Desde que en 2018 apareciera un nuevo ministerio que sustituía al de Medio Ambiente, con el nombre (algo rimbombante) de Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al estilo del que ya existía en Francia con Macron desde un año antes, el concepto de “transición ecológica” está en boca de todos. Pero, ¿Qué significa este concepto? Se trataría de conseguir un cambio de rumbo en lo económico, desvinculándonos de los combustibles fósiles y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero para cumplir con nuestros compromisos adquiridos en el Acuerdo de París de 2015. Este objetivo se cumpliría, entre otras medidas, mediante el aumento en la implantación y el uso de las energías renovables, el paulatino abandono de los vehículos de combustión interna y la aprobación de la Ley de Cambio Climático.
Pero, ¿Vamos por el camino correcto? El proyecto de ley español sobre Cambio Climático prevé una reducción de las emisiones en un 23% en los próximos 10 años, cuando desde la UE se calcula que, para cumplir con el Acuerdo de París de no sobrepasar en 1,5ºC la temperatura media del planeta con respecto a la era pre-industrial, esa reducción debería ser de 55%. Por tanto, la ley climática española nacería con falta de ambición y con objetivos claramente insuficientes.
Con respecto a las energías renovables, actualmente suponen el 14% del total de las fuentes energéticas en España, por detrás de los productos energéticos derivados del petróleo (45%) y el gas (21,1%); el resto de las fuentes no renovables lo constituyen la energía nuclear (21,4%) y el carbón (8,6%). Del total de las fuentes renovables, el 46% corresponde a instalaciones de energía eólica, un 16% a la fotovoltaica y el resto (38%) corresponde a otras tecnologías renovables (hidroeléctrica, biomasa, etc.). El sector energético representa algo más del 3% del PIB de España, y casi un punto porcentual de contribución, más de 10.500 millones de euros, viene a través de las energías renovables, que crecen a un ritmo anual del 10%. Cada millón de euros invertidos genera hasta 14 puestos de trabajo, y cada euro en inversión sostenible genera 2 de actividad económica.
Sin embargo, el modelo energético renovable que se aplica tiene bastantes voces críticas. Por un lado, la concentración en unas pocas manos de las instalaciones renovables, grandes empresas como Acciona, Iberdrola, Naturgy, ACS o Abengoa controlan un gran porcentaje del mercado, con la aplicación del “capitalismo verde” a las energías renovables, lejos del control democrático de un bien primordial como es la energía. Por otro lado, el modelo basado en grandes instalaciones que ocupan enormes extensiones de territorio ha sido también cuestionado. Para reemplazar una central eléctrica de gas natural de unos 1.000 MW de potencia, que ocupa una superficie de 1 km2, se requieren más de 50 km2 de terreno para instalar paneles solares, o 150 km2 para instalar turbinas eólicas para generar la misma cantidad de electricidad al año. Según diversos estudios, estas mega-instalaciones, sobre todo las que se construyen en América Latina, llevan aparejadas la adquisición irregular de tierras por parte de grandes desarrolladores, desplazamiento de poblaciones, deforestación, expropiación/privatización de tierras y contratos irrisorios por la renta de parcelas.
En cuanto a la transformación del modelo de movilidad en nuestro país, basado actualmente en los vehículos de combustión interna, el ministerio de Transición Ecológica la fundamenta principalmente en el fomento de los coches eléctricos, al tiempo que, paradójicamente, prosigue el apoyo a la industria automovilística convencional y al AVE. El vehículo eléctrico, aunque tiene claros beneficios, como la reducción de las emisiones en un 30% (no su eliminación, ya que en la fabricación y en los procesos de carga se producen esas emisiones), su no contribución a la contaminación atmosférica y acústica en las ciudades o la menor generación de residuos, también produce efectos indeseables, como la ocupación del espacio urbano, la congestión del tráfico, la necesidad de seguir construyendo infraestructuras para los coches y, desde el punto de vista de los recursos naturales, la explotación de los elementos necesarios para la fabricación de las baterías, como el litio, el cobalto o el níquel, recursos no renovables que, para su extracción, producen impactos ambientales y sociales.
Entonces, ¿Qué tipo de transición ecológica sería deseable? Para la movilidad, el modelo que se propone desde las organizaciones y partidos ecologistas es, en las ciudades, el de la potenciación del transporte público eléctrico, los desplazamientos a pie y en bicicleta, así como los coches compartidos. Desde el punto de vista energético, se debería fomentar el autoconsumo, ya sea fotovoltaico como eólico, de los consumidores, tanto de forma individual como comunitaria, para conseguir la desconexión de las grandes compañías eléctricas que imponen sus criterios e impiden la rebaja en la factura de la luz. Pero para ello sería necesario reconocer el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de cargo o peaje sobre la energía autoconsumida, sin imponer barreras técnicas, administrativas ni económicas. Por último, la futura Ley de Cambio Climático debería ser más ambiciosa en cuanto a sus objetivos, para poder cumplir lo acordado en diciembre de 2015 en la COP21 de París.
Una verdadera transición ecológica de la economía debe ser socialmente justa y lo más sostenible posible, para anticiparnos al escenario de escasez de combustibles fósiles, cada vez más difíciles de extraer y menos eficientes, al tiempo que democratizamos el acceso a este bien de primera necesidad que es la energía
Desde que en 2018 apareciera un nuevo ministerio que sustituía al de Medio Ambiente, con el nombre (algo rimbombante) de Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al estilo del que ya existía en Francia con Macron desde un año antes, el concepto de “transición ecológica” está en boca de todos. Pero, ¿Qué significa este concepto? Se trataría de conseguir un cambio de rumbo en lo económico, desvinculándonos de los combustibles fósiles y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero para cumplir con nuestros compromisos adquiridos en el Acuerdo de París de 2015. Este objetivo se cumpliría, entre otras medidas, mediante el aumento en la implantación y el uso de las energías renovables, el paulatino abandono de los vehículos de combustión interna y la aprobación de la Ley de Cambio Climático.
Pero, ¿Vamos por el camino correcto? El proyecto de ley español sobre Cambio Climático prevé una reducción de las emisiones en un 23% en los próximos 10 años, cuando desde la UE se calcula que, para cumplir con el Acuerdo de París de no sobrepasar en 1,5ºC la temperatura media del planeta con respecto a la era pre-industrial, esa reducción debería ser de 55%. Por tanto, la ley climática española nacería con falta de ambición y con objetivos claramente insuficientes.