La Asamblea Regional de Murcia creará una Comisión de Investigación para aclarar los hechos, y en su caso, dirimir posibles responsabilidades políticas en el llamado 'caso Auditorio', que actualmente se encuentra también en manos de la justicia y que se refiere al proceso de licitación, construcción y recepción del Auditorio de Puerto Lumbreras cuando el actual presidente murciano era alcalde de la localidad.
La aprobación de la Comisión de Investigación ha contado con el voto en contra del PP, que por primera vez se encuentra en minoría frente a la suma de los tres partidos de la oposición: tanto C's, que ha facilitado un nuevo Gobierno regional popular, como PSOE y Podemos han aprobado la creación de dicha Comisión -23 escaños frente a 22-.
A juicio de los populares, no existía ninguna urgencia en tratar ese asunto en la Asamblea, ni era oportuno crear dicha Comisión de Investigación por entender que estando el caso aún en los tribunales, sólo se conseguirá enrarecer el clima político. No es en absoluto de la misma opinión el portavoz de Podemos, Óscar Urralburu, quien estima que se trata de un hecho histórico, ya que por primera vez en los últimos 20 años, un presidente de la Región de Murcia “estará obligado a responder ante las preguntas de todos los diputados, sea cual sea su color, para exigir responsabilidades políticas”.
“Esta moción no es algo que se haya inventado Podemos ni que esté alejada de la realidad”, ha defendido Urralburu, para recordarle después al PP que “de acuerdo con el CIS, la corrupción política es el segundo problema que más preocupa a los españoles, y según el Círculo de Economía de la Región de Murcia, la corrupción (40 casos, 45 municipios) es el principal lastre a la creación de empleo, a las inversiones y a la recuperación económica”.
Para el portavoz del grupo parlamentario Podemos, “sería un signo de salud democrática que el PP deje de caer en sus contradicciones, debido a que por un lado no paran de vender regeneración, pero por otro intentan impedir que se den pasos dentro de su propio partido”. Urralburu también se ha preguntado “si los murcianos pueden confiar en un presidente que paga auditorios cuando ni siquiera están terminados ni se espera que lo estén”. “Es una obra que refleja todo lo malo de las prácticas sistémicas irregulares y corruptas del Partido Popular”, ha proclamado Óscar Urralburu.
La citación en Lorca
Pedro Antonio Sánchez tendrá que acudir al Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca la semana próxima, para conocer de la admisión a trámite de la querella que presentó la Fiscalía contra él y otros funcionarios del ayuntamiento de Puerto Lumbreras, y que el TSJMU derivó a dicho tribunal. La querella se refiere a los supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad en documento público y fraude contra la Administración.
La citación a Pedro Antonio Sánchez, que se conoció pocos días antes del Debate de Investidura, provocó momentos de incertidumbre, ya que Ciudadanos, que había comprometido su voto favorable tras la firma de un acuerdo con el PP, analizó la situación por si se incumplía dicho compromiso. Finalmente, y tras entender que la citación de Sánchez no suponía su imputación, C's mantuvo su voto favorable y el candidato del PP fue investido presidente la semana pasada.
De ese modo la IX legislatura en la Región de Murcia sigue generando novedades: es la primera sin mayoría absoluta de ningún partido y la primera en la que una mujer preside la Asamblea Regional, siendo además de una formación distinta del que ha formado Gobierno -Rosa Peñalver, del PSOE-.
En las próximas semanas, y dado que se ha acordado declarar el mes de julio como hábil, se producirá otro hecho histórico: la reforma de la discutida Ley Electoral regional gracias al acuerdo entre PSOE, Podemos y C's. Y no será la única situación inédita a la que se va a enfrentar el PP, porque en el acuerdo de investidura con Ciudadanos se incluyeron otras comisiones para investigar el aeropuerto de Corvera, la desaladora de Escombreras, la situación del Servicio Murciano de Salud o la concesión del contrato del canal autonómico de televisión. Algunas de esas comisiones ya fueron propuestas en la anterior legislatura por PSOE e Izquierda Unida-Verdes, siendo rechazadas por la mayoría absoluta del PP.