Los límites de nuestra memoria y nuestro mal hábito de asumir sin crítica la novedad mediática de contenidos efímeros pero fáciles para el pensamiento fugaz, nos lleva a olvidar, con más frecuencia de lo deseable para el bien común, los hechos que nuestros políticos han realizado en pro o en contra de nuestro bienestar, a lo largo de todo su mandato. Ello es de tal naturaleza, que muchos de los responsables de gobierno se apresuran en los últimos días de campaña electoral a aprobar o decidir medidas en favor de quienes han sido más vapuleados por su insensato e insensible ejercicio del poder, con la esperanza que estos gestos anulen lo poco que reste de memoria crítica de sus desmanes.
Y no nos extraña escuchar en los corrillos populares calificar dicha conducta como la cantinela de siempre, como algo inevitable e indisociable de la condición de publicidad del gobernante. Es un hecho de tal calado que el esfuerzo por intentar recordar los efectos perniciosos o beneficiosos de la acción de unos gobernantes en un periodo dado se convierte en una labor compleja. Tarea que se convierte en casi titánica, si pretendemos rememorar con cierta dosis de análisis político, algunas propuestas y documentos que fueron decisivos y anticipatorios de lo que ha sucedido años después, o bien, han sido y continúan siendo radicales en su apuesta por una práctica democrática y un contexto de autogobierno más racional y adecuado a las necesidades de los miembros de una comunidad. Y comprobamos, forzosamente, como se tarda en irradiar sus postulados entre los diversos sectores de la población.
Uno de esos documentos imprescindibles y de contenidos actuales es el que recoge las PROPUESTAS PARA LA REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA que elaboró el Foro Ciudadano de la Región de Murcia en julio de 2005. La oportunidad de traerlo ahora a la opinión pública viene dada por el previsible cambio sustancial del panorama político en la Región de Murcia con una representación más amplia y variada de distintas sensibilidades ideológicas lo cual, sin duda, enriquecerá la vida parlamentaria y permitirá, entre otras cosas, aumentar el ejercicio y el seguimiento de la transparencia en el desempeño de los cargos públicos. Algunos de sus contenidos se reflejaron en diferentes propuestas legislativas efectuadas en la Asamblea Regional por los grupos de la oposición durante los dos últimos mandatos, pero fueron dilapidadas por el rodillo de la mayoría actual.
Lo más llamativo de este documento, cuya lectura detallada recomendamos, es la vigencia significativa de todos sus contenidos, a pesar de los diez años transcurridos desde su divulgación. Este documento surgió para fomentar un debate para la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía, en un momento en el que se planteaba desde el Gobierno de España una modificación significativa del Senado. Se apoyaba en una serie de motivos, entre los cuales, se destacaba que la (posible) reforma constitucional debía corregir las deficiencias de funcionamiento del Estado de las Autonomías y convertirlo en un verdadero Estado Federal, en un contexto en donde la reforma de los Estatutos de diferentes comunidades reclamaban un incremento de sus capacidades de autogobierno; ante la reforma del sistema de financiación autonómica, reclamando que se garantice la solidaridad interterritorial y la igualdad de todos los ciudadanos del Estado; y, la reforma de la financiación municipal, en la que la Federación Española de Municipios reclamaba también un incremento del porcentaje de financiación de las administraciones locales.
Entre sus argumentos emerge una profunda reforma del sistema político regional, para corregir el grave déficit democrático que padecemos, garantizando una mayor representatividad, un mayor pluralismo y una mayor capacidad de control del ejecutivo en el seno de la Asamblea Regional. Y multiplicar los mecanismos de participación ciudadana, en los municipios y en las instituciones autonómicas para que todos los ciudadanos de la Región puedan intervenir activamente en el debate y en la resolución de los asuntos públicos.
De entre sus propuestas destacaríamos una serie de principios generales como, el autogobierno democrático de la Región de Murcia mediante sus instituciones representativas y mediante la participación directa de todos sus ciudadanos y ciudadanas en las administraciones locales y regionales. La libertad e igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas residentes en la Región de Murcia, el reconocimiento del carácter multicultural de nuestra región, la protección, conservación y promoción de nuestro patrimonio natural y cultural, el cumplimiento de los acuerdos internacionales para mantener la biodiversidad, frenar el cambio climático y promover el uso de energías limpias y renovables, y, en general, la adopción del principio de sostenibilidad ecológica como eje conductor del desarrollo regional.
El Estatuto debe adherirse de forma expresa a las grandes cartas de derechos civiles, políticos y sociales, incorporando una carta de derechos y deberes, y un catálogo básico de servicios públicos para todos los ciudadanos y ciudadanas residentes en la Región. Indicando, además, un porcentaje del presupuesto regional que garantice anualmente el cumplimiento de estos derechos y servicios públicos, a fin de equiparar a la Región de Murcia con las regiones y países más desarrollados de la Unión Europea.
