidad de establecer un lugar de memoria adecuado. Sin embargo, es crucial diferenciar entre la violencia producto de la falta de control del Estado republicano en un contexto de guerra y la violencia planificada desde el inicio por el golpe que devino en un régimen posteriormente denominado franquista. Como argumenta Nicolás Sesma en Ni una, ni grande, ni libre, el régimen se instauró mediante el miedo y el terror, con una represión sistemática que se mantuvo hasta su final.

Para ilustrar la cuestión de la violencia, basta una anécdota que, por repetida, marca una realidad: Melchor Rodríguez, el 'Ángel Anarquista', solo pudo existir entre quienes, desde la autoridad republicana y la ética anarquista, se resistieron a la barbarie de la retaguardia; no en un régimen que empleaba la violencia indiscriminada en la retaguardia y en el frente como arma. Escapar de aquella violencia únicamente era posible a través de las relaciones personales. La amistad y los contactos facilitaron la transición de las clases más altas, con conocidos, empleados, amigos y deudores actuando como testigos en los juicios, mientras otros, que rezaban por la ayuda del párroco o la intercesión de Evita Perón, morían en las cárceles atestadas de un país convertido en prisión. En la cárcel provincial de Murcia, por ejemplo, los fusilamientos superaron el medio millar, entre el estruendo que acompañaba cada ejecución y el terror de los miles de presos que morían de hambre y enfermedades en una cárcel abarrotada.

La destrucción sistemática de la cultura republicana ha afectado principalmente a la derecha republicana, menos organizada y sin instituciones que reconstruya su memoria como sucede con las izquierdas. La historia olvidó pronto a figuras como Rafael de Altamira, Niceto Alcalá Zamora y Claudio Sánchez-Albornoz, quienes fueron republicanos y demócratas. Mientras tanto, otros como Queipo de Llano, que fue republicano y luego golpista, reflejan la complejidad del período. Actualmente, no existen republicanos de derechas, lo que es un problema, ya que la palabra republicano se asocia a la izquierda, cuando no siempre fue así. Explicar este pasado es esencial para entender nuestra historia.

La democracia es frágil y depende de concebir el disenso dentro de un marco en el que los procedimientos son la bóveda del sistema. Tras la caída del Muro de Berlín en 1989, se creyó en la supremacía de la democracia capitalista, pero la Unión Soviética de la NEP, China y la actual autocracia rusa han demostrado que el capitalismo puede existir sin libertades, lo que subraya la importancia de preservar los valores democráticos en un mundo que camina hacia al capitalismo sin libertades.

En este contexto, la Cárcel Vieja de Murcia cerró en los años ochenta y en 1989 se propuso transformarla en una biblioteca, un museo y un archivo provincial. Sin embargo, la crisis económica de 1991-1992 frustró el proyecto. Desde entonces, el edificio pasó de una administración a otra sin un destino claro. Los panópticos, clave en la arquitectura carcelaria desde Bentham, han sido fundamentales en la interpretación de estos espacios, como señaló Foucault. Sin embargo, su valoración y catalogación han variado en distintos casos, con muchas prisiones desaparecidas sin conato de recuerdo ni llegar al BIC. La Cárcel Vieja de Murcia no podía correr la misma suerte.

El interés por la Cárcel Vieja creció en la opinión pública murciana gracias a la labor de dos documentalistas: Blanca Pérez de Tudela y Jeannette Conesa, quienes produjeron un documental sobre su historia mediante financiación colectiva. Estrenado en la Filmoteca en octubre de 2016, el documental generó debate y renovó el interés por la cárcel antes circunscrito a espacios especializados. Este impulso coincidió con la posibilidad de financiación europea para la remodelación de la Cárcel Vieja, lo que llevó a la apertura de un concurso en 2017. Sin embargo, la ausencia de asociaciones de memoria e historiadores especializados en la comisión evaluadora generó críticas e hizo posible el proyecto ganador. Este planteaba la construcción de unos muros etéreos, señalados pero inexistentes, que permitieran recordar el pasado consintiendo su permeabilidad. Sin embargo, esta propuesta no convenció a las asociaciones de memoria, que se opusieron al derribo de los muros originales. A pesar de la controversia, el proyecto siguió adelante y, en 2020, el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia determinó que no había impedimento legal para la demolición, ya que el edificio carecía de protección específica.

En 2021, el cambio de gobierno con la entrada del PSOE, apoyado por Ciudadanos y Podemos, alteró los plazos de intervención en la Cárcel Vieja. Se amplió el proyecto sin modificar la propuesta original de los muros etéreos. Paralelamente, en octubre de 2022 se aprobó la Ley de Memoria Democrática, permitiendo una nueva figura de protección para el recinto. En las elecciones municipales de 2023, José Ballesta (PP) ganó la alcaldía de Murcia y decidió continuar con el proyecto derribando los muros. No obstante, desde Murcia y el gobierno central, a través de la Dirección General de Atención a Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, se buscó una solución al planteado derribo de los muros solicitando en junio de 2024 la protección de la Cárcel Vieja como lugar de memoria democrática.

El proceso incluyó la elaboración de informes por parte del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Murcia, publicados, en parte, en el BOE en noviembre de 2024. El Ayuntamiento de Murcia, que también envió su propio informe en un intento de sostener su postura, replicó el acta del comité de expertos de 2018 y se mostró dispuesto a colaborar con el gobierno en la instalación de recursos explicativos y elementos de difusión de la memoria. Sin embargo, la protección otorgada al edificio mediante la aprobación de la incoación obligaba al Ayuntamiento a acatar la normativa que protegía el inmueble. Sin embargo, lejos de hacerlo, opto, por la estrategia del “por mis huevismo y aquí no pasa nada”, procediendo a la demolición de los muros físicos para sustituirlos por unos etéreos que no lograban contentar a nadie, vulnerando el expediente de protección. Ante la flagrante contravención de la protección incoada, el gobierno central emitió un requerimiento al Ayuntamiento, el segundo grado de exigencia administrativa tras la carta de colaboración, instándole a detener la demolición. Ante la situación, el Ayuntamiento acató la orden, consciente de que seguir adelante podía derivar en consecuencias penales.

Al final, prevaleció la democracia: el respeto a los procedimientos legales expresada mediante el requerimiento. La Cárcel Vieja deberá convertirse en un lugar de memoria histórica y democrática, en el que la parte derribada pueda hasta tener una función: explicar lo que costó que no fuera demolida por completo, un homenaje a los movimientos sociales democráticos. En ese caso, el pasado de la cárcel no puede ser olvidado y debe ser conocido por las generaciones siguientes, dentro de un marco que vaya todavía más lejos y nos permita entender que la democracia se basa en participación y libertad.

Espero, por tanto, que su transformación la dote de significado, con bibliotecas y espacios adecuados para recordar que los derechos no vienen solos. Ese es el siguiente paso: plantear un lugar que vaya más allá de las placas conmemorativas y que permita contar la historia de la democracia a través de los movimientos sociales que la construyeron.

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