Hace tan solo unas pocas semanas que finalizaron las oposiciones convocadas en distintas Comunidades Autónomas para acceder a la condición de funcionario de carrera en el ámbito educativo. Además, dichas pruebas también condicionan el acceso y composición de listas de interinos, por lo que su trascendencia es vital para los aspirantes; si bien es más que discutible que ambos aspectos se mezclen con criterios que son, además, distintos, lo que genera un enorme conflicto. Dicha irracionalidad no ocurre en otras administraciones como, por ejemplo, la sanitaria, que ha resuelto el tema bastante mejor, con carácter general.
Recordemos el tremendo conflicto que ha supuesto la irresponsable actuación por parte de la Consejería de Educación en los últimos años por actuar, en el tema de las listas de interinos, de forma unilateral y arbitraria, y contra la comunidad educativa, teniendo que intervenir la propia Asamblea Regional para tratar de poner algo de orden en el tremendo lío provocado por una sucesión de consejeros de Educación y Directores Generales más preocupados en generar titulares populistas que en mejorar la precaria situación educativa de la Región. Por fortuna, organizaciones como AIDMUR han estado al pie del cañón de manera continua para denunciar constantemente las tropelías cometidas, y que se siguen cometiendo, y para implicar activamente a los partidos políticos de la Región y sindicatos ante el desastre de gestión al que asistimos día a día.
Un procedimiento selectivo es algo muy duro para quienes tienen que pasar por él, y solo sabe realmente lo que implica quien haya pasado por ahí. Los demás solo pueden hablar de oídas, pero ni se imaginan el esfuerzo y sacrificio que conlleva. Es algo similar a una competición de obstáculos, de larga e incierta duración y resultado, con numerosas trampas, y con un componente de azar que para nada tiene que ver con la pretendida objetividad de unas pruebas que no lo son en absoluto (si te toca el tema que llevabas bien preparado que debes desarrollar en un tiempo insuficiente y encima le gusta a tu tribunal tendrás muchas posibilidades de éxito, aunque del resto del temario no tengas ni idea); y con un diseño de un procedimiento caduco, injusto e incapaz de valorar las capacidades que deben atesorar los docentes para un correcto desempeño profesional. Encima, el esfuerzo y dedicación empleado no es proporcional ni asegura un resultado positivo; de ahí su tremenda injusticia y el desasosiego que crea entre quienes deciden cruzar este inmenso zarzal, que deja profundas cicatrices.
Y es que los que nos dedicamos a la enseñanza, el oficio más bello del mundo a la par que denostado históricamente por los gobernantes, sabemos perfectamente que nada tiene que ver el ejercicio docente cotidiano y real con las pruebas que deben superarse en un proceso selectivo. Los aspirantes deben enfrentarse a unos temarios desfasados, mal diseñados e inconexos con la realidad y con su formación universitaria, para hacer frente a una primera prueba puramente memorística, a unas pruebas prácticas de las que no existe una guía oficial que determine en qué pueden consistir, por lo que sufren enormes vaivenes, y una prueba oral que en nada tiene que ver con el desempeño y cualidades didácticas y metodológicas que se precisan para ser docente porque es, de nuevo, esencialmente memorística y tremendamente limitada.
Encima, los tribunales de selección actúan con un enorme margen de discrecionalidad dado que no se conocen con exactitud los criterios de evaluación y calificación que van a utilizar, no existen pruebas puramente objetivas, por lo que dichos criterios difieren muchísimo unos de otros, además de una falta de transparencia del proceso especialmente alarmante en cuanto a su revisión. En cuanto a la fase de concurso, éste suele valorar muy insuficientemente la experiencia docente, casi despreciando el factor que realmente es más importante, y además sufre enormes modificaciones de una convocatoria a otra con criterios poco claros. Es decir, un sistema absolutamente inadecuado, arcaico, subjetivo, opaco, marcado por el azar y, por todo ello, ineficaz.
De ello se deriva que sea una auténtica tortura para unos aspirantes que no saben a qué atenerse con exactitud, y peor aún resulta para los docentes interinos, que tienen que compatibilizar trabajo y estudio, y cuya continuidad laboral, dentro de un marco de inestabilidad y precariedad que la administración se empeña en mantener en contra de toda lógica, puede depender de dichas pruebas que, además, no valoran adecuadamente la carrera profesional y el desarrollo continuo de los docentes. Un sinsentido, en resumen.
