El pasado mes de junio, la Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en la Región de Murcia (EAPN-RM) presentó la investigación “Impacto de la COVID-19 en familias con menores de la Región de Murcia” (realizada por un equipo de la Universidad de Murcia y financiada por la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social). Se trata de una de las primeras investigaciones que recoge de primera mano los efectos de la pandemia en las familias murcianas y, especialmente, en las y los menores.
Ya publicamos un artículo sobre la misma pero, ahora que empieza un nuevo curso escolar, y teniendo en cuenta que la investigación recoge mucha información sobre cuestiones educativas, parece un buen momento para volver a traer al debate público algunos de los datos ofrecidos por dicha investigación.
Pero, empecemos por las vacaciones.
Solemos dar por hecho que lo que en nuestro caso es normal, lo es para el resto de gente. Así, cuando nos encontramos con alguien a la vuelta del verano, le preguntamos cómo le han ido las vacaciones, si ha estado aquí o allá, qué tal playa, qué tal la montaña. Sin embargo, las vacaciones son un lujo que no está al alcance de todo el mundo. Según la última encuesta de condiciones de vida realizada por el INE, casi la mitad (45,3 por ciento) de las murcianas y murcianos no se podía ir de vacaciones al menos una semana al año.
El dato de la región es notablemente peor que la media europea, donde la gente que no puede irse de vacaciones suma el 28 por ciento. El poeta Vicente Huidobro decía que los cuatro puntos cardinales son tres: norte y sur. En cuestión de pobreza y exclusión social podemos imaginar fácilmente esos dos puntos cardinales a los que todo parece quedar reducido. EAPN-ES, por ejemplo, evidencia cada año al publicar su informe 'Estado de la pobreza' que el país está partido en dos, siendo los datos de la mitad norte mucho mejores que los de la mitad sur.
Esos dos puntos cardinales no siempre lo son de forma literal. La investigación a la que me refería al comienzo ofrece una comparativa del impacto de la pandemia entre las familias que están en situación de pobreza y exclusión social y las que no. A lo largo de todas las tablas, de todos los datos, se aprecia cuánta razón tenía Huidrobo porque el efecto de la pandemia ha sido siempre peor para las familias en situación de pobreza y exclusión. También en las cuestiones educativas.
La pandemia y el confinamiento han convertido a las tecnologías digitales, si no lo eran ya, en imprescindibles. Se ha hecho imposible estudiar sin una conexión a internet y sin algún dispositivo informático. Conviene no pasar por alto el adjetivo anterior: imposible. La investigación ha preguntado a las familias murcianas sobre esto: el 41,7 por ciento de las familias disponía de ordenador o tablet antes de la pandemia pero este porcentaje se reduce al 26,1por ciento en el caso de las familias en situación de pobreza. Consecuentemente, la utilización del teléfono móvil como medio de apoyo para la realización de las tareas escolares es mucho más frecuente en las familias en riesgo de exclusión (32,3 por ciento) que si consideramos el total de hogares, donde se queda en el 16,6 por ciento. No es lo mismo, ni por asomo, estudiar en un ordenador, con teclado y monitor, que con un simple teléfono donde, por ejemplo, teclear una redacción puede ser tarea interminable.
Si existe la brecha digital es porque, todavía en alguna medida, lo digital es un privilegio. Es preciso recordar que los privilegios tienen siempre varias caras. Los datos del párrafo anterior nos hablan de la cara material. Pero, además, podríamos hablar de la dimensión formativa: un 13 por ciento de las familias en pobreza reconocen que sus hijas e hijos tienen un dominio bajo de las tecnologías digitales, una cifra que se dispara al 35 por ciento en el caso de las madres y padres. O del aspecto relacional: algo más del 40 por cient de las familias en pobreza tiene dificultades para ayudar a sus hijos e hijas en sus tareas educativas y un 8 por ciento no les puede ayudar nunca.
Los privilegios tienen también una notable componente espacial. Así, un 31 por ciento de los hogares en riesgo de exclusión no dispone en sus viviendas de un espacio adecuado para que los y las menores entre 3 y 16 años puedan estudiar o realizar sus tareas.
Aunque, sin duda, el principal debate educativo en la Región de Murcia durante el pasado curso escolar giró alrededor de la semipresencialidad.
No fue un modelo único sino que varió según las edades del alumnado y el número de niñas y niños por aula. En la mayor parte de los hogares, según datos de nuestra investigación, los y las menores siguieron una modalidad semipresencial de enseñanza en la que algún día a la semana debían quedarse en casa para seguir las clases por videoconferencias. Únicamente en el 30,4 por ciento de los casos, todas las clases han sido presenciales.
La investigación preguntaba a las familias cómo la enseñanza semipresencial había afectado a las chicas y chicos en diversos aspectos. La evaluación de la semipresencialidad aplicada en el curso 2020-21 es netamente negativa y lo es especialmente en las dimensiones de “rendimiento académico”, “conocimientos” y “motivación”. En el caso de las familias en riesgo de pobreza y exclusión, alrededor del 27 por ciento afirmó que el efecto de la semipresencialidad fue negativo en esos tres aspectos (además, un 8 por ciento lo calificó como muy negativo).
Conviene completar los datos con un poco de análisis. Un análisis que podría pasar por la versión meteorológica de los versos ya citados de Huidrobo: llueve sobre mojado. El equipo investigador señala como uno de los grupos de estudiantes que se quedó atrás tras el paso a la nueva educación semipresencial a “los alumnos y alumnas que ya tenían dificultades en el ámbito educativo antes de la pandemia”. El sur siempre es susceptible de viajar más al sur.
Todo lo anterior amplifica un mensaje que desde EAPN-RM repetiremos todas las veces que sea necesario: es ineludible conseguir una educación pública de calidad en la Región de Murcia. Una educación pública de calidad, completamente gratuita, inclusiva (en toda la amplitud de la palabra), comprometida con los derechos humanos y que asegure la igualdad de oportunidades. Los puntos cardinales deben volver a ser cuatro.