Hoy, en la España del siglo XXI, 46 años tras de la muerte de Franco, en un régimen monárquico en teoría democrático, los crímenes del franquismo siguen sin poder juzgarse, y las familias de los asesinados y desaparecidos --entre 150.000 y 200.000 según estiman la mayoría de historiadores-- no pueden recurrir a la justicia en busca de reparación.
La causa principal de esta aberración, o tal vez la única, no es otra que la Ley de Amnistía total que se aprobó en 1977 para sustituir a la Ley de Amnistía parcial de 1976 -esta tenía como objetivo principal amnistiar a los opositores al franquismo sin delitos de sangre-.
La nueva Ley de Amnistía total fue aprobada en el Congreso de los Diputados el 15 de octubre de 1977 con el apoyo de UCD, PSOE, PSP, PCE, la minoría Vasco-Catalana y el grupo mixto; se abstuvieron Alianza Popular y dos diputados de grupos minoritarios. En total, 296 votos a favor, dos en contra, uno nulo y 18 abstenciones; así se consiguió una ley que terminó por perdonar “los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley”. Por ello, no se ha podido juzgar a torturadores como Billy el Niño y otros elementos de la Brigada Político Social, ni ilegalizar las fundaciones franquistas, ni eliminar de todas las vías públicas los nombres de Franco, Yagüe o Queipo de Llano, que sin esta ley habrían podido llegar a ser declarados criminales de guerra. Recientemente, el Ayuntamiento de Madrid ha restituido el antiguo nombre de Millán Astray a la calle Maestra Justa Freire en aplicación de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Otro ejemplo del actual auge del franquismo sociológico.
Pero los delitos contra la humanidad no prescriben, ni ninguna ley de punto final puede pasar sobre ellos.
Recién aprobada la Ley de Amnistía total 1977, organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional solicitaron en repetidas ocasiones al Gobierno de la UCD la derogación de la norma por considerarla “incompatible con el Derecho Internacional”. Asimismo, la ONU emitió comunicados de protesta, ya que se perdonaban todo tipo de crímenes sin ni siquiera conocer la naturaleza de los mismos.
Pablo De Greiff, relator especial de la ONU para esta causa, advirtió que la Ley de Amnistía era incompatible con los compromisos internacionales suscritos por España, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, argumentando que conceder los beneficios de la Ley de Amnistía requiere al menos la investigación de los hechos, pues de otra manera no hay responsabilidad alguna que se pueda suspender o extinguir.
Pretendiendo resolverlo todo de una vez y acabar con la impunidad, en 2007 el PSOE e IU pactaron la ley de Memoria Histórica, una ley que no suprimió la de Amnistía y, por tanto, de poco alcance. Una vez más los aparatos de los partidos de izquierda quedaron a la zaga de sus bases y del colectivo de víctimas del franquismo que exigían verdad, justicia y reparación.
Ante la impotencia de la izquierda y la ambigüedad del PSOE, en octubre de 2008 Baltasar Garzón se declaró competente para investigar la desaparición de las víctimas del franquismo. En su auto, el magistrado atribuyó al dictador Francisco Franco y a otros 34 jefes responsables de la rebelión contra el Gobierno de la República un plan de exterminio sistemático y de represión de sus oponentes que terminó con al menos 114.266 desaparecidos. El juez Garzón enmarcó estos hechos en el contexto de crímenes contra la humanidad. Dos años más tarde se le apartó de esa causa y fue procesado por prevaricación, quedando de manifiesto que tanto la ley de Amnistía de 1977 como la Ley de Memoria de 2007 eran realmente leyes de punto final y un blindaje al franquismo.
En 2012 Navanethem Pillay, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, volvió a pedir formalmente a España la derogación de la Ley de Amnistía argumentando que incumplía la normativa internacional sobre Derechos Humanos, naturalmente sin resultado alguno. ​
En 2017, en conmemoración del 40 aniversario de los asesinatos de los abogados de la calle Atocha, Izquierda Unida impulsó una campaña para un proyecto de ley que derogara la de Amnistía de 1977. El proyecto no tardó en ser absorbido por el de la Ley de Memoria Democrática, a la que le espera, sin la derogación de la de Amnistía de 1977, el mismo o similar destino que a la de 2007 de Zapatero: no se podrán juzgar los crímenes del franquismo.
Otro paso adelante lo dieron en marzo de 2018 Podemos, Compromís y los grupos nacionalistas presentando en el Congreso de los Diputados una propuesta de reforma de la ley para que los responsables de violaciones de los derechos humanos durante el franquismo pudieran ser juzgados; fue rechazada con los votos en contra de PP, PSOE y Ciudadanos.
El argumento de los sucesivos gobiernos es que “la transición sólo fue posible gracias a la Ley de Amnistía”, cuando en realidad lo que ésta ha propiciado ha sido la revitalización del franquismo residual, envalentonado por la impunidad.
En septiembre de 2018 Fabián Salvioli, relator especial de la ONU para la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las garantías de no repetición, habló en el Congreso de los Diputados sobre la obligación de España de respetar el derecho y los convenios internacionales suscritos. Casi dos años después, en julio de 2020, Salvioli volvió a pronunciarse sobre este asunto con la misma contundencia, instando de nuevo a España a derogar la Ley de Amnistía y a juzgar los crímenes del franquismo o, en su defecto, aceptar la extradición de los responsables de la dictadura franquista que son reclamados por Argentina en la conocida como “querella argentina”, única causa judicial que investiga los crímenes del franquismo.
Recientemente el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) ha dado la razón a Baltasar Garzón al concluir que la condena a once años de inhabilitación fue “arbitraria” y pide una “reparación efectiva” por considerar que se vulneró su derecho a la presunción de inocencia y a la revisión de la condena y la pena. Pero el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado al respecto: no considera vinculantes los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; de modo que para el ex-juez de la Audiencia Nacional todo queda igual a la espera de la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
A todo esto, el Gobierno de Pedro Sánchez sostiene que la Ley de Memoria Democrática garantiza la investigación de las violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario ocurridas con ocasión de la guerra civil y la dictadura. Para ello, según el Ejecutivo, se modificará el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para atribuir a la Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, entre otras funciones, la de practicar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados y facilitar o coordinar los instrumentos de cooperación internacional para la reparación de las víctimas.
Pero continúa ausente de los planes del Gobierno retocar la ley de Amnistía.
En realidad esta nueva Ley de Memoria Democrática parece otro brindis al sol ya que cualquier iniciativa que se tome, quedará neutralizada por la vieja Ley de Amnistía. De modo que mientras esta siga vigente, todo seguirá igual de “atado y bien atado”.
Así lo han denunciado casi un centenar de colectivos de víctimas: para acceder a la justicia, es preciso que la Ley de Amnistía de 1977 sea declarada nula, y tal cosa no sucederá sin la colaboración del PSOE.
Es decir...¿nunca?
Hoy, en la España del siglo XXI, 46 años tras de la muerte de Franco, en un régimen monárquico en teoría democrático, los crímenes del franquismo siguen sin poder juzgarse, y las familias de los asesinados y desaparecidos --entre 150.000 y 200.000 según estiman la mayoría de historiadores-- no pueden recurrir a la justicia en busca de reparación.
La causa principal de esta aberración, o tal vez la única, no es otra que la Ley de Amnistía total que se aprobó en 1977 para sustituir a la Ley de Amnistía parcial de 1976 -esta tenía como objetivo principal amnistiar a los opositores al franquismo sin delitos de sangre-.