Otra clave es la necesidad de profundizar en la democratización de las instituciones de la Región. A este respecto, quiero citar textualmente una de las propuestas: “Garantizar los principios de igualdad, pluralidad, proporcionalidad, periodicidad y dedicación exclusiva en la composición de la Asamblea Regional y de todos los otros órganos representativos y de gobierno de la Comunidad Autónoma. Para ello, el Estatuto debe prever la elaboración de una nueva Ley Electoral que haga de toda la Región una circunscripción electoral única, que sitúe el mínimo de votos necesarios para obtener representación en el 3%, que introduzca el principio de paridad de sexos en las candidaturas electorales y en los órganos colegiados de representación, que establezca el sistema de listas abiertas, que limite a dos mandatos o a ocho años la permanencia en cargos representativos o ejecutivos de la misma naturaleza, que establezca el principio de incompatibilidad de los cargos públicos (de modo que un/a diputado/a no pueda ejercer al mismo tiempo otro cargo de representación o bien otro cargo institucional de cualquier entidad o empresa vinculada a la administración regional o local, salvo las propias que se deriven del ejercicio del cargo parlamentario), que amplíe el número de diputados/as, estableciendo la proporción de un/a diputado/a por cada 25.000 habitantes o fracción y que se prolongue el período anual de sesiones, equiparándolo al del Congreso.”
Esta limitación de mandatos, que resaltamos en estas propuestas, supondría una renovación de ideas, de personas y de comportamientos de nuestros políticos y alejaría la prepotencia que se observa en algunos cargos públicos, obligando a las organizaciones políticas a regenerar y formar progresivamente a sus miembros, impidiendo que se consoliden los “profesionales de la política”.
Una idea fundamental de este documento radica en que tanto la ciudadanía como sus representantes electos puedan participar activamente en la elaboración de planes y leyes de todo tipo, junto a la elaboración de un código de buen gobierno, para que todos los cargos públicos se rijan por los principios democráticos de publicidad, transparencia, imparcialidad y honestidad en el desempeño de sus funciones.
Se afirmaba que la profundización de la democracia debe conllevar la aplicación del principio de subsidiariedad y la consiguiente descentralización administrativa mediante la transferencia de competencias y servicios, con sus correspondientes recursos financieros, desde la administración regional a las administraciones locales. La financiación municipal debería alcanzar progresivamente el 25% del PIE (Participación en los Ingresos del Estado). Todas las políticas municipales deben estar sujetas a mecanismos de control, corrección, coordinación y apoyo por parte de las instituciones regionales, que deben velar para que las corporaciones locales respeten los derechos de la ciudadanía, el patrimonio natural y cultural de la Región, la legislación estatal y regional, la gestión presupuestaria transparente.
En cuanto al régimen económico, se exponían los siguientes objetivos: Garantizar el principio de la igualdad de toda la ciudadanía española y de la cohesión social y territorial, lograr una mejora de la financiación estatal, renegociando los criterios de distribución: población, número de inmigrantes, nivel de renta, etc. Conseguir una mayor autonomía fiscal y financiera, mediante la renegociación de los impuestos a transferir y la creación de una Agencia Tributaria propia, coordinada con la estatal, y un Tribunal Económico-Administrativo propio. Garantizar la transparencia, claridad y publicidad en el desglose detallado, el seguimiento y la ejecución de las partidas y proyectos del presupuesto.
La aprobación de la Ley Orgánica 7/2013, de 28 de noviembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, no es más que una tímida aproximación a la urgente necesidad de cambio de la norma que nos permite el autogobierno. Fue una reforma en la que primaba el interés del Gobierno Regional en asegurar el procedimiento de aprobar decretos-ley; una reforma que fue calificada en el debate parlamentario de las Cortes Generales literalmente como “chiquitica” y a la que se unieron los partidos de la oposición más por responsabilidad institucional que por convencimiento ideológico y práctico de su cometido.
La necesidad de abrir este debate, antes y después de las próximas elecciones, es una buena ocasión para reflexionar dichas propuestas, para repensar nuestro Estatuto. Y, en cierta forma, la iniciativa reciente de acuerdo entre una mayoría de partidos políticos de la Región por el que se comprometen a cambiar la Ley Electoral Regional, a no pactar con partidos que incluyan imputados entre sus representantes y a regular la Acción Legislativa Popular, que ha gestionado eficazmente Patricio Hernández, responde al espíritu que emana de aquél documento y de otros informes que ha impulsando el Foro Ciudadano.
Los límites de nuestra memoria y nuestro mal hábito de asumir sin crítica la novedad mediática de contenidos efímeros pero fáciles para el pensamiento fugaz, nos lleva a olvidar, con más frecuencia de lo deseable para el bien común, los hechos que nuestros políticos han realizado en pro o en contra de nuestro bienestar, a lo largo de todo su mandato. Ello es de tal naturaleza, que muchos de los responsables de gobierno se apresuran en los últimos días de campaña electoral a aprobar o decidir medidas en favor de quienes han sido más vapuleados por su insensato e insensible ejercicio del poder, con la esperanza que estos gestos anulen lo poco que reste de memoria crítica de sus desmanes.
Y no nos extraña escuchar en los corrillos populares calificar dicha conducta como la cantinela de siempre, como algo inevitable e indisociable de la condición de publicidad del gobernante. Es un hecho de tal calado que el esfuerzo por intentar recordar los efectos perniciosos o beneficiosos de la acción de unos gobernantes en un periodo dado se convierte en una labor compleja. Tarea que se convierte en casi titánica, si pretendemos rememorar con cierta dosis de análisis político, algunas propuestas y documentos que fueron decisivos y anticipatorios de lo que ha sucedido años después, o bien, han sido y continúan siendo radicales en su apuesta por una práctica democrática y un contexto de autogobierno más racional y adecuado a las necesidades de los miembros de una comunidad. Y comprobamos, forzosamente, como se tarda en irradiar sus postulados entre los diversos sectores de la población.