El pasado mes de diciembre el Ministerio de Industria y Comercio publicó la Orden que incentiva a pequeñas y medianas empresas para que implanten una reducción mínima del 10% de la jornada laboral, y mantengan este plan durante al menos dos años, sin reducir el salario de sus empleados. Por su parte, la Comunidad Valenciana también estableció el año pasado un programa de ayudas públicas a empresas que reduzcan su jornada laboral un 20%, o bien a 32 horas semanales, es decir, semanas laborales de 4 días, también sin que se vean afectados los salarios del personal.
En el primer caso, el proyecto piloto está dotado con un presupuesto de 10 millones de euros y el gobierno subvencionará con 150.000 euros a las pymes que reduzcan su jornada laboral. En el segundo, la Generalitat Valenciana ofrece a las empresas que voluntariamente se acojan a este programa 9.600 euros por cada empleado al que se aplique la jornada de 32 horas. En los dos, el objetivo es aumentar la calidad de vida y la motivación de los y las trabajadoras, hacer descender las bajas laborales y gastar menos en desplazamientos, sin que la productividad se vea afectada.
Productividad y reducción de jornada, son dos términos tradicionalmente antagónicos pero que en este caso van unidos. Aumentar la motivación y la calidad de vida del personal, es decir, que sean más felices, es una cuestión fundamental en un momento en el que la salud mental en los entornos laborales, después de la pandemia, se ha degradado alarmantemente, y en el que los datos sobre consumo de ansiolíticos sitúan a España entre los países que más consumen estas sustancias. Hablar con alguien que trabaja en un centro de salud, en un centro para discapacitados o de mayores, o un centro educativo, por poner tres ejemplos, es oír historias de estrés e imposibilidad de conciliar vida personal y familiar.
Como señalamos, en los dos casos la medida va dirigida desde la Administración pública a la empresa privada. En el sector público, por el momento, no se contempla ninguna medida similar, y menos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. De hecho, las ocasiones en las que se ha planteado el asunto con representantes de la Dirección General de Función Pública siempre se nos ha trasladado que una reducción de la jornada conllevaría ineludiblemente una reducción del salario, es decir, implicaría un componente sancionador, circunstancia, por otra parte, muy común y socorrida en nuestra Administración regional murciana.
Pongamos el ejemplo de otra medida que, a mi modo de ver, mejoraría la conciliación de la vida laboral y familiar del personal empleado público: el teletrabajo. Desde la Intersindical Región Murciana, por ejemplo, venimos defendiendo un sistema de trabajo que creemos que puede cubrir, si se emplea de la forma correcta, las necesidades del servicio con las de conciliación y protección de la salud del personal de la Administración regional. Así se demostró durante los meses más duros de la pandemia por la Covid-19, en los que el personal de la CARM puso su empeño en sacar en condiciones complicadas su trabajo adelante, y los responsables de centros públicos vieron cómo los niveles de productividad se incrementaron, incluso sacando trabajo atrasado adelante.
Además, si atendemos a la Estrategia para la Transformación de la Función Pública Regional, publicada en 2021, se supone que es el propio Gobierno Regional el que debería “fomentar las necesarias acciones y medidas de transformación (también en materias como el teletrabajo) que debe afrontar la Administración General de la CARM en los próximos años, en el ámbito del personal de Administración y Servicios”. ¿O es que no quieren transformar nada?
Es necesario recordar que han pasado 11 años ya desde la publicación del Real Decreto Ley 20/2012 por el que, entre otras cuestiones, se suprimió la jornada de 35 horas que estaba fijada para el conjunto de las administraciones públicas. Una vez más, mientras que en algunas comunidades autónomas ya se ha revertido ese recorte, caso de Andalucía, en la Región de Murcia el consejero de Hacienda se ha limitado a señalar que aquí se hará “de forma progresiva”, para luego advertir de la “inviabilidad de aplicar esta medida de manera inmediata por los costes económicos que supone”. Es decir, que ni se aplicará la medida ni se revertirá el recorte, ni de forma progresiva ni de una sola vez.
Los planes de modernización de la Administración regional deberían ir por este camino, se trata de replantear el sistema de trabajo fijado desde hace más de 100 años, superar la cultura del presentismo. Las 40 horas repartidas en cinco días no se han puesto en cuestión en años y es necesario reconsiderar esta opción. No se trata de echar más horas, sino de producir más y hacerlo mejor.
El pasado mes de diciembre el Ministerio de Industria y Comercio publicó la Orden que incentiva a pequeñas y medianas empresas para que implanten una reducción mínima del 10% de la jornada laboral, y mantengan este plan durante al menos dos años, sin reducir el salario de sus empleados. Por su parte, la Comunidad Valenciana también estableció el año pasado un programa de ayudas públicas a empresas que reduzcan su jornada laboral un 20%, o bien a 32 horas semanales, es decir, semanas laborales de 4 días, también sin que se vean afectados los salarios del personal.
En el primer caso, el proyecto piloto está dotado con un presupuesto de 10 millones de euros y el gobierno subvencionará con 150.000 euros a las pymes que reduzcan su jornada laboral. En el segundo, la Generalitat Valenciana ofrece a las empresas que voluntariamente se acojan a este programa 9.600 euros por cada empleado al que se aplique la jornada de 32 horas. En los dos, el objetivo es aumentar la calidad de vida y la motivación de los y las trabajadoras, hacer descender las bajas laborales y gastar menos en desplazamientos, sin que la productividad se vea afectada.