La Comisión, que reanudará sus trabajos el 11 de mayo, una vez recibida la documentación solicitada, ha dividido a los comparecientes en tres bloques. En primer lugar intervendrán Eduardo Garro, Interventor General de la Comunidad Autónoma, Francisco Ferrer y David Rodríguez Vicente de los Servicios Jurídicos. Posteriormente intervendrán Amalio Garrido, primer gerente del Ente Público del Agua, José Manuel Ferrer, sucesor del anterior y María Antonieta Fernández, asesora de Antonio Cerdá; y en tercer lugar, los abogados Andrés Santiago Arnaldos, Gaspar Ariño y Diego de Ramón.
Sánchez ha afirmado que “vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para depurar responsabilidades ya que parece evidente que ha existido un grave perjuicio para la arcas públicas”.
Por su parte, el parlamentario regional de Podemos ha apuntado que “cada vez estamos más cerca de confirmar la hipótesis de que el agua de esta desaladora no era para los agricultores ni para la población de la Región de Murcia, sino para la burbuja inmobiliaria”. Además, asegura que todo ello “se hizo con un entramado de empresas que costará a las arcas públicas cerca de 600 millones de euros de aquí al año 2034”.
Por último, Urbina ha añadido que se solicitará documentación relativa, si existe, a las negociaciones a las que se refirió Valcárcel en su comparecencia entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y ACS. “Esto permitirá aclarar cuál fue el precio real, lo que ya se ha pagado y la posibilidad de comprar la desaladora por lo que realmente costó”, ha explicado.
El PP niega cualquier negocio
Juan Luis Pedreño, representante popular en la comisión de investigación, ha criticado la citación de “personas que nada tienen que ver con su construcción” y afirma que la comisión “está agotada”.
El diputado del PP ha defendido la legalidad de los procesos seguidos para la construcción de la desalinizadora, una planta que “no ha costado 600 millones de euros y es útil para para poner solución el déficit hídrico de una región como la nuestra”.