Un ejemplo práctico de lo que expongo en estas líneas lo constituye el hecho de que en la prueba oral (presuntamente para valorar al aspirante en cuanto a sus capacidades didácticas) no es posible utilizar recursos tecnológicos, cuando la realidad docente pasa, ineludiblemente, por el uso de las TIC para motivar a nuestros alumnos y para implementar estrategias metodológicas más acordes a los tiempos que vivimos, donde el uso de las herramientas tecnológicas son lo habitual para nuestros alumnos (de la idoneidad en cuanto a los recursos existentes en los centros educativos y la deficiente oferta formativa que ofrece Educación a los docentes hablaríamos otro tanto). Es decir, no es posible demostrar en dicha prueba que se reúnen dichas capacidades.
Por si no fuera suficiente, y para ejemplificar la poca seriedad con que se aborda este asunto, resulta que lo normal es que el opositor no sepa, hasta cinco o seis meses antes de la realización de las pruebas, si se van a convocar o no plazas de su especialidad ni el número de éstas; lo cual es ya es una prueba de lo mal que se gestiona algo tan serio como un proceso selectivo. Para los aspirantes es una desconsideración que el político de turno no anuncie la oferta de empleo público con anterioridad suficiente. Otra prueba más del desprecio hacia el docente.
Pero esto no queda ahí. ¿Saben que en las recientes oposiciones al cuerpo de maestros de la Región de Murcia la Consejería de Educación nombró directamente a varios presidentes de tribunal que ni tan siquiera pertenecían a la especialidad que debían evaluar? Por increíble que parezca estas cosas ocurren y se fomentan directamente desde la administración educativa, y constituye una falta de respeto absolutamente colosal hacia el aspirante que se juega su futuro. Es decir, que la persona que preside algo tan pretendidamente serio como un tribunal de oposición puede que no tenga ni idea de lo que hace. A esto, algunos, le llaman calidad. Yo lo llamo, directamente, fraude.
Por si no resultara suficiente, los tribunales apenas tienen tiempo para evaluar las distintas pruebas y trabajan contrarreloj en unas condiciones muy lamentables; teniendo un margen mínimo prefijado de tiempo para calificar a los aspirantes, sin importar su número, lo que condiciona, a su vez, el número de aspirantes que deben pasar a la siguiente fase, independientemente de que merezcan seguir adelante. Un poco injusto, ¿verdad? A ello se suma que, en demasiadas ocasiones, las condiciones ambientales de las sedes de actuación no son, precisamente, las más idóneas, estando expuestos tanto aspirantes como tribunales a altas temperaturas o en instalaciones poco adecuadas. Algunos hemos sufrido las temibles sillas con palas, en las que hemos tenido que estar cuatro horas en una posición incomodísima. En suma, que una oposición es un suplicio tanto para examinadores como examinados que poco tiene que ver con condiciones objetivas y justas.
Y a pesar de ser vox populi y ser comúnmente compartida esta crítica, nada se ha hecho por cambiar este panorama. Pasan los años y nada se hace. En vez de ello, y de proceder a su mejora, se mantiene algo que es inadecuado y que supone una auténtica y cruel tortura que en nada beneficia al sistema, ni a los aspirantes, ni asegura la elección de los más capacitados.
Y digo todo esto poniendo por delante que he sido uno de los afortunados (teniendo que irme a otra comunidad por la nula convocatoria de plazas de mi especialidad desde el 2010 debido a los recortes). Por supuesto que mi alegría, y la de mi familia y amigos, es inmensa; pero soy consciente de que este sistema no cumple con los principios constitucionales de transparencia, mérito y capacidad. Un proceso tan condicionado por el azar, la subjetividad y sus propias limitaciones no responde a dichas exigencias. No digo que no lo merezca; en realidad creo que ya hice méritos antes, pero no soy el único ni mejor que muchos otros compañeros que son excelentes (pero maltratados) profesionales.
