Nos encontramos ante una realidad incuestionable: la existencia de un modelo de políticas sociales de inclusión fragmentadas, sectorializadas y descoordinadas entre sí. Una fragmentación y descoordinación que afecta a todos los agentes que intervienen en las mismas, los diferentes niveles de la administración pública, las universidades, las organizaciones sociales del tercer sector de acción social y otros actores sociales.
Esta realidad nos habla de la urgencia de dotarnos de una nueva gobernanza de las políticas sociales de inclusión, en donde se garantice la participación e implicación de todos los agentes implicados en las diferentes fases de la acción social, investigación, planificación, implementación, seguimiento y evaluación. A la vez que necesitamos construir procesos de intervención integral que tomen como centro de la acción social al territorio en su globalidad y no al colectivo de intervención en particular.
Es necesario impulsar la generación de conocimiento compartido desde la investigación, el desarrollo y la innovación, de tal forma que identifiquemos nuevas metodologías, nuevas estrategias de intervención sobre los grandes retos de la sociedad.
Debemos profundizar en el desarrollo de experiencias comunitarias basadas en los principios de la Investigación Acción Participativa que se alimenta en sus mejores prácticas de las experiencias comunitarias de América Latina en base a las teorías de Paulo Freire, Ezequier Ander Egg, Orlando Fals Borda, entre otros.
La incorporación de los principios de innovación social en las políticas de inclusión social implica el avanzar en la construcción de alianzas público privadas al abrigo del Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, saliendo de la cultura de la ocultación y la endogamia, para caminar hacia una nueva cultura de cooperación y colaboración, impulsando el intercambio de metodologías, los espacios de formación compartidos, el desarrollo de proyectos conjuntos en base a la articulación de agrupaciones de diversos agentes, etc.; desde la firme convicción que será la generación de conocimiento compartido la estrategia que permitirá avanzar en el abordaje y transformación de los retos sociales que afrontamos, incidiendo no solo en las consecuencias de la pobreza, la exclusión social, la discriminación o el desempleo, sino también en las causas que los originan.
La innovación social supone una apuesta decidida por la incorporación de la cultura del cambio, desde la firme convicción que, si seguimos haciendo las cosas de la misma forma, con las mismas estrategias, obtendremos los mismos resultados. La nueva realidad social requiere de otras formas de hacer las cosas en las políticas sociales, abandonando los prejuicios, los estereotipos y las generalizaciones existentes entre los diversos actores implicados, para desde ahí ser capaces de articular nuevas alianzas, integradoras de miradas y posicionamientos diversos.
La innovación en las políticas sociales de inclusión vendrá desde la necesaria dimensión comunitaria de la acción social, definiendo nuevos patrones de intervención que nos permitan avanzar conjuntamente hacia modelos de base territorial y no sectorial, situando el territorio en la centralidad de la intervención, evitando la confrontación entre sectores vulnerables en momentos de crisis.
Es necesario atajar el cáncer de la sectorialización, la excesiva especialización y la fragmentación en la acción social. No es posible que desde las políticas sociales intentemos “aislar” los retos y las necesidades de un sector de población determinado, de los del resto de sectores. En la acción social se ha sectorializado la intervención, generando organizaciones y estructuras públicas especializadas en el trabajo y la incidencia con un sector de población en concreto: jóvenes, mujeres, inmigrantes, refugiados, tercera edad, discapacitados, etc. Perdemos entonces la necesaria visión territorial y dejamos de considerar al territorio como centro de intervención, como espacio en el que todos los sectores están presentes pudiendo convivir en la diversidad en lugar de simplemente coexistir o incluso enfrentarse.
Los modelos de intervención de base territorial que se deben seguir construyendo no excluyen la especialización y las intervenciones sectorializadas, sino que las deben integrar en una dimensión comunitaria, impulsando y favoreciendo las relaciones entre sectores aislados entre sí, sin marcos relacionales, apostando por la generación de infraestructuras públicas comunitarias superadoras de las meramente sectoriales. Hablamos de la necesidad de apostar por centros comunitarios de base territorial que se sumen a las infraestructuras sectorializadas, como las casas de la juventud, las de las personas inmigrantes, los centros de la mujer, de la tercera edad, etc.
No podemos seguir articulando la acción social dando respuestas exclusivas a las demandas sectoriales de la ciudadanía, pues con esta estrategia de intervención solo estaremos abordando y actuando sobre las consecuencias de realidades sociales como la pobreza, la exclusión social, la ausencia de participación, el racismo o el desempleo, sin llegar a definir cuáles son las causas estructurales y territoriales de estos retos, de forma que podamos incidir sobre ellas. Si continuamos interviniendo exclusivamente sobre la demanda individual y no se analizan las necesidades territoriales y comunitarias, incidiendo sobre ellas, estaremos sectorializando las intervenciones y practicando un asistencialismo que no construye ciudadanía, que no genera autonomía. Por contra si seguimos practicando la sectorialización estaremos haciendo el juego a las posiciones políticas más extremas que en base a la estrategia del miedo enfrentan a pobres contra pobres.
La incorporación de los principios de innovación en las políticas sociales implicará otra forma de trabajar en alianza de actores diversos, trabajando en red a nivel comunitario, entendiendo que el trabajo en red es una forma de articular la intervención social desde la capacidad y la decisión libre de varios actores sociales, públicos y privados con presencia en un territorio, para compartir, generar interdependencias y poner en relación, en clave de igualdad, capital conocimiento, metodologías, recursos e infraestructuras en un determinado espacio territorial, avanzando desde la mirada particular de la realidad de cada uno de los actores, hacia la construcción de una mirada colectiva y de unos objetivos comunes. Implica un proceso de trabajo a medio y largo plazo, en el que se adecuan los propios intereses a los intereses colectivos, fomentando los espacios comunes de diagnóstico, reflexión, diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las actuaciones puestas en marcha para impulsar una transformación o un cambio en una realidad social concreta.
Ante la complejidad actual de los retos sociales a los que nos enfrentamos, como la pobreza, el desempleo, la exclusión social, la hostilidad frente a los diferentes, el racismo, la xenofobia, la garantía de ingresos, la sostenibilidad ambiental o la ausencia de convivencia, ningún actor en solitario podrá incidir sobre las causas multifactoriales de los mismos. Para transformar estas realidades, necesitaremos del concurso de diversos actores públicos y privados, trabajando juntos desde los principios de la gobernanza democrática, desde la construcción de nuevas estrategias de relación. Seamos capaces de construir espacios de relación improbables y encontraremos soluciones improbables.
Nos encontramos ante una realidad incuestionable: la existencia de un modelo de políticas sociales de inclusión fragmentadas, sectorializadas y descoordinadas entre sí. Una fragmentación y descoordinación que afecta a todos los agentes que intervienen en las mismas, los diferentes niveles de la administración pública, las universidades, las organizaciones sociales del tercer sector de acción social y otros actores sociales.
Esta realidad nos habla de la urgencia de dotarnos de una nueva gobernanza de las políticas sociales de inclusión, en donde se garantice la participación e implicación de todos los agentes implicados en las diferentes fases de la acción social, investigación, planificación, implementación, seguimiento y evaluación. A la vez que necesitamos construir procesos de intervención integral que tomen como centro de la acción social al territorio en su globalidad y no al colectivo de intervención en particular.