Aprobar una oposición, además, no es lo mismo que obtener una plaza como funcionario, lo cual ya dice mucho de cómo funciona el sistema. A pesar del desprecio que muchos muestran hacia los docentes interinos, especialmente desde la Consejería de Educación, éstos ya han aprobado (en su inmensa mayoría) unas oposiciones, incluso varias veces. Es decir, hay infinidad de maestros y profesores que ya han demostrado sobradamente su capacidad, pese a no tener una plaza en propiedad como funcionarios de carrera. A pesar de ello, el sistema se empeña en hacerlos pasar, una y otra vez, por una trituradora de ilusiones que devora a unos aspirantes a funcionarios que sacrifican su familia y su vida por una nota a pesar de haber demostrado su valía. ¿Tiene esto alguna lógica? Este despótico engranaje hace que los docentes estén más pendientes de una nota para poder seguir trabajando en condiciones precarias que en seguir desarrollándose verdaderamente. Mezclar acceso e interinidad de esa manera es, por ello, un desperdicio enorme de esfuerzo que no permite que el profesional de la enseñanza avance con unas condiciones mínimas de calidad porque, precisamente, tiene siempre la amenaza de la espada de Damocles sobre él, evidenciando que el sistema no es eficaz.
Ese maltrato e ineficiencia es preocupante y recurrente. Tenemos una Consejería de Educación que funciona deficientemente y, tal vez para tapar sus vergüenzas, se dedica continuamente a desprestigiar a maestros y profesores, negándoles el diálogo y precarizando sus condiciones de trabajo. Incluso, ejerce despiadadamente la discriminación dentro de su estrategia de recortes y bombardeo paulatino sobre la educación pública, de la que son enemigos (a los hechos me remito, objetivamente). La actual consejera, Isabel Sánchez Mora, se ha cubierto de gloria con el asunto de la paga de verano a los interinos, y especialmente con las docentes interinas que han sido madres durante el pasado curso. La actuación de la consejería de Educación de la Región de Murcia al respecto no ha podido ser más lamentable ni más miserable, y la dimisión o cese de la consejera y de su equipo ya debería haberse producido por el bochorno de la tropelía cometida contra los derechos de las docentes, y madres, de la Región. Dado que ello no se ha producido, por la falta de responsabilidad política existente en el ejecutivo regional, espero que la oposición sí de un paso al frente y presente una moción de reprobación contra la consejera y todo su equipo. Lo que ha ocurrido es tan inadmisible que es una obligación actuar para devolverle a la administración algo de la dignidad de la que la han despojado.
Dejo, por tanto, esta tierra, a la que he aprendido a querer durante casi doce años y a involucrarme en su mejora con mi pequeña aportación en diversos espacios. El camino recorrido, especialmente desde AIDMUR, no ha sido fácil. Demasiada incomprensión y recelo desde algunos sectores y personas por miedo a un actor nuevo que ha tratado de despertar algunas responsabilidades que estaban dormidas o no del todo activas; y demasiado sectarismo por parte de una administración mal gestionada, poco cualificada y en nada acostumbrada a recibir las legítimas críticas de un colectivo que ha sufrido enormemente los efectos de los recortes. Lo mejor de todo este tiempo, sin duda, han sido los compañeros y compañeras, docentes maravillosos y comprometidos con una educación pública de calidad y por la dignidad del trabajo docente. Y ahí estaba mucha gente, asociados o no a AIDMUR, y compañeros/as de diferentes organizaciones sindicales. Dejo, así, de pertenecer formalmente a una organización necesaria en los tiempos que corren, en cuyo nacimiento he participado como integrante de su junta directiva, como vocal y como vicepresidente; aunque nunca dejaré de sentirme partícipe de una asociación de docentes que luchan por una educación mejor. Humildemente pienso que AIDMUR ha sido un ejemplo del que aprender porque su rumbo ha estado basado en la transparencia, la independencia y el trabajo constante. Por eso hemos sido tan incómodos y útiles.
Volviendo al tema de las oposiciones, es urgente plantear y acometer un cambio de modelo que sea más justo, más objetivo y más adecuado. Existen diversos planteamientos, desde la famosa doble vía de acceso, hasta los sistemas MIR o el creciente NAD. Por cierto, que lo del MIR es algo planteado por algunos partidos políticos y ninguno ha explicado en qué consiste dicha propuesta ni en campaña electoral cuando les hemos preguntado, y eso ya demuestra el déficit político en materia educativa. Supongo que, una vez exista gobierno y los partidos se decidan a acometer la necesaria reforma y pacto educativo (la LOMCE es un invento nacido del sectarismo condenado al fracaso), entonces se plantearán este tema que no admite más demora.
Al respecto, solo pido que se escuche a los interesados; no valen parches, y el nuevo sistema que venga debe cumplir un doble requisito: objetividad y evaluación de la carrera profesional. No deben permitirse más pruebas cargadas de subjetividad, y por supuesto la administración debería saber a estas alturas que la docencia se aprende mediante su ejercicio, por lo que hay que valorar las capacidades aprendidas y desarrolladas por los docentes a lo largo de su carrera. Es por eso que hay que potenciar verdaderamente su formación, especialmente la muy deficiente formación universitaria, la investigación y la innovación pedagógica, y valorar la experiencia y dedicación de los que, día a día, trabajan en las aulas.
Insisto en que un nuevo modelo de acceso, por tanto, debe estar basado en una adecuada formación universitaria, que esté conectada con la realidad educativa y que incluya una apuesta por la innovación e investigación metodológica. No puede ser, como ocurre en la realidad, que un recién graduado en educación infantil, por ejemplo, desconozca en qué consiste una programación didáctica o que no conozca cómo funciona un centro educativo, o que apenas haya trabajado con niños (las prácticas universitarias o de máster son una broma). Tampoco es admisible que el profesorado universitario, aun siendo catedráticos de alguna sesuda especialidad académica y científica, no hayan pisado nunca una…escuela.
No puede ser, tampoco, que las pruebas de una oposición no tengan nada que ver con lo que se ha estudiado en una carrera universitaria y que los recién graduados tengan que acudir a una academia a que les enseñen, no a ser docentes (que tampoco lo hace la Universidad aunque les entregue un título), sino a superar unas pruebas determinadas, tal y como si fuera la prueba teórica del permiso de conducir.
Porque, aunque algunos se resistan a reconocerlo, ésa es la realidad. Una realidad en la que, una vez que se ingresa en un aula, es cuando verdaderamente se aprende esta profesión, y la calidad y desarrollo del docente depende exclusivamente de su vocación y de su decisión personal de formarse de manera autónoma, porque lo que supuestamente había aprendido en la Universidad tiene un bajísimo valor práctico real. Debería ser la Universidad la que formara docentes y dejara de ser un trámite burocrático. Si no es así, la existencia misma de la Universidad estaría en entredicho, ya que actualmente no es capaz de que sus estudiantes adquieran las capacidades necesarias.
Y por supuesto, para obtener una plaza como funcionario de carrera, debe ser fundamental la valoración adecuada de la práctica docente y del desarrollo profesional integral del aspirante, incluyendo una formación rigurosa y no el actual rosario de cursos, menciones de grado y másters que son una gran estafa por su pobre calidad académica, y que están orientados al puro negocio económico, especialmente en determinadas universidades privadas que están a la cola de todos los ránkings de calidad pero que, año tras año, aumentan su oferta académica con la casi total seguridad de éxito tras el obligado y religioso paso por caja.
Y es que así está el patio, y así lo verá quien quiera asomarse a él, sin vendas ni gafas con cristales de colores. La Educación es algo demasiado serio que la administración de este país sigue minusvalorando. Es un motor de futuro que permitirá vivir mejor a las siguientes generaciones si así lo permitimos. Lo demás, es un gran fraude.
Hace tan solo unas pocas semanas que finalizaron las oposiciones convocadas en distintas Comunidades Autónomas para acceder a la condición de funcionario de carrera en el ámbito educativo. Además, dichas pruebas también condicionan el acceso y composición de listas de interinos, por lo que su trascendencia es vital para los aspirantes; si bien es más que discutible que ambos aspectos se mezclen con criterios que son, además, distintos, lo que genera un enorme conflicto. Dicha irracionalidad no ocurre en otras administraciones como, por ejemplo, la sanitaria, que ha resuelto el tema bastante mejor, con carácter general.
Recordemos el tremendo conflicto que ha supuesto la irresponsable actuación por parte de la Consejería de Educación en los últimos años por actuar, en el tema de las listas de interinos, de forma unilateral y arbitraria, y contra la comunidad educativa, teniendo que intervenir la propia Asamblea Regional para tratar de poner algo de orden en el tremendo lío provocado por una sucesión de consejeros de Educación y Directores Generales más preocupados en generar titulares populistas que en mejorar la precaria situación educativa de la Región. Por fortuna, organizaciones como AIDMUR han estado al pie del cañón de manera continua para denunciar constantemente las tropelías cometidas, y que se siguen cometiendo, y para implicar activamente a los partidos políticos de la Región y sindicatos ante el desastre de gestión al que asistimos día a día.